Fiscal de caso Corpesca no descarta que más pesqueras hayan donado a políticos
El fiscal explica que hay asesores, rectificatorias y en los correos que fueron incautados el año pasado en Corpesca, "se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento. (...) Tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos".
“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”.
Con esa frase, el fiscal Emiliano Arias, a cargo del bullado caso Corpesca, explica que esa empresa pesquera no es la única que financió ilegalmente la política, sino que se trata de un modus operandi que buscaba hacer lobby para presionar sobre qué aprobar y qué no en la tramitación de la Ley de Pesca, en otras.
El fiscal explica en entrevista a La Tercera que hay una serie de correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera donde se observa esta coordinación (que podría involucrar a otras empresas); también éstas han realizado ante el SII rectificatorias de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal.
También hoy se investigan los pagos que recibió el diputado Iván Fuentes de pesqueras en Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Walker, las que ya están siendo investigadas.
“Estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca”, explica Arias.
En esa línea, el fiscal explica que hay asesores, rectificatorias y en los correos que fueron incautados el año pasado en Corpesca, “se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento. (…) Tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos”.
“Cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca“, afirma.
El fiscal explica que “puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos“.
Sobre la Ley de Pesca, Arias asegura que es “una ley en cuya formación se cometieron delitos”. “Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción”.
