Lobbistas de la educación: quiénes buscan influir en la reforma del Gobierno

El martes pasado en la tarde, hasta la comisión de Educación de la Cámara llegaron dos invitados con visiones políticas totalmente opuestas para exponer sobre los pro y los contra de la reforma a la educación superior que se discute desde comienzos de agosto.

Una de ellos era Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), y el otro Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos (CEP) y ex ministro de Educación destituido de la administración Piñera. En la sesión también estuvo presente la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y un grupo de tres asesores del Mineduc.

Rojas y Beyer son parte de la larga lista de invitados a la comisión, en la que buscan participar para influir en la reforma que discuten los diputados en esta primera etapa; en otras palabras, buscan hacer lobby para agregar, modificar o eliminar ciertos aspectos de la nueva normativa que consideran poco provechosos para sus intereses y los de los organismos o movimientos que representan.

Y no son pocos los interesados. A la fecha, 24 organizaciones han participado en la comisión y otras 17 solicitaron formalmente agendar un encuentro con los 13 diputados que componen la instancia, de la cual es presidente el radical Alberto Robles. Otras varias decenas han mostrado su interés por asistir, aunque aún no han confirmado.

Ante esta avalancha de interesados por influir en la reforma, los diputados debieron comenzar a sesionar los lunes, martes y miércoles, dos veces más en la semana de lo que ocurre normalmente. Así y todo, los diputados prevén varios meses de discusión antes siquiera de poder comenzar a votar el largo articulado que compone el proyecto para despacharlo al Senado, a su segundo trámite constitucional, donde -probablemente- siga un ritmo similar. Según los cálculos, eso podría ser en diciembre.

Esta semana es distrital -donde los diputados están trabajando en sus zonas-, pero las anteriores tres ya tuvieron varios invitados a la comisión.

Los primeros en la lista fueron dos organismos estatales: los presidentes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (CNED). Tenían previsto asistir el lunes 1 de agosto, aunque ninguno pudo por “problemas de agenda”, según justificaron, aunque ya están citados para el 30 de este mes.

La que sí expuso esa mañana fue María Leonor Varas, directora de Depto. de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la U. de Chile, donde analizó los cambios de acceso a la educación que considera el proyecto.

El movimiento estudiantil

Desde las organizaciones estudiantiles, Camila Rojas fue la primera en participar, como presidenta de la Fech y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Los estudiantes universitarios fueron los primeros en impulsar la idea de una reforma que entregara una educación “pública, gratuita y sin lucro”, propuesta que fue la base del programa de gobierno que hizo regresar a Michelle Bachelet a La Moneda. Sin embargo, la misma Confech ha sido una de las más críticas.

“Las reformas de la Nueva Mayoría en el Congreso salen peor de lo que ingresan”, dijo Rojas días atrás y también ha asegurado que este proyecto “en ningún caso satisface las necesidades”. La militante de la Izquierda Autónoma (IA) -movimiento al que renunció Gabriel Boric en marzo- también fue dura al cuestionar la decisión de destituir a Roxana Pey como rectora de la Universidad de Aysén. “Es la gota que rebalsa el vaso”, afirmó.

La Confech criticó también que la reforma no termina con el “mercado” de la educación, que mantiene la segregación en el acceso a ésta y que los recursos deben ir, al menos primero, a las instituciones del Estado, cosa que no plantea el proyecto que diseñó el Mineduc.

Otro cercano a Rojas participó en la sesión del 8 de agosto. El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Fech, Fernando Carvallo Arrau, también es militante de la IA. Este think tank apuesta por un sistema de acceso común para todas las universidades, financiamiento público y sin lucro, entre otras cosas, y también han cuestionado que la reforma sólo regula el mercado de la educación. “La intervención del Mineduc ha sido escueta y se ha notado una falta de conducción en este proceso”, ha dicho Carvallo.

El tercero de este grupo, que aún no ha participado pero sí solicitó audiencia, es José Corona, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), quien milita en las Juventudes Comunistas. Con sólo 17 años, es el menor de los lobbistas pero con mayor éxito en la influencia de su organismo, siendo un activo participante en el Mineduc mediante mesas de trabajo tanto con ellos como con algunos parlamentarios jóvenes de la Cámara.

Por ejemplo, de esta agrupación salió la polémica indicación del PC que presentó Camila Vallejo que pretendía modificar el financiamiento del proyecto de desmunicipalización para que este fuera basal y no por asistencia, como ha sido históricamente.

El sector más conservador

El Instituto Libertad y Desarrollo es asiduo asistente de las comisiones en el Congreso. De hecho, es la única organización de este tipo que tiene una oficina en el Senado. El lunes 8 de agosto llegó hasta la comisión de Educación este organismo ligado a la UDI, donde su expositor -y director- fue Luis Larraín Arroyo.

Este centro de estudios, ubicado a la derecha del espectro político, también es el encargado de suministrar material de estudios y análisis para parlamentarios del gremialismo, con el que preparan intervenciones y justifican proyectos de ley. De ahí que muchas veces sus argumentos estén alineados con la bancada UDI.

En entrevistas, Larraín ha calificado al movimiento estudiantil como “la fuerza del poder fáctico más poderoso” en medio de las discusiones por reforma educacional y normalmente sus posturas apuestan por mantener el sistema actual, aunque con modificaciones menores y mayor fiscalización. Cabe destacar que LyD fue creado por Larraín junto a los ex ministros Cristian Larroulet (en la administración Piñera) y Hernán Büchi (en la dictadura).

Desde Renovación Nacional también tienen su propio centro de estudios que funciona bajo la lógica de LyD: el Instituto Libertad. Su director es Aldo Cassinelli, quien trabajó durante el gobierno de Sebastián Piñera en el ministerio Secretaría General de la Presidencia. También ha sido crítico con La Moneda, aunque sus intervenciones públicas y en medios no han estado marcadas por la educación. Por ejemplo, el IL ha apoyado el copago en la educación escolar, entre otras iniciativas de esa línea.

“La NM acomoda la ley cuando no le favorece y deslegitima las instituciones para ocultar error” dijo Cassinelli por lo ocurrido en el Servel tras la fallida inscripción de candidaturas a las primarias de las Municipales 2016. “Que el gobierno entienda que el país no empieza y termina con su mandato”, han dicho también.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) también es una voz en estos temas. Solicitaron asistir la segunda semana de agosto, recién comenzando la discusión en la comisión, pero el director del organismo, Harald Beyer -destituido ministro de Educación de Piñera-, no pudo asistir por problemas de agenda.

Beyer ha sido crítico del modelo que presentó el Ejecutivo para modificar la educación chilena. “El proyecto está diseñado para que no muchas instituciones privadas entren a gratuidad”, dijo el ex ministro en medio de la discusión por la gratuidad y que “el foco no está en la equidad, sino en la nostalgia” de modelos del pasado.

Otra participante es la Universidad Católica. Quien asistirá es el rector del plantel, Ignacio Sánchez, aunque aún sin fecha definida, pese a haber hecho la solicitud a la comisión. La máxima autoridad de la UC ha sido enfático en rechazar la gratuidad en la educación superior, aunque el año pasado finalmente decidieron adherir a ella.

Sánchez ha declarado que la gratuidad es regresiva y critica la “mirada sesgada de valorar lo estatal como lo único que tenga que fortalecerse”. “Hay universidades del grupo G9 que, a través de los fondos basales, están entregando aporte muy sustantivo a sus comunidades y que si se disminuyen esos fondos van a disminuir ese aporte que las comunidades requieren”, explicó.

Además, ha cuestionado la idea de aranceles regulados, ya que- -asegura- se perdería autonomía y se bajaría la calidad de los proyectos. “El sistema universitario no puede disminuir su calidad porque recibe menos recursos”, explicó. Sánchez es uno de los más conservadores del grupo, cercano a Chile Vamos y a la DC, además de a Ricardo Ezzati.

Otro que ya participó de la comisión es Marcelo Marzouka, profesional del área de análisis y propuestas del Centro de Políticas Públicas (CPP) de la UC, que ha seguido una línea de opiniones similares de la de Ignacio Sánchez y a las de Libertad y Desarrollo. El CPP es dirigido por Ignacio Irarrázaval, quien fue presidente del Consejo Nacional de Educación (2012-2015).

“Los cambios en educación pueden tener consecuencias sociales aún peores que Transantiago”, ha dicho Irarrázaval sobre los cambios que empuja el Gobierno. También ha cuestionado que “parecen imposiciones parciales para cumplir una promesa de gratuidad más que una mirada comprensiva y a futuro de nuestro sistema de educación superior”.

Los más reformistas

Desde la izquierda, la Fundación Nodo XXI también ha solicitado participar y aportar en las discusiones, aunque sin agendamiento aún. Este organismo está ligado a la Izquierda Autónoma (IA), movimiento político del que emergió Gabriel Boric y del que se distanció hace unos meses tras un quiebre entre sus integrantes. El presidente del directorio es Carlos Ruiz, quien ha sido sindicado en varias oportunidades como el mentor de varios rostros del movimiento, incluido el parlamentario magallánico.

En el directorio también están Francisco Figueroa y Sebastián Aylwin, líderes estudiantiles ligados a este movimiento. Nodo XXI ha dicho que con lo que el Estado chileno invierte en educación superior habría holgura suficiente para comenzar con una reforma educacional desmercantilizadora y que fortalezca decididamente la educación pública. “Decidir si los recursos públicos se orientarán a subsidiar a la banca, al lucro o a instituciones públicas es un asunto de voluntad política”, ha dicho el presidente de la fundación.

Al igual que Libertad y Desarrollo con la bancada UDI, este organismo también asesora y entrega material de apoyo para su sector y quienes lo soliciten, entre ellos el mismo Boric. Eso sí, antes del quiebre con Carlos Ruiz.

Ésta es probablemente la organización más destacada en el mundo de la educación. La Fundación Educación 2020 lleva ocho años participando del debate público, en torno a los cambios que ellos creen necesarios para el país en esa área. De hecho, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la subsecretaria de la misma cartera, Valentina Saavedra, trabajaban en ese organismo previo a asumir esos cargos en el Gobierno. Algunos de sus profesionales también desembarcaron en el Mineduc.

Si bien tenían previsto participar las primeras semanas en la comisión de Educación, reagendaron y hasta ahora han enviado al menos en dos oportunidades una solicitud para participar. La directora de la fundación, Mirentxu Anaya, es quien llegará a exponer frente a los 13 diputados de la comisión sobre los pro y los contras de la reforma bajo su análisis.

En el directorio de la fundación están Mario Waissbluth, Patricia Politzer, Jorge Navarrete y los ex dirigentes estudiantiles Diego Vela y Moisés Paredes, entre otros.

Si bien pidió participar y tenía agendado un encuentro en la comisión, la Asociación Chilena de Municipalidades no asistió. También ha solicitado audiencia el coordinador Legislativo de la ONG Comunidad y Justicia.

La ofensiva de los planteles

Desde los mismos planteles también hay interés de participar y aportar a las áreas que a su juicio son más débiles del proyecto o que derechamente contravienen sus intereses económicos o educativos. Hasta la comisión de Educación llegó el martes 9 de agosto el rector de Inacap, Gonzalo Vargas, su calidad de presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados.

Vargas ha participado en varias oportunidades en reuniones tanto con el Gobierno como con el Congreso. En varias entrevistas ha acusado al Ejecutivo de utilizar un criterio “discriminador, arbitrario e injusto” en el proyecto de gratuidad y sobre la reforma ha criticado que “no hay marco lógico, hoja de ruta de cómo se va a hacer y cuánto va a costar”.

Lo mismo ocurre con el rector de la Universidad Los Leones, Juan Matulic. Asistió ese mismo día como presidente del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (Conifos), que reúne a 15 IP y 23 CFT. Matulic aseguró que la ley actual “no tiene sustento”.

Otro que estuvo agendado y no llegó fue el rector del Duoc, Ricardo Paredes. Este ingeniero criticó que su institución haya sido excluida de gratuidad el año pasado y ha cuestionado en varios momentos la reforma educacional.

El próximo lunes a las 10 de la mañana están citados, previa solicitud, tres rectores destacados por su cercanía al mundo político e incidencia pública. El primero de ellos es Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

Valle ha dicho que éste “es un proyecto que no fortalece la educación pública e introduce incertidumbre”, y agregó que “es una amenaza para el desarrollo de las instituciones”. Ha sido crítico y afirma que su “crítica es que esta reforma no va a contribuir al desarrollo”.

El segundo invitado de esa jornada es uno de los más polémicos y destacados en el debate público: Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, uno de los pocos planteles privados que pudo ingresar a la gratuidad el año pasado, aunque con bastantes críticas por parte de su máxima autoridad.

Peña es de los más críticos. Aunque aún no hay nada muy claro, el académico tomó distancia de gratuidad que se hizo vía glosa -mientras se aprueba el diseño de la nueva educación superior- y amenazó con bajarse si en 2017 se repetía el modelo de financiamiento. “La gratuidad es un fiasco”, dijo días atrás.

“Me parece que es un proyecto que está muy por debajo de las expectativas que el gobierno sembró. Tiene defectos jurídicos desde el punto de vista técnico y me parece que no altera ni modifica radicalmente la fisonomía del sistema de educación superior en Chile”, aseguró Carlos Peña.

Finalmente, la tercera invitada en esa jornada es Pilar Armanet (PPD). Ella es rectora de la Universidad de las Américas, perteneciente al cuestionado Grupo Laureate, siendo la primera autoridad de la transnacional de educación que llegará al Congreso a exponer sobre la reforma educacional, que podría golpearlos duramente. Esto debido a que se busca tipificar el lucro como delito, algo que la casa matriz de Laureate sinceró que perseguían con su negocio, tanto en Estados Unidos como en el resto de los países donde funcionan.

Armanet, además, es presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y en esa calidad asistirá a la comisión de Educación. Ha dicho que es “en el parlamento donde se termina de discutir (la reforma) y hay un espacio importante para contribuir” con ideas y propuestas. Además, ha sido enfática: “No estoy de acuerdo con que la Universidad sea gratis para los que pueden pagar”.

Armanet tiene una larga trayectoria como política y en la educación. Además de haber sido ministra secretaria general de Gobierno (2009-2010), la abogada fue jefa de la División de Educación Superior del Mineduc en el gobierno de Ricardo Lagos, entre 2000 y 2006, período en el que implementó el Crédito con Aval del Estado (CAE), instrumento que ya ha entregado US$ 775 millones en préstamos.

Organismos educacionales

Los interesados en participar en la discusión son varios y desde distintos sectores. Por ejemplo, desde el Foro Aequalis de Educación Superior asistió María José Lemaitre, presidenta del directorio del organismo. El objetivo de este grupo es discutir y generar políticas en torno a la educación superior, para, precisamente, participar en estas instancias e influir en la legislación.

Lemaitre sugirió “dejar atrás pensamiento romántico de que las universidades son el centro del saber y de investigación”. Entre otras cosas, una investigación de Ciper la cuestionó por un proceso de acreditación de la Universidad Autónoma, como asesora de ésta, por conflicto de interés, donde su esposo era uno de los acreditadores.

Otra organización es la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), donde asistió su director ejecutivo, Iván Navarro, militante de la Democracia Cristiana. Es un político conocido en la DC, donde encabezó la Dirección General de Deportes (Aylwin) y fue intendente de Ricardo Lagos. También es sostenedor de colegios

También solicitó asistir la Federación de Instituciones de Educación (FIDE), aunque aún no hay fecha para su asistencia.

La incidencia de los trabajadores

Varios interesados son las asociaciones de trabajadores académicos y no académicos, la mayoría de ellas sindicales. Así han participado la Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile (FENTUECH), la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales (ANTUE) y el Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas (CONATUCH).

Otras son la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago (AFUSACH), la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago (ASOACAD-USACH), la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (FENAPTUECH), la Coordinadora de Académicos por la Universidad Pública (CAUP), la Coordinadora de Profesores por Horas de Clases de la Educación Superior de Chile, la Asociación de Académicos de la Universidad Diego Portales y el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.