Injustificada restricción por congestión

El Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes ha impulsando en el Congreso una propuesta de ley que implique la posibilidad de establecer la restricción vehicular por razones de congestión a lo largo de todo el país, cuestión que es entendible si se considera que la restricción vehicular es en los hechos una limitación o afectación a la propiedad y a otros derechos fundamentales, como el derecho del trabajo o a desarrollar libremente cualquier actividad económica, y que como dispone la Constitución solo pueden ser regulados por ley siempre que no se afecte la esencia de tales derechos.

Coincidiendo entonces con el marco jurídico que se le pretende dar a la medida de la restricción por congestión, los objetivos y efectos buscados con la misma nos parecen bastante discutibles. En efecto, el proyecto promueve el establecimiento de una restricción que abarcaría al orden del 20% del parque automotriz de la Región Metropolitana, pudiendo eso sí, los propietarios de los vehículos afectados según el calendario respectivo, pagar un pase diario que les permita circular por la ciudad, pase cuyo valor estará determinado por el avalúo del vehículo.

Así entonces los propietarios con mayor poder adquisitivo podrán adquirir un segundo automóvil, con el cual podrán circular los días de restricción que afecten a su primer auto o en su defecto pagar el pase diario del auto de menor avalúo. Lo que nos hace concluir que ese propietario usuario de la vía seguirá circulando, sin que se cumpla la finalidad de disminuir la congestión vial.

Si el objetivo del gobierno para justificar la restricción por congestión, es mejorar los tiempos de desplazamiento y disminuir la saturación de las calles, debe necesariamente considerar que esa congestión no es pareja durante todo el día, ni tampoco se produce en todos los sectores del gran Santiago. En síntesis, la saturación vial no es en todo lugar ni a toda hora, por lo que no tiene sentido el establecimiento de una medida que afecte a toda hora la totalidad de la región metropolitana. En nuestro país ya se han implementado para el transporte público restricciones por congestión en diferentes regiones, como es el caso de las conurbaciones urbanas del gran Valparaíso o del gran Concepción, las que han sido beneficiosas para mejorar la capacidad operacional de las vías y disminuir la saturación de las calles, generando beneficios incluso para el propio gremio del transporte, que ven reducidos sus costos de operación en las horas de baja demanda por transporte público (hora valle).

Sin embargo, si ahora esta restricción se pretende extender a todo propietario de un automóvil particular resulta indispensable generar los incentivos para que este se baje de su auto y no adquiera otro de reemplazo, no existiendo mejor incentivo para ello que un sistema de transporte público eficiente y de calidad, de lo contrario una medida como la propuesta carecería de todo sentido.

Cuestión distinta es el desincentivar el uso del automóvil de manera más racional para ciertos y determinados horario o lugares, como las zonas de mayor saturación, caso en el cual una medida como la tarificación vial ha corroborado la experiencia comparada resulta mucho más efectiva que la restricción por razones de congestión.