Ministerio Público indaga a Longueira y ex subsecretario de pesca por permisos a “barcos de papel” de Angelini

Una querella criminal presentada por un marino mercante, que tiene al Ministerio Público investigando al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y al ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.

Esto inició con Ricardo Díaz Arellano, un marino mercante, el que presentó una acción civil al comprar un barco, el Zuidester IV, cuando detectó que el permiso de extracción estaba asociado a otras naves. Se solicitó a la Armada conocer detalles de estos permisos, y la Dirección de Marina Mercante respondió, según el abogado querellante en la causa, Manuel Rojas,  “por oficio que no es posible emitir certificado de dominio ni número de matrícula de estas naves –Colomba III y Colomba IV- por cuanto no figura en sus registros. Es decir, estas naves nunca se construyeron”.

Díaz, en conversación con Radio Cooperativa, agregó que el permiso de pesca fue traspasado a Iquique Guanaye, del grupo Angelini. La empresa fusionó su filial South Pacific Korp con la Pesquera San José –de la familia Lecaros Menéndez- creando en 2010 Orizon, cuyo 60% quedó en manos de Angelini, uno de los actores más importantes de la industria pesquera en término de capturas.

En el 2013 y 2014, Díaz presentó la mencionada demanda civil, donde exigía una indemnización por daños y perjuicios por 12 millones de pesos, la que fue rechazada en el 17º juzgado civil de Santiago. En primera instancia se confirmaron los delitos, pero no se estuvo de acuerdo con el monto de la indemnización. Esto escaló hasta la Corte Suprema, donde la causa civil fue definitivamente rechazada.

Al haberse reconocido los delitos en un tribunal civil, ahora en sede penal –que busca esclarecer la comisión de delitos en el ámbito de lo criminal- la Fiscalía Centro Norte y la de Valparaíso están indagando a las mencionadas autoridades. Esto, porque se indaga posibles delitos de prevaricación administrativa en contra de Galilea y Longueira, en tanto también se investiga la prevaricación judicial en el caso de los ministros de la Corte Suprema que confirmaron el fallo adverso en la justicia civil. Los querellantes apuntan también a que el ministro Guillermo Silva es primo de la esposa de Roberto Angelini, pese a lo cual no se inhabilitó.

Orizon contestó que no tienen “nada que decir” sobre estas causas judiciales, ya que no están dirigidas contra la empresa del grupo Angelini, pero indicaron respecto de los permisos de extracción, que se rigen por el Decreto Supremo 64 de 1992 del Ministerio de Economía, que autoriza y establece los requisitos que se deben cumplir en lo relativo a naves en construcción, que tenían como fin sustituir una nave ya autorizada en el ámbito pesquero y que hubiera sufrido algún siniestro. Ésta, al ser reemplazada, quedaría despojada de su autorización de pesca.

Según el abogado querellante, Manuel Rojas, representante de Díaz Arellano, Orizon no sería la única firma que realiza esta práctica. Sería un ”modus operandi” ampliamente replicado y según él “hasta hoy existen 76 naves que supuestamente se construyeron y se pusieron operativas”, sin embargo “no es así de acuerdo a lo que informa la Armada”. Además, lo que él plantea es que el 50% de la extracción anual de biomasa marina está en manos de las pesqueras industriales gracias a esta forma de conseguir permisos de extracción.