Los 4 flancos judiciales que enfrenta Piñera a un año de las elecciones presidenciales

El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de La Haya falló a favor de Perú en una demanda entablada contra Chile, cediéndole 50 mil kilómetros cuadrados de mar chileno. Pero no sólo el país resultó beneficiado por esta definición, sino que también los accionistas de la sexta mayor pesquera peruana: Exalmar, entre quienes se encuentra el ex presidente Sebastián Piñera.

Una investigación de BíoBíoChile reveló que el ex mandatario ingresó a la propiedad de esa empresa cuando aún era Presidente de Chile y mientras se desarrollaba el polémico juicio ante el organismo internacional. Varios otros inversionistas chilenos ingresaron a la propiedad de esa pesquera: la familia Cueto (Latam Airlines), Raimundo Valenzuela (cuya participación en las sociedades cascadas y La Polar aún se indaga) y las administradoras de inversiones Moneda Asset Management y Consorcio.

La primera inversión Piñera la realizó a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) y luego aumentó su participación hasta el 9,10%, pero con otro vehículo de inversión: Bancard International Investment, una sociedad con domicilio legal en las Islas Vírgenes Británicas. El negocio prometía, ya que tras el fallo de La Haya se presumía un alza de la pesca peruana, pero según ese medio, no fue así.

Al asumir el gobierno en 2010, Piñera hizo un fideicomiso ciego voluntario pero que no incluyó las inversiones en el extranjero que, sumadas a las chilenas, totalizan unos 2.500 millones de dólares, de acuerdo a análisis de Forbes.

Éste es el más reciente flanco abierto que deberá enfrentar el ex presidente Piñera de cara a las elecciones del próximo año, donde se prevé que será el más seguro competidor de Chile Vamos. Desde que dejó la Presidencia el 11 de marzo de 2014, el ex mandatario ha debido enfrentar una serie de investigaciones judiciales sobre sus negocios y el financiamiento ilegal de la política.

Caso Penta

En marzo de 2015, el fiscal Carlos Gajardo vinculó por primera vez al ex presidente con el holding Penta y con la investigación que estaba realizando en su contra por delitos económicos y -posteriormente- por financiamiento ilegal de la política. El abogado cuestionó un forward de 50 millones de pesos realizado en 2009, entre inversiones Penta III y la administradora Bancorp SA, propiedad del ex mandatario.

“Quiénes intervienen este forward: inversiones Penta III por un lado que deposita 50 millones de pesos en inversiones CB -Forwards de entrada- y 50 millones de pesos en (…) para qué empresa, para administradora Bancorp SA. Para administradora Bancorp SA – reiteró- domiciliado en avenida Apoquindo 3000 piso 16”, dirección que coincide con la oficina del ex jefe de Estado. “Saquemos nuestras propias conclusiones de lo que significa este forward”, dijo el fiscal.

En esta línea, al persecutor aseveró que “¿No sabían los señores Délano y Lavín esto estaba pasando? Esto fue incautado la semana pasada y llego a nuestro poder el día 2 de marzo de 2015, el lunes. No sabían los señores Délano y lavin lo que estaba pasando. Tenemos que respetar haber comprometido una cooperación cuando se nos mintió descaradamente en nuestra cara? Son más de las 12 su señoría. No somos tontos a esta hora”.

Caso SQM

Administradora Bancorp S.A. volvió a la primera plana en abril del año pasado, cuando el SII presentó una nueva denuncia, esta vez por inconsistencias tributarias de SQM, presuntamente vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas. Entre las empresas mencionadas, Administradora Bancorp figuraba con 18 pagos de SQM por un total de $318 millones.

Vox Populi -otro vehículo de inversión de Piñera- también aparecía emitiendo cinco facturas por $26 millones. Los nombres de Bancorp y Vox Populi fueron entregados por SQM como parte de una autodenuncia tributaria donde se incluían facturas y boletas por servicios respecto de los cuales la empresa no tenía respaldo de que los trabajos hubieran sido efectivamente realizados.

La respuesta de Bancorp fue que “las facturas referidas aSQM corresponden a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones”. Esto fue revelado por una investigación de Ciper.

“Ni yo ni mis hijos tenemos facturas falsas de SQM. Si MEO quiere seguir mintiendo, que lo haga sólo sobre mi y deje a mi familia fuera de esto“, respondió vía Twitter a Marco Enríquez-Ominami con quien se enfrentaba la última semana de octubre. Lo que no dijo el ex mandatario fue que sus hijos controlan las empresas que sí recibieron fondos ilegales.

Chilevisión

Inversiones La Música, propiedad de Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de Chilevisión, figuraba en la autodenuncia de SQM, emitiendo tres facturas a SQM por $45 millones. Según El Mostrador, en abril de 2015, cuando Piñera era dueño de Chilevisión había usado otras empresas como SQM y Aguas Andinas para pagar bonos de desempeño a De Aguirre.

La información fue ratificada por De Aguirre agregando a la lista de empresas a las que facturó por sus bonos a Pampa Calichera, una de las sociedades cascadas de SQM, e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox, socio y hombre de confianza de Piñera. El monto total de las facturas emitidas por Inversiones La Música sería de $130 millones.

Esta revelación causó indignación en el entorno de Ponce Lerou, ya que éste aseguró que se trataba de una donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009. El entonces administrador de la campaña presidencial de Piñera, Santiago Valdés, habría señalado a qué empresa debía hacerse el pago (Inversiones La Música). Según Ciper, este hecho resultó insólito para Ponce Lerou, ya que esos fondos finalmente se usaron para pagar negocios personales de Piñera, como los bonos de ejecutivos de Chilevisión.

Caso Lan

En septiembre de este año, las acusaciones contra Piñera llegaron desde Argentina, donde se investigaba a LATAM (ex LAN) en el marco de un caso de corrupción entre sindicalistas argentinos y el gobierno del fallecido Néstor Kirchner.

La investigación apuntaba al pago de coimas pagado por la empresa al país vecino, cuando Sebastián Piñera era director de la aerolínea. La historia indica que si bien la compañía reveló que hizo pagos a una consultora de Manuel Vasquez, quien sería el testaferro (una especie de palo blanco) del ex ministro de transporte argentino, Ricardo Jaime, con destino final a sindicatos de Lan, en realidad, se trataría de coimas al gobierno destinadas a la promulgación de un decreto que abrió la puerta para que Lan operara en Argentina sin tener 50% de capitales locales.

“Esta denuncia o es muy irresponsable o es muy mal intencionada, porque por el solo hecho que sea accionista de Lan como lo dice la denuncia, me asigna responsabilidades que no tengo”, afirmó Piñera al defenderse.