Editorial de La Tercera en picada contra Gabriel Boric por apoyar huelga de Homecenter

El diario La Tercera publicó este viernes un duro editorial contra el diputado Gabriel Boric por apoyar a los trabajadores de Homecenter Sodimac que se encuentran en huelga, sumándose a las críticas realizada por el mundo empresarial de la CPC:

El texto cuestiona duramente a los parlamentarios que se ligan a los movimientos sociales o sindicales, insistiendo en que no respetaría la Constitución. “No se ha limitado a ‘solidarizar’ con la causa, sino que en varios casos ha implicado la presencia en terreno de los propios diputados (…) lo que entra en abierta contradicción con disposiciones constitucionales que impiden a los parlamentarios interferir en las negociaciones colectivas”, apuntan.

“Al persistir en ello supone un ejercicio distorsionado del rol que les cabe jugar dentro de la institucionalidad y un aprovechamiento de los fueros que les confiere el Estado para satisfacer agendas personales”, agregan.

El diario de Álvaro Saieh afirma que “el diputado Gabriel Boric traspasó los límites de lo razonable. Reconoció que si bien ‘es verdad que la Constitución dice que como parlamentarios no podemos intervenir en conflictos ni laborales ni estudiantiles, es cierto también que no lo vamos a respetar’”.

“Es grave que un diputado lance tal emplazamiento, y no aquilate bien el alcance y las consecuencias de sus palabras. Si tales expresiones no son rectificadas -las que además de destempladas resultan de difícil precedente en nuestra historia legislativa posterior a 1990-, cabría entonces cuestionar su idoneidad para el cargo”, dicen.

Además, el periódico pide que la propia Cámara de Diputados se pronuncie en contra de estos dichos “e hiciera ver la conveniencia de que los parlamentarios no excedan sus atribuciones”.

“La voluntad del constituyente es inequívoca en cuanto a mantener alejados a los parlamentarios de los procesos de negociación colectiva -porque no les corresponde interferir en un proceso interno, reglado por la ley y donde existen instancias administrativas y judiciales para zanjar las diferencias que allí puedan surgir-, y su infracción lo considera una falta especialmente grave, al punto que, de configurarse, constituye una causal de cesación en el cargo”, explican.