Fiscalía investiga cuatro redes de prostitución que integran menores internados en centros del Sename

Una nueva línea investigativa en el marco del caso de presuntos maltratos contra niños y adolescentes en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Pudahuel es el que sigue la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente.

Se trata de la existencia de al menos cuatro redes de explotación sexual comercial de menores, compuestas por al menos 25 jóvenes entre los 13 y 17 años, que son internos o ex residentes de estos hogares, según la indagatoria que lleva adelante el fiscal Tufit Bufadel.

Según dio a conocer La Tercera, un informe policial realizado por la inspectora Vanessa Inostroza reveló que los cuatro grupos fueron identificados por funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Metropolitana de la PDI.

De hecho, el que tiene el mayor número de menores reclutados -al menos 20- es encabezada por una familia que reside en una casa al sur de la capital. El padre fue sindicado como el proxeneta, mientras que su señora e hijas de 19, 15 y 14 años (quienes han ingresado y egresado en diversas oportunidades de varias residencias de protección), son consideradas por la PDI como presuntas captadoras de las menores del Sename para luego obligarlas al comercio sexual.

El informe policial, que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía Occidente, data del 2013 cuando la hija del matrimonio ingresó por orden judicial a un centro de la institución, donde habría conocido e invitado a otras niñas y adolescentes a su casa. Allí consiguen alimentarse, dormir y acceder tanto a alcohol como drogas de manera gratuita. En primera instancia, además, ellas no sabrían de las actividades que se realizan en el lugar. Y es que ellas, al cabo de unos días, tendrían que realizar actos de connotación sexual con mayores de edad, los que son pagados con dinero en efectivo.

La mayoría de jóvenes captadas cumplen un perfil más o menos similar: no cuentan con redes de apoyo externas, presentan consumo problemático de drogas y alcohol, padecen trastornos conductuales o psiquiátricos y no adhieren a los programas de intervención, consigna el matutino.

Algunas de ellas lograron escapar tras ser abusadas y dieron cuenta de lo ocurrido a a profesionales con los cuales se han vinculado en sus procesos de intervención. A pesar de ello, varias prefieren guardar silencio por miedo a represalias, ya que están amenazadas por un grupo que protege a los integrantes de la misma.