Agrupaciones explican en cetáceo a políticos y ciudadanos por qué es necesaria la Ley de Identidad de Género
Ante la campaña en contra de esta norma que se expande a través de las redes sociales, diversas entidades quisieron entrar nuevamente al debate.
El lunes 12 de diciembre el hashtag #VoteNOIdentidadGenero era lo más comentado en la mañana. Precisamente ese día la comisión de DD.HH. del Senado analizó las indicaciones presentadas al proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.
¿Quiénes aportaron a transformar esa consigna en tendencia? Principalmente organizaciones católicas que se organizaron a través de las plataformas sociales con mensajes estilo “no permita esta aberración para los niños“, “todos nacemos hombres o mujeres, esa es la verdad”, “Chile no quiere imposiciones ideológicas”, entre otras joyas.
Pues bien, las comunidades trans y organizaciones de diversidad sexual volvieron a la carga y enviaron un mensaje tanto a políticos como a la ciudadanía.
El Sindicato Amanda Jofré Cerda, Asociación OTD, Juntos Contigo, Transitar, Iguales y Todo Mejora recalcan que “la discusión de esta Ley lleva más de tres años de tramitación, perdiéndose de vista una realidad urgente: un segmento de la población aún no cuenta con el derecho al reconocimiento de su identidad”.
En ese sentido, explican que “la vivencia de la identidad de género está radicada en el fuero interno, es íntima, personal, intransferible y no diagnosticable”, detallando que “Aún no se dimensiona el trasfondo que esta ley representa y se ha entendido desde una perspectiva valórica y no de Derechos Humanos”.
“Evidenciamos el actuar temeroso de nuestros Senadores, que han dilatado esta discusión sin conciencia y han prestado atención a grupos e intereses que arbitrariamente deciden estar “en contra” de reconocer a personas con las que de facto conviven”, explican.
Sobre las campañas en contra de la ley, las organizaciones manifiestan que “no daremos un paso atrás de lo logrado con el Ejecutivo y nos plegamos al segundo informe complementario aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el cual fue evacuado con fecha 20/10/2016, el cual representa lo mínimo que aceptamos de este trámite legislativo“.
