Las preguntas sobre la gratuidad que dejan los resultados de la PSU 2016

Se hicieron públicos los resultados de la Prueba de Selección Universitaria y lo que reflejan es una tendencia denunciada desde hace años por los expertos: los altos puntajes están fuertemente concentrados en los colegios de élite y quienes no alcanzan los 450 puntos son los más pobres del país.

Algo especialmente preocupante si se considera que 450 puntos es el puntaje mínimo que exigen las 34 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores para matricular estudiantes y aquellas que se adcriben al sistema de gratuidad universal, política orientada a ayudar a los alumnos de más bajos recursos.

Más aún, este año y tras la discusión del presupuesto, el Gobierno decidió ampliar las Becas Bicentenario para alumnos fuera del CRUCh, exigiéndole a las universidades tener al 80% de sus estudiantes con promedio PSU – NEM y ranking sobre los mismos 450 puntos.

¿Quiénes quedan fuera de los beneficios? ¿Dónde van los alumnos que no pueden acceder a la gratuidad? ¿Mide la PSU conocimientos o sólo filtra a las personas según la comuna en que nacieron y el colegio al que fueron? Expertos responden a estas preguntas incómodas cuyas respuestas son aún más incómodas.

¿Es la PSU una prueba con sesgo socioeconómico?

Este 2016 la PSU volvió a demostrar que la correlación entre el tipo de establecimiento al que un alumno asiste, los recursos económicos de su familia y los puntajes que obtiene en la prueba, están fuertemente relacionados.

Los colegios municipales, que concentran el 38% de la matrícula y a los que asisten los estudiantes más vulnerables, sacaron 124 puntos menos en lenguaje que los particulares, que concentran la matrícula de las familias de mayores recursos. En matemática y ciencias la cifra llegó a los 139 puntos de diferencia.

Lo más preocupante es que más del 44% de los alumnos de colegios municipales no llega a los 450 puntos, y el 70% saca menos de 500 puntos. “La PSU tiene una fuerte correlación con el nivel socioeconómico. Nos guste o no, es así. El contexto en el que crece un joven determina el punto de partida, y la ventaja o desventaja que tiene frente a otros”, explica Mathias Gómez, de Educación 2020.

Cristina Tupper, experta en educación de Libertad y Desarrollo, coincide: “La PSU busca medir el nivel de preparación y conocimiento de ciertas materias de los estudiantes, pero eso está todavía muy relacionado a factores socioeconómicos. En los colegios y desde la pre básica no hay un nivel de calidad parejo que permita que los resultados académicos no estén condicionados por el lugar en donde se estudió. Si tuviéramos calidad en todos los sectores esas variables no importarían tanto”.

Esta desigualdad que refleja los resultados de la prueba, hace que algunos expertos cuestionen el actuar del gobierno en materia de reformas a la educación escolar y la prioridad que se le ha dado a la educación superior.

Esto porque actualmente el gasto total de Chile en educación superior es de 2.3%, más que el promedio OCDE, mientras que en la educación escolar el gasto es de 3.1% y está por bajo el promedio.

Raúl Figueroa, director de Acción Educar, dice: “Uno de los principales problemas que hemos tenido en el diseño de políticas públicas es el equivocado foco que han tenido. Por una parte la concentración de recursos en la educación superior y en el objetivo de la gratuidad universal. Y por otra que en la reforma escolar que se aprobó se hacen cambios estructurales al sistema particular subvencionado. Y queda cada vez más en evidencia que los principales problemas están en la educación pública administrada por los municipios”.

¿Dónde van a estudiar los alumnos más vulnerables?

Los jóvenes con peores puntajes provienen en su mayoría de las comunas más pobres. En la Región Metropolitana, por ejemplo, Cerro Navia, San Joaquín y Lo Espejo tuvieron en promedio 414, 432 y 436 puntos, respectivamente. Mientras que comunas como Las Condes, Vitacura y La Dehesa obtuvieron más de 600 puntos.

Actualmente, 3 de cada 10 alumnos de los primeros quintiles accede a la educación superior, mientras en el segmento más alto la cifra llega a 6 de cada 10. Los CFTs e IPs tienen la mayor proporción de alumnos de los primeros cinco deciles, el 45% en el primer caso y el 42% en el segundo.

¿Pero qué sucede con quienes pese a no haber obtenido el puntaje necesario quieren ir a la universidad y no seguir una carrera técnica? Es en ese punto donde aparecen las universidades privadas, muchas de ellas con programas vespertinos, que tienen en su interior a un 36,3% de alumnos de los primeros cinco deciles y que sin embargo, quedan fuera de financiamientos como la gratuidad por no ser estatales, no contar con requisitos nuevos como tener controladores sin fines de lucro, no contar con un 80% de la matrícula con alumnos con más de 450 puntos y, en algunos casos, no cumplir con tener una acreditación sobre 4 años. Hay que recordar que las universidades estatales pueden acceder a la gratuidad sin una base de años de acreditación.

A pesar de lo anterior, el foco de la actual administración ha estado puesto principalmente en aplicar gratuidad a las universidades del CRUCh, buscando a su vez mantener los beneficios de éstas en materia de financiamiento directo respecto del resto de las universidades, dejando fuera a aquellas instituciones que paradójicamente acogen a muchos de los alumnos más vulnerables.

Raúl Figueroa señala: “Se debiera renunciar definitivamente a una expansión de la gratuidad hacia sectores que no requieren de esas ayudas. Lo importante sería desarrollar otros instrumentos como un sistema de becas o créditos más completo que cubra la totalidad”.

“El sistema debería centrarse en ayudar al alumno y no discriminar por institución. En ayudar a esa persona porque su educación tiene un valor para toda la sociedad. Y no crear alumnos de primera y segunda categoría según la institución en la que estudian”, creen en Libertad y Desarrollo.

En 2020, Mathias Gómez concuerda en parte, aunque cree que es importante fijar criterios como los cuatro años de acreditación y que la institución no tenga fines de lucro.

¿Reciben ayuda los que verdaderamente la necesitan?

Aunque la desigualdad en la educación se observa desde el nivel pre escolar y que por ello aún la mayoría de los estudiantes de educación son de quintiles más altos, una de las prioridades del actual gobierno ha sido la polémica gratuidad universal en educación superior.

De momento, a ella pueden acceder las universidades del estatales solo por serlo, y las privadas que tengan un 80% de su matrícula cubierta con estudiantes con sobre 450 puntos entre PSU, NEM y ranking, que tengan más de cuatro años de acreditación y controladores sin fines de lucro. La ayuda está dirigida al 50% más pobre.

Los CFT e IP, que pese a que concentran el mayor número de alumnos vulnerables en principio no habían sido incluidos, hoy también pueden acceder al beneficio si es que cuentan con cuatro años de acreditación y son o pasarán prontamente a ser sin fines de lucro. Actualmente solo 12  establecimientos de este tipo cumplen las condiciones.

El gran número de alumnos de los primeros quintiles que estudian fuera de las instituciones beneficiadas con la gratuidad, pueden acceder a las Becas Bicentenario, siempre que su institución también reciba a un 80% de alumnos con más de 450 puntos. Si no, deben optar por alguna beca particular o un sistema de crédito, como el CAE.

Como si fueran pocas las restricciones de financiamiento ya existentes para los alumnos que por su contexto obtuvieron peores puntajes, un proyecto presentado por senadores del PS pretendía acabar con el CAE y dejar de hacer aportes directos o indirectos a las universidades privadas fuera del CRUCh, pese a que según LyD, el  31% de los alumnos de los primeros quintiles van a estas instituciones.

En Educación 2020 creen que “el alumno con los méritos necesarios debe poder entrar a la carrera que quiera, independiente de la institución, ya sea una universidad muy exigente u otra que le acomode según su contexto. Y si no cuenta con los medios económicos debe tener la ayuda que requiere, ya sea becas, créditos, o gratuidad”.

Como actualmente la PSU no capta necesariamente a los alumnos con talento, para Mathias Gómez deben usarse otros mecanismos, por ejemplo, resaltar la importancia del ranking de notas.

“Para nosotros el ranking de notas es muy relevante. Lo que te permite es rescatar a aquellos estudiantes que dentro de su propio contexto destacaron. A los más mateos. Puede ser que por su educación escolar, de momento, algunos no tengan todos los conocimientos ni la preparación necesaria, pero la tesis que hay detrás es que pueden adquirirlos y recuperarlos”.

Raúl Figueroa concuerda y dice que siempre debe haber un tipo de selección. “La educación universitaria en sí es selectiva. En todas partes del mundo. Habrán alumnos que podrán entrar y otros que no. En lo que hay que trabajar es que esa selección sea de la mejor manera posible para que no existan barreras económicas que no dejen fuera a los jóvenes con talento”.