Fiscalía de Alta Complejidad investiga a tres empresas asesoras de la bancada UDI por fraude al Fisco
“Pablo Santiago dice que el sistema es que se pedía un monto por el trabajo o contrato, un millón o dos millones de pesos, y la empresa hacía unos informes supuestos, se pagaba el monto por los trabajos hechos, pero se retornaba el 50% a la persona que había contratado o a la bancada de diputados”, consigna la declaración de la ex jefa de prensa, Lily Zúñiga.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente sigue adelante con la investigación de una supuesta red para defraudar al Fisco a partir de las asignaciones parlamentarias de la bancada de diputados UDI.
Esto, luego que la ex jefa de prensa gremialista, Lily Zúñiga, se autodenunciara al Ministerio Público por la emisión de boletas falsas a la diputada Claudia Nogueira en 2014.
Así, el equipo de fiscales liderado por Manuel Guerra e ingtegrado por Carlos Gajardo y Pablo Norambuena indaga a tres empresas contratadas por la banda por asesorías externas, las que podrían haber triangulado parte de sus honorarios a personas ligadas al partido.
Se trata de Sociedad Legal Ltda, Visión Legislativa y Parlamentaria, además de B&C Consultores Ltda, las que entregaron servicios a 14 parlamentarios UDI y a cinco ex diputados.
Sociedad Legal pertenece a los abogados Pablo y Luis Cantellano, Visión Legislativa y Parlamentaria es del abogado del caso tsunami Carlos Ferlie y su esposa Claudia Toro, y B&C es del ex diputado Sergio Bobadilla y su mujer María Ximena Crovetto.
Los fiscales interrogaron en octubre pasado a Pablo Santiago, quien fue asesor de la bancada UDI por más de 11 años, a raíz de la denuncia de Lily Zúñiga, quien sindicó a Santiago como la persona que le recomendó dichas empresas, lo cual fue desmentido por el aludido en su testimonio.
“Se trata de empresas o agencias montadas de manera irregular para prestar servicios a parlamentarios, con la finalidad de buscar retorno de recursos”, fue lo señalado por Zúñiga en su declaración del 9 de septiembre pasado, que se mantuvo en reserva hasta la semana pasada.
“Pablo Santiago dice que el sistema es que se pedía un monto por el trabajo o contrato, un millón o dos millones de pesos, y la empresa hacía unos informes supuestos, se pagaba el monto por los trabajos hechos, pero se retornaba el 50% a la persona que había contratado o a la bancada de diputados”, consigna el testimonio dado a conocer por La Tercera.
