Hasta $1400 millones podría pagar el Estado en indemnización por cada trabajador a honorarios despedido

Semanas atrás, un funcionario que llevaba 35 años trabajando en un servicio del Estado fue desvinculado. Tenía una remuneración mensual de 3 millones 500 mil pesos; sin embargo, se fue con las manos vacías. ¿El problema? Era trabajador a honorarios, como otros 305 mil que trabajan para el servicio público bajo esa modalidad.

Buscando asesoría frente a este hecho, llegó al abogado laboral Giorgio Marino -de SoyHonorario.cl-, con quien definió iniciar una demanda amparada en que él tuvo una relación de dependencia y subordinación por más de tres décadas, por lo que no era un trabajador a honorarios, sino que correspondía el contrato y los pagos que eso conlleva, tal como lo establece el Código del Trabajo.

Los primeros cálculos de la demanda los sorprendieron: incluyendo las cotizaciones no pagadas durante los 35 años, calculando la indemnización, aplicando las tasas de corrección fijadas por la Superintendencia de Pensiones, las leyes laborales no pagadas, multas e intereses, el monto final superaba los 1400 millones de pesos.

Finalmente, el trabajador decidió no continuar. Argumentaba que no quería “traicionar al servicio” donde había trabajado por décadas, por lo que desistió en demandar. Marino afirma que varios los que deciden no continuar con estos procesos lo hacen pensando en eso y en que después no serán contratados, pero que a la vez lo que hacen es profundizar más la precarización laboral.

La Corte Suprema ha fallado al menos 60 veces en favor de los trabajadores a honorarios y centenares de veces los restantes tribunales, que establece que todo trabajador -bajo la modalidad que sea- que desarrolle labores no accidentales y habituales, con subordinación de dependencia, deben ser considerados como contratados, bajo todas las obligaciones que dicta la ley.

Este abogado lleva hoy más de 400 casos en todo el país -con 70 nuevos que se iniciarán en los próximos días en Punta Arenas, Arica y Los Andes-, donde casos como el descrito se repiten por montones. “Lo que la gente tiene que entender es que es un derecho tener un contrato laboral y que el empleador, siendo el Estado, incumple la ley. Por lo tanto, hay dos vías para solucionarlo: por la buena o la judicialización”, explica.

Hoy, el 90% de las causas terminan con resultados positivos para los demandantes, ya que se ha fijado jurisprudencia respecto a estas causas, pensando en que es una situación grave porque la mayoría de los trabajadores a honorarios llevan años en esa calidad, sin cotizaciones de salud ni para las pensiones y con poca seguridad sobre sus empleos.

El difícil momento para los Municipios

Uno de los casos que lleva Marino es emblemático. En noviembre de 2015, Gabriel Pineda (67) fue despedido de la Subsecretaría de Transportes donde trabajó casi por un poco más de 15 años. Durante todo ese tiempo fue funcionario a honorarios de ese ministerio con un sueldo de 890 mil pesos mensuales, por lo que al momento del despido también se fue con las manos vacías. Pineda sí inició acciones judiciales.

Luego de diez meses -lo que duran normalmente estas causas-, la Justicia falló a su favor y el fisco debió pagar lo correspondiente a la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato indefinido. En total, con todo lo adeudado, multas e intereses, Pineda se llevó más de 180 millones de pesos.

Hoy, los municipios viven momentos complejos de cara a las desvinculaciones y términos de relaciones laborales con los miles de funcionarios que se encuentran a honorarios. En Maipú, días atrás, se terminó el contrato a honorarios de 470 personas aludiendo a contratos fantasmas, pese a que muchos de ellos eran trabajadores activos. Hoy eso se está reevaluando.

Según Marino, si de las casi 500 personas que fueron despedidas solo 80 llegaran a judicializar el proceso, el monto que debiera desembolsar el municipio sería escandaloso. Usando como referencias los datos del perfil del trabajador a honorarios de sindicato de ese municipio -4,5 años de antigüedad y 500 mil pesos de sueldo promedio-, cada trabajador debiera recibir 40 millones como indemnización. Por el total de demandantes serían 3200 millones de pesos.

“El futuro de esto es la asociación de los trabajadores. Es necesario dejar de lado el exceso de individualismo laboral, porque como trabajadores a honorarios no tienen conciencia en común por sus derechos y exigir lo que corresponde”, dice Marino.

Otro camino por el que han optado los trabajadores a honorarios es ingresar por la vía judicial “solicitudes declarativas” para acreditar frente a la Justicia que son trabajadores de planta, y ser regularizados como tales, de acuerdo a lo que indica el Código del Trabajo.

Hoy se calcula que este año podrían levantare entre 2 mil y 3 mil casos nuevos en todo el territorio nacional, entre los más de 305 mil que se encuentran a honorarios. Si los tres mil judicializan y ganan en tribunales -con un 90% de posibilidad éxito, aseguran- el Fisco debiera desembolsar casi 70 mil millones de pesos, una cantidad irrisoria aunque “pagable”, explica el mismo abogado.

“Eso el Estado lo puede costear, pero si los 300 mil trabajadores a honorarios se dieran cuenta de que pueden regularizar sus situaciones o conseguir indemnizaciones por años o décadas de irregularidades, la cantidad de dinero a pagar sería realmente inalcanzable”, concluye Marino.