Gobierno evalúa usar 2% constitucional de presupuesto para emergencia: US$1.203 millones
Este mecanismo no necesita el apoyo del Congreso, y su uso está decretado “para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro”.
Fue justamente la Presidenta Bachelet la que en su anterior gobierno determinó usar el 2% constitucional para hacer frente lo ocurrido con el Transantiago, en plena crisis del sistema de transporte público capitalino en el 2008.
Y según publica La Tercera, el gobierno de la mandataria estaría evaluando el uso de este decreto, que no necesita la aprobación del Congreso, para hacer frente a la emergencia generada por los incendios que afectan al país.
Su forma de uso apunta a reasignar recursos del presupuesto, el que considera 60 mil 304 dólares para este año –proyección realizada con el precio del dólar a 700 pesos para el 2017– por lo que se contarían con cerca de mil 203 millones de dólares. Para poder usarlo, todos los ministros deben firmar el decreto.
Esto está normado en el inciso 20 del artículo 32 de la Constitución, el que establece que con la firma de todos los secretarios de estado, el Presidente “podrá decretar pagos no autorizados por la ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país”.
Esto aún no está resuelto, pero el ministro del Interior, Mario Fernández, manifestó que “no está descartado el utilizar el 2% constitucional. Es necesario, primero, hacer un catastro de las pérdidas y daños para calcular el desembolso fiscal que es necesario hacer, pero tenemos este instrumento constitucional para hacerlo”.
Una de las ventajas en este momento para usar este instrumento en esta época del año es que, como el año recién está comenzando, sería más fácil diseñar un plan para ver cómo reasignar y extraer los recursos.
En caso de que los recursos se utilicen de forma distinta a la estipulada, “serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos”.
El ministerio de Hacienda, una vez terminada la emergencia, debe hacer un nuevo catastro para ver cuántos recursos se requerirán.
