Empresas investigadas en España por el “cartel del fuego” operan en Chile desde el gobierno de Piñera

Las empresas españolas Faasa Aviación, Inaer Helicópteros y Martínez Ridao se dedican al combate aéreo de incendios y son conocidas en Europa como “el cartel del fuego”, ya que éstas se coludían para adjudicarse millonarios contratos en España, Portugal e Italia.

Hoy las tres están investigadas por colusión, tráfico de influencias, sobornos y cohecho internacional. Según consigna un reportaje emitido por Ahora Noticias de Mega, el “Modus Operandi” partía con que una de ellas ofrecía el máximo que estaban dispuestos a pagar, mientras que las otras ofrecían un precio más elevado.

“Para ello era necesario el concurso y la complicidad de políticos y técnicos, los que tenían que valorar y adjudicar el contrato. Eran contratos que estaban hechos a la medida”, explicaba Francesc Arabí, periodista que descubrió este caso.

El punto es que las empresas se relacionaron con nuestro país. Hoy, las tres mantienen contratos vigentes con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi).

Llegaron a Chile en 2011 en la administración del ex presidente Sebastián Piñera, cuando la Conaf licitó el ataque aéreo de los incendios forestales en las regiones de Chile con mayor de propagación.

Faasa e Inaer Helicópteros se quedaron con cuatro regiones, mientras que en 2015 la corporación contrató directamente a Martínez Ridao en Valparaíso y La Araucanía por $760 millones. Según el reportaje, los contratos entre las tres empresas investigadas y Conaf ascienden a $2.000 millones al año, más $1 millón 800 mil por cada hora adicional de vuelo en el caso de una emergencia.

Tras emitirse esta investigación, la Onemi respondió en un comunicado que el organismo contrata aviones en casos en que la Conaf solicita medios adicionales producto de que sus recursos no son suficientes para afrontar la emergencia.

“Una vez que CONAF solicita el tipo específico de apoyo aéreo para atender a una emergencia, se realiza un llamado a todos los proveedores del mercado, de acuerdo a términos de referencia para estas aeronaves que incluyen todas las autorizaciones requeridas por Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”, explicaron.

Adicionalmente, el organismo explicó que sólo se prohíbe contratar a empresas “que hayan tenido condenas por prácticas antisindicales o por violación de los derechos de los trabajadores” y que cualquier eliminación de un proveedor por motivos diferentes a los mencionados anteriormente “configuraría un trato discriminatorio y contrario al principio de igualdad a los oferentes que rige el sistema de compras del Estado”.