Una consecuencia del neoliberalismo en boga

Está claro que en el Chile neoliberal quienes ejercen el creciente poder económico también influyen, de diferentes maneras, para que las políticas públicas de los distintos gobiernos estén en línea con sus intereses particulares y no tiene sentido dar ejemplos en esta columna porque durante los últimos años se han comprobado infinidad de obscenos casos que el Ministerio Público está investigando con bastante parsimonia.

En el visionario libro “Un mundo feliz” publicado en el año 1932, escrito por el inolvidable novelista británico Aldous Huxley, se dicen cosas relacionadas con el futuro control de los individuos y recomendamos su lectura a aquellos que todavía no lo han hecho. En esa magnífica obra literaria, entre otras cosas, escribió “Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre”. ¿ Le parece que es lo que sucede actualmente ? ¡ Y eso lo dijo hace 85 años atrás !

El padre del neoliberalismo es Milton Friedman, fallecido en noviembre de 2006, quien renegaba de la acción del Estado en la economía, avivando el capitalismo solo en manos privadas proponiendo la más absoluta libertad de comercio para que solo los más “eficientes” ganaran en la competencia de los mercados, pues así se producía el virtuoso y natural “chorreo” que beneficiaría a los pobres. Esa es la escuela monetarista incubada en la Universidad de Chicago, EEUU, en donde él era profesor y entre otras cosas, proponía la libre circulación de capitales en el mundo argumentado que la regulación de los precios en los bienes y servicios se produce solo por la oferta y demanda de los mismos y que los impuestos a las empresas debían ser las mínimas posibles para que éstas crezcan sin trabas.

Friedman en su teoría no contempló que la avaricia, el engaño, la codicia, los ardides para ganar más rápido y otras lacras son inherentes a los seres humanos, más aún cuando éstos ascienden en la escala del peculio, sin dejar a un lado las colusiones que se producen entre esos privados creadores de riqueza y los agentes, cuáles dóciles capataces, de la Administración del Estado y por ello el neoliberalismo, que es un mero experimento, es rechazado por los intelectuales serios y por la mayoría de los economistas que tienen visiones más moderadas respecto de la asignación de recursos para “equilibrar la cancha” de los ingresos.

El reconocido intelectual búlgaro, formado en Francia, Tzvetan Tódorov, recientemente fallecido en una entrevista decía “El neoliberalismo es un peligro muy próximo porque, de momento, es la ideología de nuestros gobernantes, hay otras ideologías que se perciben que son peligrosas, pero el neoliberalismo sustituye a la democracia, con lo cual nos encontramos en un régimen que ya no corresponde a la definición de democracia”.

Ahora bien, como un ejemplo de decisiones plenamente neoliberales en el ámbito del patrimonio arquitectónico, en pocas palabras diremos cómo la Contraloría, el Minvu y la Municipalidad de Santiago, con sus acciones conscientes o inconscientes, dieron pábulo a la demolición ilegal del inmueble de Conservación Histórica que estaba localizado en la esquina de las calles Rosas y Morandé, asunto que aludíamos en esta otra columna.

La eliminación del edificio protegido por el Plan Regulador Comunal de Santiago se fundó en un permiso de edificación del 25 de enero de 2008, para 2 torres residenciales, cursado por el Director de Obras Municipales a un par de sociedades inmobiliarias que habían comprado 3 edificaciones colindantes entre sí, una de ellas el inmueble patrimonial, situadas en la calle Morandé entre Rosas y Santo Domingo. A pesar de que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) ordena que los sitios que dan origen a uno resultante deben estar fusionados en la ocasión en que se solicita un permiso de edificación, el funcionario municipal le permitió al titular del permiso que la fusión se podía realizar contra la recepción final de las 2 torres.

La protección patrimonial que aludimos se publicó en el Diario Oficial tres meses después de la fecha del permiso, aunque la tramitación de la misma se había iniciado con bastante antelación y por lo tanto esa decisión municipal era conocida por todos aquellos que se desenvuelven en este tipo de negocios. Por ello el Director de Obras optó “por darle una cariñosa manito” a los inversionistas para que así esa protección no perturbara el proyecto inmobiliario ad portas. Se concluye entonces que dicho permiso estaba viciado, con lo cual el inmueble protegido se habría salvado, lo que se le expresó por escrito en distintas oportunidades a todos los organismos públicos competentes en la materia. Pero, parodiando al poeta Pezoa Véliz, “nadie dijo nada, nadie dijo nada”.

También la OGUC manda que las obras amparadas en permisos de edificación caducan a los 3 años si no se inician unas ciertas faenas preliminares establecidas en esa reglamentación y le demostramos a los 3 servicios públicos intervinientes que al vencimiento de esa fecha forzosa, estaban pendientes la ejecución de los trazados y que no había comenzado la excavación del terreno en donde se edificó la torre de Morandé con Santo Domingo. En sus descargos el Minvu expresó que de los antecedentes examinados “existiría actividad en el tiempo previo a la caducidad del permiso” (sic), como vemos sin aludir al exacto mandato de la OGUC y, ya para reírse, manifestó que su afirmación no es un pronunciamiento (?). La municipalidad para la galería vociferaba que quería preservar el inmueble pero, en los hechos, no hizo nada para que ello se produjera.

Cuando le acreditamos documentalmente a la Contraloría que el permiso había caducado, nos respondió que no eran suficientes las fotocopias del libro de obras que le entregamos para fundar nuestra denuncia y que por ello no podía llegar a la conclusión de que tal permiso no estaba vigente cuando se iniciaron después de los 3 años las faenas ya descritas. ¿Habrá estimado la Contraloría que era necesario ir a una notaría para certificar la veracidad de los documentos que tenía en su poder? ¿No era más fácil que un funcionario de la misma fuera a la municipalidad a revisar el libro de obras ?

En resumen, los mencionados servicios públicos privilegiaron la inversión del privado, con lo cual el inmueble patrimonial se demolió y suponemos que ahora ese actor económico está construyendo en su reemplazo una altísima y lucrativa torre residencial, con lo cual se evidencia una vez más que el neoliberalismo, en todos los sectores de la economía, y en particular en materias de ciudad, opera con amplia desfachatez.