La guerra de los censos
El próximo 19 de abril se realizará el denominado “censo abreviado” con objeto de dar respuesta a aquellos temas que quedaron en el tintero tras el chascarro del denominado “mejor Censo de la historia”. No obstante, y a pesar de la relevancia que tiene este sondeo con objeto de definir acciones en materia de generación e implementación de políticas públicas, entre otros, lo cierto es que no ha despertado mayor interés participativo por parte de la ciudadanía en lo que se ha terminado por convertir en una suerte de guerra política soterrada donde los dimes y diretes desde un sector a otro no se harán esperar.
Y es que claro. En un escenario de alta desaprobación, tanto a la gestión del gobierno como a la figura/rol de la presidenta Bachelet, este Censo representa una oportunidad dorada para golpear a quien ostenta las más altas probabilidades de alzarse (de acuerdo a las encuestas) como el próximo presidente de Chile: hablamos de Sebastián Piñera. Este último, el año 2011, asumió el mando de nuestro país con una serie de frases hechas destacando la icónica “vamos a realizar el mejor Censo de la historia”.
Pues bien, el año 2012, se realizó el Censo que terminó por convertirse en una demostración empírica de que la soberbia nunca es buena consejera. ¿Qué sucedió? Se omitió aproximadamente al 9% de la población, además de errores metodológicos graves que terminaron por cuestionar la validez del estudio al punto que una Comisión Externa Revisora, convocada por el propio gobierno, recomendó que los datos obtenidos no fueran utilizados y que el Censo se realizara nuevamente el año 2015, en un hecho como cayó como balde de agua fría en las entonces huestes oficialistas solicitando el apoyo de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y la comisión estadística de la Unión Europea para tomar las mejores decisiones. Lógicamente, y como era de esperar, la oposición de la época salió con todo a cuestionar y enrostrar su fracaso al gobierno mientras éstos se defendían como podían ante el descalabro. Posteriormente, el año 2013, Piñera asumiría las equivocaciones reconociendo sentirse “indignado” con esta situación.
Pero ahora, desde la vereda opositora y ante la evidente incapacidad técnico – política demostrada por la Nueva Mayoría, la oposición estará atenta a salir a darle con todo al gobierno ante el más mínimo detalle o irregularidad. Lo anterior es sabido en el Ejecutivo y de ahí que se refuercen los llamados a inscribirse como voluntarios, participar en el proceso y capacitar a los encuestadores a quienes incluso se les ha hecho hincapié en el carácter político que tendrá este Censo. Porque ojo, en un año electoral y ante la oportunidad de ingresar a los hogares nacionales el próximo 19 de abril, es claro que todo aspirante a cargos de representación popular aproveche la instancia para hacer su “puerta a puerta / casa a casa” anteponiendo sus intereses particulares por sobre los objetivos colectivos.
Por lo mismo el gobierno no ha escatimado en gastos (se calculan unos 43 mil millones de pesos desembolsados para el Censo 2017), se han realizado diversas jornadas de inducción involucrando a los principales rostros/voceros del gobierno y los funcionarios públicos saldrán a las calles en masa ese día feriado. Mientras tanto los ciudadanos, en vista y considerando que el comercio entre otros estarán cerrados, nos dispondremos a recibir en nuestros hogares a los censistas, entendiendo que ellos sólo están haciendo su trabajo siendo los peones en este tablero de ajedrez. Probablemente usemos las redes sociales y medios de comunicación para dar a conocer una que otra eventual irregularidad asociada a la instancia mientras otros generen hashtags alusivos a la eficiencia del proceso. Pero lo más importante, en esta suerte de anhelo intrínseco que todo habitante de este país arraiga en lo más profundo de su ser, obedezca a una cuestión simple de hacer cuando hay ganas y voluntad: Que de una buena vez los actores políticos hagan bien su trabajo y se dejen de andar buscando triquiñuelas orientadas a migajas políticas para denostarse entre ellos convirtiendo la actividad pública en un ring despilfarrando, de paso, la oportunidad de servir al país e influir, positivamente, en mejorar la calidad de vida de los habitantes en el territorio.
