Abuso de joyería: Empresa de estacionamientos inventó ley para engañar a clientes
No podemos tolerar que una empresa privada engañe de esta manera a los clientes y que se sienta con el poder, con la impunidad de crear una ley a su antojo. Esta situación pone en cuestión el estado de derecho y pasa por encima del Congreso, la única institución mandatada para elaborar y aprobar leyes.
“Sin vergüenzas”, “subidos por el chorro”, “aprovechadores”, “frescos” y “ladrones”, son algunos de los reproducibles calificativos que los automovilistas han lanzado en contra de las empresas de estacionamientos, tras las abusivas alzas en los precios del servicio.
La extendida molestia es con justa razón, porque varios operadores se aprovecharon de la circunstancia para infringir la nueva ley y elevar injustificadamente las tarifas, especialmente en la modalidad de cobro por tramo, al no cobrarse de acuerdo a lo informado por tramo vencido.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras un proceso de fiscalización de la estrenada normativa, presentó 9 acciones colectivas en contra de 10 centros comerciales y sus respectivos operadores de estacionamientos. Fueron demandados por cobrar anticipadamente el valor del tramo.
Casos similares se registraron en el estacionamiento del supermercado Acuenta y Terminal de Buses de Ovalle, y en la tienda Ripley de La Serena. Por esta razón, denuncié la situación ante el Sernac de la región de Coquimbo.
Si bien estos hechos son de suma gravedad, la gran guinda de la torta, el hecho escandaloso, fue protagonizada por J&S Parking, la segunda mayor empresa del rubro en nuestro país. De acuerdo a la fiscalización del Sernac, la firma se dio el lujo de inventar un artículo de la ley para evadir su responsabilidad.
El organismo estatal detectó en 10 recintos la existencia de carteles donde “informaba” y promovía entre los clientes -en base a un inexistente artículo 15, número 5-, a dejar sus pertenencias de valor en lockers. De esta forma, la empresa pretendía deslindar su obligación legal de garantizar seguridad ante robo o hurtos.
A nuestro juicio, estamos ante el delito de falsificación de instrumento privado, lo que conlleva pena de cárcel y multas. El lunes presentaré la denuncia ante el Ministerio Público para que inicie la respectiva investigación.
No podemos tolerar que una empresa privada engañe de esta manera a los clientes y que se sienta con el poder, con la impunidad de crear una ley a su antojo. Esta situación pone en cuestión el estado de derecho y pasa por encima del Congreso, la única institución mandatada para elaborar y aprobar leyes.
La ley vigente no corresponde a lo que aprobamos en la Cámara de Diputados: Media hora de gratuidad y dos horas gratis con la presentación de una boleta de consumo. Lamentablemente el Senado y el Gobierno sucumbieron ante el lobby empresarial. Como hubo divergencias entre la Cámara Baja y la Alta, se formó una comisión mixta donde se eliminó la gratuidad. Por este motivo, cuando regresó a la sala, voté en contra.
Tanto las alzas injustificadas de precios como la invención de un artículo de la ley, dañan profundamente la confianza y el bolsillo de los consumidores.
