Educación escolar: en qué están los principales compromisos de la reforma en tres años de gobierno

Una de las principales banderas de lucha de Michelle Bachelet para ganar las elecciones presidenciales fueron las reformas en educación de las cuales, según Ciudadano Inteligente, ha cumplido el 73%. En materia de educación escolar, la principal y más polémica iniciativa fue la que pone fin al lucro, la selección y el copago, que generó una fuerte resistencia de parte de los sostenedores de los Colegios Particulares de Chile agrupados en la Conacep, de los apoderados de la Confepa, y de varios actores del mundo político. Actualmente está en trámite el proyecto de Desmunicipalización que también genera opiniones encontradas.

Los oponentes a la reforma aseguraron que por estas medidas se cerrarían centenares de colegios y que no mejoraría en nada la calidad de la educación. ¿Cómo han avanzado estas leyes desde su aprobación en los tres años que van de gobierno? El presidente de la Conacep, Hernán Herrera; el sostenedor Ricardo Román; y la experta de Educación 2020, Nicole Cisternas, analizan el desarrollo que han tenido las reformas escolares del gobierno de Bachelet.

Fin al lucro

La llamada ley de inclusión, que entre otras medidas aborda la prohibición del lucro en los colegios que reciben financiamiento del Estado, fue aprobada en 2015. Originalmente las escuelas que funcionaban con fines de lucro tenían hasta 2017 para anunciar si querían seguir siendo financiados por el Estado y pasar a constituirse como entes sin fines de lucro, o de lo contrario, convertirse en colegios particulares pagados. La ley también decía que en 2020 estas entidades no lucrativas debían ser dueños del inmueble en el que imparten sus clases y comprarlos. Muchas de ellas actualmente lo arriendan a un tercero no relacionado.

Pero este año se aprobó una ley miscelánea que amplió a 2023 para seguir arrendando inmueble y a 2027 a los sostenedores que decidan transformarse en fundaciones sin fines de lucro antes de julio de 2017. Una vez iniciado el proceso de compra, hay un tope máximo de 25 años para hacerse con la propiedad del inmueble. “Lo que la ley les exige es ser corporaciones sin fines de lucro y ser dueños de sus inmuebles. Esto porque lo que pasaba en educación superior era que el arriendo entre partes relacionadas se utilizaba como un lucro encubierto. Entonces teniendo ese temor, en esta ley se prohibió el arriendo”, explica Nicole de Educación 2020.

Hernán Herrera, de la Conacep, asegura que los sostenedores aún no tienen claro varios detalles respecto al procedimiento de la compra del inmueble y que por la prórroga que permite seguir arrendando, aún no se ven los resultados que podría tener esta medida. “No sabemos qué tipo de créditos darán los bancos. Cómo se dará la tasación, y si será una tasa alta o baja. No es indiferente si es una tasa alta o baja”, dice Herrera.

Y agrega: “No se han visto mayores efectos porque recién la ley miscelánea fue aprobada en enero de este año y la ley cambió una parte importante de lo que tiene que ver con los plazos. Sin perjuicio de eso, hemos dicho que nada justifica tener que traspasar los inmuebles a estas entidades sin fines de lucro. Creemos que no tiene ningún sentido la venta de los establecimientos educacionales cuando podríamos determinar un arriendo regulado de carácter indefinido”.

José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada (Conapas), dice que aún con el plazo extra, no se ha logrado solucionar el problema de fondo: “El gran problema es cómo van a quedar parados los colegios. Hay establecimientos que arriendan a terceros y éstos no están interesados en seguir alquilando a una corporación, por lo tanto, el colegio no tiene dónde seguir funcionando. Otros arriendan y tienen que comprar, pero los dueños no quieren vender. También está el problema de que los bancos no quieren otorgar préstamos”.

Las dificultades en este punto hacen que algunos gremios consideren llevar el tema a tribunales.

Fin al copago

La ley aprobada en 2015 prohibe a todas las escuelas que reciben financiamiento del Estado cobrar adicionalmente. Parte de las críticas que se le hacían a esta reforma es que al no poder cobrar extra, muchos establecimientos decidirían ser particulares pagados. Algo que hasta ahora no ha ocurrido.

“La campaña del terror de que muchos colegios particulares subvencionados se iban a transformar en particulares pagados no fue real porque en el fondo la gran mayoría de las escuelas particulares subvencionadas que tenía un copago bajo pasó a ser gratuita sin cerrar ni nada”, explican en Educación 2020.

En 2016 fueron 784 particulares subvencionados los que dejaron de cobrar copago según el Mineduc, lo que benefició a cerca de 290 mil estudiantes. Este año hay 51 mil nuevos alumnos beneficiados. Ricardo Román, sostenedor del Colegio Alberto Blest Gana, fue uno de los que dejó de cobrar copago: “En nuestro colegio el fin del copago casi no afectó porque nuestro cobro era de 20 mil pesos mensuales, y ya teníamos ley SEP y el 50% no pagaba. Nos facilitó mucho los trámites”.

Distinto es el caso de los colegios particulares subvencionados que tenían copagos altos. Para ellos el aumento de la subvención no ha alcanzado para que pasen a ser gratuitos. Hernán Herrera, dice: “El financiamiento compartido va a terminar en la medida que se aumente la subvención de escolaridad, que este año se incrementó cero. Y con la estrechez económica posiblemente pasen muchos años sin que se pueda eliminar por completo el financiamiento compartido. No es razonable insistir en la eliminación del financiamiento compartido cuando los mismos recursos podrían destinarse a mejorar la calidad de educación en términos de docencia, infraestructura, orden”.

En el lanzamiento de su candidatura, el ex Presidente Sebastián Piñera anunció su intención de dar marcha atrás al fin del copago abogando por el “derecho de los padres a pagar por la educación”. Pero para Nicole Cisternas, de Educación 2020, “ese derecho no existe”. “Existe solo el derecho a la educación. Los padres pueden aportar a la educación de sus hijos, pueden aportar a través del centro de padres, pueden hacer un montón de iniciativas. El fin del copago es uno de los puntos más importantes porque permite que estudiantes de distintos contextos socioeconómicos compartan en uno de los países con más segregación del mundo”.

Fin a la selección

La ley de inclusión impide a las escuelas con financiamiento estatal seleccionar por temas académicos, económicos o cualquier motivo arbitrario. El nuevo sistema, que partió como versión piloto en Magallanes, se basa en el azar. Los apoderados postulan a sus hijos a distintos colegios y un software reparte los cupos a modo de tómbola, aunque considerando factores como tener hermanos mayores estudiando en un establecimiento o ser hijo de un funcionario del colegio.

Según el Mineduc, en Magallanes postularon 3.338 estudiantes y el 86% quedó en uno de los colegios de sus tres primeras preferencias. “La experiencia en general fue positiva. Pero hemos llamado la atención sobre el aspecto de este 15% que no quedó en ninguna de sus preferencias, porque es importante corregir eso. Lo principal es el esfuerzo comunicacional para poder explicar la nueva manera de postular a estas escuelas”, dicen en Educación 2020.

Hernán Herrera está muy en desacuerdo con esta medida. “Antes había selección y se hacía en base al mérito: se tenía que dar una prueba y uno podía decir si el rendimiento fue o no satisfactorio. Pero hoy se instaló la concepción de que se llegó a un colegio porque tuviste suerte, gracias al azar. El problema más grave es que si mi hijo queda en un colegio que jamás habría elegido, no me sirve de nada que me digan ‘señor, señora, este colegio le queda al lado’. Porque no es el proyecto educativo que quiero para mis hijos. Este proyecto lo que hace es ningunear los proyectos educativos de los colegios. Es bueno que haya alguna clase de selección”.

Este año el sistema se ampliará a Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Mientras que los liceos emblemáticos y de alto rendimiento tienen por ley derecho a seleccionar un porcentaje de su matrícula.

Desmunicipalización

El emblemático proyecto de desmunicipalización ha sido uno de los más controvertidos de la administración de Bachelet y pese a su urgencia permanece trabado en el Congreso. El proyecto busca sacar la administración de los establecimientos públicos de las municipalidades y entregarla al Estado a través de 68 Servicios Locales de Educación.

Esta medida se toma con el diagnóstico de que en los últimos 15 años se han perdido 600 mil alumnos desde la educación pública y se echa la culpa a la gestión de las municipales. 

Según Educación 2020, el proyecto apunta en una dirección correcta porque “no existe la capacidad instalada en todos los municipios para entregar una educación de calidad. Depende mucho del interés del alcalde de turno en la educacion, y esta requiere una administración profesional y dedicada exclusivamente a ella”.

Desde la oposición se argumenta que las municipalidades que han hecho un buen trabajo, deberían mantener la administración de los colegias. Herrera argumenta que el gobierno “comete un nuevo error al generar estas unidades provinciales centralizadas porque es quitarle la responsabilidad a sostenedores a nivel municipal. Hay municipios que hacen muy bien su gestión educativa y tienen buenos establecimientos, y que además aportan muchos recursos. El Estado va a tener que asumir muchos gastos para no deteriorar la calidad en esos establecimientos. Vamos a destinar recursos en algo que ya está funcionando, y no vamos a poner el énfasis en los olegios que necesitan apoyo”.

El proyecto comenzará a discutirse en particular en el Senado.