Ministerio Público retoma investigación por fraude en Dipreca: $16 mil millones en pensiones
En enero de este año, el ex director de la entidad –quien denunció la situación el 2010– prestó declaración ante el organismo persecutor.
La Fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Centro Norte, Tania Sironvalle, tomó declaración en calidad de testigo el pasado 19 de enero al ex director de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), Carlos Jerez.
A mediados del 2016 comenzó una causa judicial, cuando se reveló la pensión de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, la que recibía más de 5 millones de pesos al mes. Jerez compareció por la causa de Gendarmería, con estas pensiones presuntamente abultadas artificialmente. Sin embargo, según publica La Tercera, Sironvalle determinó retomar una indagatoria por este tema, pero no vinculada a Gendarmería, sino respecto de “funcionarios de planta de Dipreca”.
Esta causa llevaba 7 años sin formalizados, pero la declaración de Jerez cambió todo.
Lo que explicó esta persona es que a mediados del 2010, las asociaciones de la entidad le pidieron una reunión, ya que varios funcionarios se iban a retirar, por lo que el foco de la conversación eran las condiciones de la salida de estas personas y sus pensiones. “Les señalé que dichos antecedentes debían ser analizados por la fiscalía y el Departamento de Personal. Sin embargo, ellos me señalaron que lo que se estaba haciendo con anterioridad era contratar a esos funcionarios por el área de salud de Dipreca, que es la única que puede realizar contratos de trabajo bajo la normativa del Código del Trabajo. Lo que ellos proponían era que dichos trabajos consideraran remuneraciones más altas, sólo por tres meses antes del retiro, lo que implicaba que dichas personas podían obtener pensiones mucho mayores”, manifestó Jerez.
Después de ellos, el ex director de la entidad solicitó un análisis que detectó “97 casos de ex funcionarios de la entidad que recibían pensiones abultadas, que equivale a un perjuicio fiscal de $16 mil millones por el período. Estas decisiones las habían adoptado anteriores directores de Dipreca y todas las resoluciones tenían la toma de razón de la Contraloría”.
En el mismo 2010, solicitó a Contraloría que se pronunciara, y el organismo determinó abrir un sumario administrativo, porque “podía existir abuso de poder y eventual fraude al Fisco”.
El sumario terminó dos años después y según el ex directivo, las pensiones fueron consideradas “irregulares”, y se determinó desvincular a los funcionarios de la asociación gremial de Dipreca y a la jefa de Persona, así como aplicar sanciones a otros funcionarios.
La Contraloría aparentemente no habría dado toma de razón de un intento de reparar la situación, ya que los casos estarían “prescritos”.
Ante la respuesta del entonces Contralor, Jerez le pidió al fiscal de Dipreca y al jefe de Administración General que realizaran un informe jurídico. Este debía contener los motivos por los que no se podían seguir pagando estas pensiones. “Sin embargo, esta situación nunca se corrigió hasta que dejé la institución”. El gobierno que entró, la actual administración de Michelle Bachelet, le pidió que explicara las desvinculaciones, y Jerez afirma haber enviado todos los antecedentes.
