Abrir las cajas negras de la política social
"¿Por qué hay que recortar otra parte del salario de los trabajadores para financiar un sistema ampliamente cuestionado como totalidad? ¿Por qué un 5 por ciento y no un 3 o un 7? ¿De dónde vienen esos números y adónde van sus efectos?".
Vicente Silva es Sociólogo de la U. de Chile y actualmente estudiante de la Universidad de Edimburgo, Escocia.
El mundo en que vivimos está cada día más regulado y configurado por fórmulas. Afirmar esto no es denunciar una conspiración de ningún tipo. En todas partes del planeta, la creación de políticas y el rol del estado mismo se ha subordinado a los modelos predictivos de la disciplina económica -el auge, ya normal a estas alturas, de la ‘econocracia’ descrita por Joe Earle y sus colegas. Por otra parte, los medios por los que buena parte de la población se informa sobre lo que ocurre diariamente -las redes sociales- están definidas por un conjunto de algoritmos que tiende a crear y reproducir nuestras propias preferencias e intereses, como han mostrado los trabajos de Tarleton Gillespie sobre la ‘política de las plataformas’. Si bien todo ello representa una novedad histórica, pareciera ser el modo natural en que funcionan las cosas en el presente. Pero lo anterior no sólo se refiere al funcionamiento de la economía o de la opinión pública, sino también a la política y al modo en que se realizan las políticas.
En Chile la política social y sus debates públicos nunca estuvieron tan definidos por fórmulas como en la última década. Pensemos en la enorme cantidad de fórmulas que han estado en juego durante ese periodo, en que numerosas reformas al estado de bienestar chileno se han debatido y realizado: la progresiva eliminación del 7 por ciento de la cotización de salud de los pensionados; la controversia sobre los porcentajes de pobreza en la encuesta CASEN; las cifras y tramos que caracterizaron la reforma tributaria; la recurrente definición del salario mínimo; el porcentaje de beneficiarios de la gratuidad en educación superior, junto al debate sobre al porcentaje del PIB necesario para ello, entre otras tantas. La más reciente, por cierto, es la discusión sobre el destino del 5 por ciento extra de las cotizaciones previsionales que aportarían los empleadores en una futura reforma.
Al respecto, mi punto es el siguiente: a nivel de la ciudadanía en Chile existe un ánimo muy difundido por moralizar la forma en que funcionan los servicios sociales y los mercados en general. Ello ha dado lugar a demandas apoyadas masivamente por ampliar derechos sociales, habiendo impulsado, en la práctica, avances reales en esa línea. Sin embargo, es igual de importante que en la sociedad civil exista una disposición a ‘abrir las cajas negras’ de los mercados de los servicios sociales en nuestro país, complementar la crítica valórica con la de carácter técnico. La metáfora de ‘abrir las cajas negras’ proviene del trabajo del sociólogo Donald MacKenzie, quien ha intentado en sus estudios exponer y cuestionar las fórmulas con que funcionan los mercados financieros globales, tarea doblemente necesaria después de la crisis que expuso la irracionalidad del sistema como conjunto. Las denuncias sobre las conductas inmorales de los actores del mismo abundaron luego de la crisis (con Occupy Wall Street como ejemplo), pero lo que se necesitaba era re-formular el sistema como tal en base a nuevos arreglos técnicos.
Como en los mercados financieros, en los relativos a servicios sociales -pensiones, educación, salud, etc.- hay mucho en juego, pero prima un desconocimiento general sobre cómo operan e, igual de importante, sobre cómo se los puede reformar sin generar problemas en otros ámbitos. Las encuestas realizadas por la Comisión Bravo hace unos años indicaron una amplia ignorancia sobre el sistema de pensiones en Chile e incluso sobre el destino de los oscuros porcentajes con que los trabajadores contribuyen al sistema mensualmente. Ha sido la crítica a la ‘indignidad’ de las pensiones y a lo ‘grosero’ de sus ganancias lo que ha permitido abrir el sistema a la opinión pública. Pero, aun así, ha primado una búsqueda de prácticas inmorales: lucro, usurpación, enriquecimiento a costa del trabajo ajeno. El peligro en este punto recae en desconocer el modo en que funcionan este tipo de mercados, las fórmulas que lo hacen operar y los arreglos institucionales en que están basados.
La moralidad del debate público tiende a cerrarlo en torno a dicotomías. Volviendo al ejemplo anterior: en la pregunta por el destino del 5 por ciento del cobro previsional, no basta con ofrecer que éste vaya a parar al Estado (bueno) y no a las AFPs (malas), sino que cuestionarse el origen de la fórmula. ¿Por qué hay que recortar otra parte del salario de los trabajadores para financiar un sistema ampliamente cuestionado como totalidad? ¿Por qué un 5 por ciento y no un 3 o un 7? ¿De dónde vienen esos números y adónde van sus efectos? A esto me refiero con abrir la caja negra.
Esta apertura se refiere, por un lado, a hacer transparente su lógica desde quienes la formulan y reforman, y por otra parte, a que nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a entrometernos en sus engranajes y opinar sobre este tipo de cuestiones de carácter ‘técnico’, más allá del bien y el mal. El ejercicio de recuperar las fórmulas, comúnmente recluidas en la conversación tecnocrática, aparece como un complemento a la reconstrucción de la democracia en nuestro país, ya poseedora de un carga valórica y de una masa crítica suficiente como para seguir en la senda de las transformaciones.
