Por qué la reforma no recoge las demandas del Movimiento Estudiantil

En mayo del año 2016, la CONFECh realizó un pliego de demandas que, además de incluir las demandas históricas del movimiento estudiantil, contiene también las demandas y propuestas de las instituciones privadas. Es decir, es un pliego con carácter transversal para el movimiento estudiantil de educación superior.

Posteriormente, realizando un trabajo jurídico, este pliego quedó plasmado en las indicaciones al proyecto de ley de reforma educacional que presentó la Confech en el Mineduc en enero de este año, pero que no han sido contestadas hasta el día de hoy. La propuesta que realizamos modifica en forma sustancial la estructura del proyecto de ley presentado por el Gobierno.

Es muy importante señalar que el proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Educación no contiene las demandas del movimiento estudiantil, sino que hace un maquillaje al sistema actual. Ayer, luego de la masiva marcha por la educación y el rechazo al proyecto de reforma educacional en el Congreso, quedó en evidencia que no se puede legislar a espaldas del Movimiento Estudiantil.

Es por eso que exigimos al Gobierno que ingrese las indicaciones del movimiento estudiantil, antes de la próxima votación. Nosotros como CONFECh, sí queremos que se legisle, pero que se haga una reforma real y no de cartón.

Existen varios ejes fundamentales, respecto a los cambios que requiere el país para que el sistema educacional chileno sea justo y con igualdad de oportunidades para todos los estudiantes chilenos y sus familias.

Gratuidad:

En esta materia, la reforma del Gobierno propone continuar con un sistema de gratuidad que beneficia a un número reducido de personas, excluyendo a la mayoría de las familias chilenas, siendo una especie de “beca”, que se regula año a año a través de una glosa presupuestaria porque depende los vaivenes de la economía.

La propuesta de la CONFECh consiste en la gratuidad universal, pues la educación es un derecho fundamental y todos los ciudadanos chilenos deben tener derecho a ella sin distinción alguna. En Chile existen los recursos para ello, pero están mal distribuidos. Si los recursos del CAE, todas las Becas y la gratuidad se ingresaran al sistema de gratuidad, más del cincuenta por ciento de los estudiantes de Chile tendrían acceso a la gratuidad.

Fin al CAE:

La reforma del gobierno ha mantenido este sistema de crédito en que se lucra con los recursos del Estado que ingresan a los bancos para otorgar los créditos a los estudiantes. Es por esa razón que como CONFECh proponemos fin a CAE y a todo sistema de endeudamiento, proponiendo que esos recursos millonarios ingresen a la gratuidad y no a los bancos.

Marco regulatorio único:

Proponemos que exista una regulación única para instituciones privadas y estatales, estableciendo iguales derechos para los estudiantes de universidades estatales y privadas, iguales obligaciones de sus instituciones para con ellos, y que el Mineduc esté facultado de la misma forma para sancionar a ambos tipos de instituciones. Actualmente los estudiantes de instituciones privadas no tenemos un verdadero derecho a la educación, sino que somos más bien usuarios de un servicio educacional.

Lucro:

Proponemos que sea penalizado el lucro no con una pena simbólica como propone el Mineduc sino que con cárcel efectiva, porque lucrar con la educación implica un daño a la sociedad toda, no solamente a una institución en particular y a su comunidad universitaria. Es importante también que se penalice el lucro en los IP y CFT.

Fortalecimiento de la educación pública:

Es necesario que más estudiantes puedan acceder a la educación pública, que se aumenten sus matrículas para que más estudiantes tengan oportunidad de estudiar en universidades del Estado, muchas de ellas actualmente, están sufriendo un abandono de su parte, quién no está otorgando los recursos necesarios para su correcto financiamiento.

Finalmente, las instituciones en crisis, con la reforma del gobierno, se deja a los estudiantes a la deriva por que no existen modificaciones a la actual ley 20.800. El hecho de que la administración provisional sea sin recursos del Estado, la convierte en una administración de cierre.

El Estado no invierte en la educación de los estudiantes de una universidad en crisis, sino que permite que la institución se deteriore y colapse para luego proceder al cierre de la misma, en condiciones que tampoco resguardan el derecho a la educación. Es por ello, que esta ley en sí es vulneradora del derecho a la educación, y no se le realizan modificaciones sustanciales en el proyecto de ley presentado por el gobierno.