El divorcio entre poder político y económico

Tras conocerse la semana pasada el Imacec de febrero de 1.3%, el más bajo desde 2009, caben varias reflexiones, aunque la más importante es que las cifras hacen pensar que claramente nuestra economía no repunta. Los datos indican que un gran porcentaje de chilenos carece de ingresos para crear una demanda adecuada de los bienes y servicios que produce la economía. Esta falta de demanda es interpretada por los economistas como una actitud cautelosa ante un mercado laboral que no genera un empleo bien remunerado y sostenible en el tiempo; insisten en declarar como emprendimiento el aumento de la actividad por cuenta propia que no asegura cotizaciones de salud ni jubilación.

Las rentas de la población son demasiado débiles como para replicar el consumo histórico que se vivió durante la década pasada, impulsado principalmente por la capacidad de endeudamiento de las personas. Fueron años que determinaron la importancia política del Ministerio de Hacienda a tal punto que era este ministro quien determinaba ideológicamente la ciencia económica. Lo relevante era controlar los niveles de deuda pública y obtener capitales de inversión a como diera lugar. Luego vino la tempestad. Las sucesivas iniciativas de regulación y reformas; los escándalos de política y dinero; las instituciones vulneradas por su propia gente y nuevos datos de irregularidades en servicios estatales han provocado altos niveles de estrés público y privado. Han determinado la fractura de la disciplina económica: el maridaje entre política y poder económico se ha disuelto.

La clase política ha olvidado en gran parte su capacidad para generar acuerdos con la población, defender derechos y legislar en base a una economía competitiva en su oferta y demanda. Las élites políticas se encuentran aisladas y confundidas sin capacidad y velocidad de reacción. También están envejecidas. Unos esgrimen que la razón para el estancamiento económico está en el alza de impuestos, el exceso de deuda pública, mayores regulaciones y desconfianza en el mercado junto a reformas mal planteadas y peor ejecutadas, que una vez corregidas estas acciones se podrían esperar más inversiones, más crecimiento económico y más empleo. Otros defienden un aumento del gasto fiscal en pensiones solidarias, educación, salud y mayores regulaciones de sectores estratégicos de la economía, subsidio al empleo y más impuestos a la minería y la riqueza.

Cualquiera sea la opción, ninguna resuelve completamente el mercado del empleo, tampoco eliminan la desigualdad, una consecuencia concreta de la falta de capacidad política de las élites. Las razones de estas incapacidades son variadas, sin embargo, la denominada ciencia económica, que es una disciplina social, ha sido esgrimida como la solución al crecimiento y desarrollo por capitalistas y socialistas, pero esto no se logrará sin un programa político que reúna ideas y acciones con pragmatismo y seriedad. La pregunta que surge entonces en un amplio porcentaje de la población, es si la clase política chilena tendrá la decisión, capital intelectual, credibilidad y fortaleza partidaria como para resolver el conflicto de la política económica.