Rector de la U. Mayor: “El CRUCh se ha transformado en el último tiempo en una gran empresa de lobby”

Sigue la discusión por la Ley de Educación Superior. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha recibido a diversos actores quienes -en su mayoría- se han mostrado críticos respecto a la indicación sustitutiva que ingresó el Gobierno y que modifica varios aspectos de la reforma a la Educación Superior.

Dentro de estos actores, el miércoles 3 de mayo, el Rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, asistió a esta instancia legislativa y realizó diversos cuestionamientos a varios de los aspectos centrales de la reforma.

En entrevista con El Dínamo, el Rector profundizó en sus críticas al Consejo de Rectores y la manera en que éste habría presionado al Gobierno para mantener condiciones beneficiosas respecto del resto de las universidades, así como también cuestionó la política de gratuidad universal, ya que según plantea, es una política que finalmente afectará la cobertura en el sistema.

– ¿Qué efectos tendría para el sistema esta pérdida de autonomía?

– El proyecto de ley en casi todos sus capítulos trae una pérdida de la autonomía de las universidades chilenas. Eso involucra varios elementos. El primero es que la autonomía universitaria es un activo del sistema universitario, esto les permite desarrollar sus proyectos académicos con plena libertad de acuerdo a lo que ocurre en el mundo.

– ¿Cuán grave sería esta pérdida de autonomía?

– Las universidades deben disponer de una agilidad gigantesca ante lo que ocurre en el mundo. Hay una pérdida académica, administrativa y financiera, en consecuencia, yo no me atrevería a decir -cual más o cual menos- coarta más la autonomía que el otro. En su conjunto se pierde la autonomía universitaria. Lo que fue ratificado por el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, él con su visión ex Rector de la Universidad Católica de Valparaíso, también denunció que las universidades van a perder autonomía.

– El proyecto plantea una mayor injerencia del Estado. ¿Teme que esto pueda traducirse en una contracción de la oferta?

– La verdad es que hace casi dos años le hice una pregunta a la ministra de Educación, Adriana Delpiano: ¿Con qué derecho el Estado va a coartar los sueños de los más necesitados, de las familias más necesitadas? Aduciendo que, con una política de gratuidad universal, lo único que va a ocurrir en este país, es que vamos a tener una disminución en la cobertura educacional y una educación segmentada por estratos socioeconómicos, perdiendo la heterogeneidad de proyectos educativos, algunas universidades van a educar solo a la elite económica. Sin embargo, esa heterogeneidad social va a desaparecer. Es un elemento grave, desde un punto de vista social, desde una mirada de futuro. Con una gratuidad universal, no estamos haciendo otra cosa que financiar la educación de los más ricos, como producto el Estado de Chile va a asignar menos recursos, en la práctica va a estar presionada la oferta hacia la baja. Van a existir menos vacantes y no se podrá llegar a los 2 millones de jóvenes educándose en un nivel educacional. El Estado por una decisión administrativa, va a coartar los sueños de los más pobres.

– Diversos actores del mundo privado han acusado al Gobierno de ceder a presiones del CRUCh….

– La verdad es que el Consejos de Rectores de las Universidades Chilenas, se ha transformado en el último tiempo en una gran empresa de lobby que ha presionado, sin lugar a dudas, a que el Estado cambie su actitud en torno a lo que es una reforma de Educación Superior.

Hoy en la práctica tenemos dos reformas: una con una mirada que trata de ser sistémica, que no lo es, y otra, con un proyecto de ley que según han prometido las autoridades se enviará dentro de los próximos días, que dará un trato preferencial a las universidades estatales. Este último hecho, es fruto de la presión política de las universidades del Consejo de Rectores, por lo tanto, ha significado que el Estado de Chile y el Gobierno de turno tengan una mirada distinta a lo que es el sistema universitario versus las universidades del Estado.

– A su juicio ¿por qué se produce esta situación?

El Consejo de Rectores presionó en algo que era lo mejor que tenía el proyecto original, y que estaba relacionado a los aportes basales y transformarlos en aportes concursables a todo el sistema. El CRUCh presionó para terminar con el Aporte Fiscal Indirecto, presionó para tener una ley propia y tener una mirada sesgada de lo que es el sistema universitario chileno. El CRUCh representa a menos de un cuarto de la matrícula de la educación chilena. Y a mí no me parece que como producto de presiones el Gobierno ceda. Hoy se está trabajando el nuevo proyecto de ley con los rectores de la UES estatales, redactando de acuerdo a la visión de estas universidades y de esos rectores, dejando de lado al resto de los actores del sistema de educación superior universitario. En el fondo existirán dos reformas.

– ¿Cuál es su visión respecto a la eventual eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE)?

– Yo creo que aquí hay dos visiones complejas. Una que el CAE ha significado el endeudamiento de las familias, y otra que el CAE ha permitido que familias, cuyos hijos son talentosos pero que provienen de familias vulnerables puedan estudiar y mejorar, rompiendo el círculo de la pobreza a través de la educación. Como sociedad me parece positivo. El principal problema del CAE es que tenía una tasa de mercado, se hizo una modificación, se bajó la tasa, se estipuló el servicio de la deuda contingente al ingreso. Pero falta dar un paso adicional, que es unificar los sistemas de financiamiento, ya que hay desigualdades odiosas entre alumnos de las universidades privadas y del CRUCh que deben terminar. Hay un consenso en término de sacar a la banca y que opere a través de un organismo público, tal vez solo habría que preocuparse que ese crédito sea devuelto.

– ¿Cuál es a su juicio una alternativa adecuada a este financiamiento?

En consecuencia, yo creo que el CAE si efectivamente se termina y no hay otra fórmula alternativa va a traer consecuencias nefastas y que va a significar que cientos de miles de familias no puedan acceder a los estudios de sus hijos. Estoy de acuerdo en que debemos mejorar las condiciones. Por de pronto, la eliminación del CAE y condonación de la deuda que están pidiendo los jóvenes significa 3 puntos del PIB, 4 mil millones de dólares, no sé si el estado de Chile puede afrontar ese gasto.