Municipalidad de Chillán violó una donación modal

En el año 1929 la familia Schleyer, a través de una escritura pública debidamente inscripta en el Conservador de Bienes Raíces, le dona a la Municipalidad de Chillán un predio de 9 hectáreas rurales, con sus derechos de aprovechamiento de aguas, con la obligación modal de que en el plazo perentorio de 2 años se iniciaran las obras preliminares de un parque público, es decir, estamos hablando de un área verde de esparcimiento para los ciudadanos. Para dejar de manifiesto cómo se iba a administrar este futuro espacio comunitario se estableció que sería una comisión conformada por 3 miembros de la familia donante y otros tantos de la municipalidad, los que iban a tener la responsabilidad de ejecutar en su integridad la obra.

Dicha escritura mandaba lo siguiente: “Si en el término de 2 años, a contar de su fecha, la municipalidad no ejecutare el plano del parque y trazare las líneas en el terreno e hiciere las plantaciones correspondientes, quedará de hecho sin ningún valor ni efecto la donación”. Pero sucedió lo que desde muchos años estamos denunciando en orden a que el municipio discrecionalmente se adueñó del terreno para llevar a cabo ciertos proyectos ajenos al objetivo mencionado en la escritura.

A modo de ejemplo, se construyó el estadio municipal de fútbol Nelson Oyarzún, el municipio le regaló a la Sociedad Fiestas del Caballo Chileno un paño de casi 2 hectáreas para construir una medialuna y aunque el lector no lo crea, ahora su actual dueño, la cofradía de huasos, pretende venderlo para obtener la consiguiente plusvalía patrimonial y se comenta que la propia municipalidad está interesada en comprarlo o bien negociar un trueque por un terreno localizado en el camino a Coihueco, en las inmediaciones del aeródromo.

En el parque se construyeron varias viviendas de alta gama para familias acomodadas de la ciudad, suponiendo que los sitios en donde se emplazaron fueron vendidos por el municipio, como también existen unas cuantas poblaciones, algunas de funcionarios municipales y para facilitar el uso del automóvil de sus moradores se autorizó la instalación allí de una bomba de bencina.

Está claro que en la actualidad ese terreno de la familia Schleyer está en el sector urbano de la ciudad, por lo tanto su avalúo comercial es muy distinto al que tenía hace 70 años y el rangoso municipio no encontró nada mejor que cederle unos lotes a la ONG Luces del Futuro, presidida por María Eugenia Martín, cuyo dilecto esposo es el concejal Jorge Vaccaro.

También el municipio le concedió otro lote a la Corporación Arte y Cultura mientras allí mandaba como directora Berta Dueñas. La construcción del inmueble de esa persona jurídica sin fines de lucro corrió por cuenta del gobierno regional, presidido ejemplarmente por el consejero Gustavo Sanhueza, hijo regalón de la mencionada directora. Como se comprenderá estos predios obsequiados a terceros se materializan a través de los conocidos comodatos a infinidad de años, siendo los beneficiados aquellos particulares relacionados con el poder.

Después y como el alcalde Sergio Zarzar está muy comprometido con las organizaciones sociales de las fuerzas vivas de la ciudad, durante el año 2013 anunció con bombos y platillos que en un determinado sector del parque Schleyer se iba a construir un centro de salud, el cual se inauguró hace poco y está cumpliendo a cabalidad su cometido social.

En todo caso y, como hemos constatado, ese terreno de 9 hectáreas se ha ido reduciendo paulatinamente a través del tiempo, pues no solamente existen las cesiones indicadas sino otras tantas que no es del caso mencionar, pero sí tenemos la obligación de aludir a una denominada “Transferencia de Recursos” entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Municipalidad de Chillán para que el primero construya 5 torres habitacionales en altura en el terreno del parque, modificando el dominio legal del edificio consistorial y del Teatro Municipal, ello a la luz de la crónica publicada el 13 de mayo de 2017 en el diario La Discusión de Chillán.

¿Qué dice ese reportaje?

“………… en virtud de lo descrito, y de las sucesivas transferencias, el Serviu adquirió en el año 1980, mediante escritura pública de permuta, que le hizo la municipalidad de Chillán, en la suma de $ 14.408.415, el inmueble en donde ahora pretende construir las torres. La entidad edilicia obtuvo de este comodato la potestad del edificio municipal, incluido el teatro municipal, que hasta el año 1980 era del Serviu. Zarzar manifestó sobre esto que si bien era necesario tener el control del edificio municipal, jamás yo habría autorizado la permuta de terrenos del parque, pues en ese tiempo la ciudad tenía muchos otros terrenos para transferir al Serviu. Fue por tanto una falta de visión de ciudad que pagamos caro”.

De ello se desprende que el alcalde Zarzar hace un mea culpa respecto a las actuaciones pasadas de él y de sus antecesores, lo que nos permite afirmar que el emprendimiento del Serviu ya debería estar abortado, a pesar de que cuenta con el terreno asignado para sus elevadas torres. Si nos pusiéramos serios este pequeño remanente del parque debiera ser habilitado próximamente como tal, con todas las especies vegetables disponibles en la región, para así respetar la memoria histórica de su egregio donante.

Suponemos que la opinión pública chillaneja comprenderá que las obligaciones modales escrituradas se deben respetar y si en este caso ello no ha sucedido, es porque sus autoridades locales no han tenido la fuerza necesaria para ceñirse a la ley y estamos seguros que Zarzar, aunque a destiempo, ahora atinará y el Serviu podrá edificar su torres en otro lugar, comprometiéndose este columnista a visitar la ciudad en el día de la inauguración del pulmón verde y comerse allí unas exquisitas longanizas.

Por último y sobre este tipo irregularidades en el ámbito de la ciudad, recordemos lo que hizo el Club Deportivo de la Universidad Católica con el Estadio Santa Rosa de Las Condes, predio de 5 hectáreas tipificado como área verde, localizado en la ribera sur del río Mapocho, que le fue donado por el Estado en el año 1970, con la misma obligación modal a la Pontificia Universidad Católica. Pasando por alto un contundente dictamen de la Contraloría dicho parque se le vendió en 35 millones de dólares a un empresario inmobiliario quien edificó allí 3 torres de oficinas.