Pobreza, la más mortal de las enfermedades

La pobreza daña la vida de los que nacen, crecen y se desarrollan en ella. La epidemiología es el estudio de los procesos biológicos, conductuales y psicológicos que vinculan la salud y el riesgo de enfermedad adulta a exposiciones sociales presentes durante la gestación, nacimiento, infancia, adolescencia y tempranamente en la adultez. Según esto, la enfermedad crónica adulta refleja el haber vivido expuesto a ambientes físicos y sociales dañinos.

La pobreza limita las oportunidades, acorta la vida, secuestra las opciones para una vida autónoma y digna. Y explica la mayor parte de las inequidades en salud y enfermedad física y mental. Esto es, las diferencias injustas y evitables observadas entre las personas de un determinado estrato socioeconómico.

Por estos días, en el fragor de las entrevistas periodísticas a propósito del lanzamiento de nuestra campaña anual de socios y del estudio sobre pobreza que hicimos con Adimark, he insistido en comentar las observaciones que se hicieron a la Iniciativa 25×25 de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS propuso reducir en un 25% la mortalidad prematura por factores de riesgo modificables para el año 2025, a partir de la ejecución de políticas públicas focalizadas. Los factores considerados eran 7: consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, ingesta de sal o sodio, tabaquismo, hipertensión, diabetes y obesidad. Ante esto, científicos de importantes universidades en Estados Unidos, Australia y varios países de Europa, lograron demostrar, a través de una investigación con 1.7 millones de personas, que la pobreza es un factor de riesgo modificable que incide en la mortalidad prematura de manera más decisiva que varios de los factores de riesgo antes mencionados.

Hoy nadie discute que la pobreza no es exclusivamente una cuestión de falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional, donde a la falta de ingresos se suman una serie de otros aspectos necesarios para garantizar las oportunidades de un pleno desarrollo.

Hasta los años 80, la pobreza era considerada un estado de carencia que se enfrentaba con caridad, subsidios, buena voluntad. Ahora hay consenso mundial: la pobreza es un problema de derechos humanos urgente, que impone a los que en ella viven enormes dificultades físicas, económicas y sociales para ejercer sus derechos. La obligación de los estados con respecto a los derechos humanos es respetarlos y garantizarlos. El no cumplimiento de este mandato daña la vida de las personas, en especial la de los grupos más pobres y excluidos; limitando su autonomía; disminuyendo su participación social; restringiendo su acceso a la educación, la salud, la vivienda, la protección social; excluyéndolos a espacios violentos y peligrosos; imponiendo sobre ellos el prejuicio; mermando su confianza y limitando su aporte a la construcción de la justicia social.

En 2013, por primera vez, Chile incorporó en la encuesta CASEN aspectos que dan cuenta de los factores que entorpecen e impiden el pleno desarrollo de las potencialidades de sus ciudadanos, lo que, sin duda, es un progreso.

Nuestra campaña de socios 2017 también lo es, porque define la pobreza como la más profunda vulneración de los derechos humanos. En particular, de los más indefensos, que son los niños y los adolescentes. “Nacer y crecer el pobreza es la mayor vulneración de derechos humanos”, declaramos, pensando en esos casi 80 mil niños y jóvenes que no abandonan por gusto el sistema escolar, sino que han sido excluidos de él. El sistema educacional chileno tiende a estigmatizar y marginar a jóvenes que presentan necesidades especiales o dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, ausentismo, indisciplina, sin darse cuenta de que se trata de respuestas adaptativas a la vivencia de la exclusión social en una de las etapas más complejas de la vida. Esta es una cara de la pobreza, que daña, duele y mata, como la grave enfermedad que es.