Recursos hídricos: más vital que nunca
Albert Einstein, en una de sus tantas frases célebres, afirmó que la 3ª Guerra Mundial estaría motivada por una sola causa: la escasez de agua. Es de esperar que la expresión del genio no pase, sino, de ser una advertencia. Pero como advertencia, hay que tenerla presente de cara al futuro.
Felipe Matamala es Dirigente de Amplitud. Ingeniero en Negocios Internacionales y tesista del Master en Gobernanza de Riesgos y Recursos de la Universidad de Heidelberg. Estudiante de Administración Pública en la Universidad Mayor.
Uno de los grandes desafíos que tiene Chile es en cómo la institucionalidad y la regulación a las actividades privadas, no merman el importante rol que tiene el Estado en la provisión de servicios básicos, siendo estos claves para el bienestar de la ciudadanía. En dicho contexto, los denominados bienes comunes juegan un papel clave.
La regulación en torno al uso y acceso al agua destaca entre aquellos elementos donde la institucionalidad evidencia los problemas que significa para la ciudadanía la ausencia del Estado en la gestión de aspectos claves para el desarrollo de los territorios.
Hoy en día no existen mecanismos ni herramientas que permitan gestionar dicho recurso desde una perspectiva estratégica, que tenga como paradigma el bienestar de la ciudadanía.
Es más, el cariz productivo en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas, prevalece sobre otras formas de uso por parte de la ciudadanía, pudiendo ser éstas espirituales, culturales, ambientales, deportivas o turísticas. Lo anterior consecuencia de cómo es la aplicación del Código de Aguas en la resolución de solicitudes de derechos de aprovechamiento, en la Dirección General de Aguas.
Más allá de los juicios propiamente jurídicos, quisiera referirme, en términos prácticos y con datos, al problema del agua; problema multiescalar presente tanto en la mayoría del país, como en la V Región Cordillera. Desde aquellos que en la actualidad tienen un derecho de aprovechamiento de aguas, como aquellos que su obtención le es prácticamente imposible.
Efectivamente, en Chile no existe disposición constitucional alguna que garantice el “derecho al agua”, como sí existe para la vida, la salud –entre otros-. Pero sobre el agua, nada. Todo lo anterior en un contexto en que el 76% de la superficie del país está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, lo que equivale a 57,5 millones de hectáreas, donde en ellas viven 11,6 millones de habitantes: el 65% de la población nacional. (Datos del “Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile” de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)).
El problema se agudiza entre las regiones IV y VIII. Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana concentran el 70% de las 101 comunas del país que presentan en forma simultánea síntomas graves de esos tres factores. Los datos son, por lo bajo, alarmantes.
Enfrentados a lo anterior y teniendo presentes las obligaciones contraídas por nuestro país con la ONU respecto a la materia, obligan a alinear las estrategias en la temática, estableciendo una categoría especial que tenga presente dos asuntos que puede aparecer colisionando: el derecho de propiedad que actualmente algunos tienen sobre el agua y, por otro, el acceso al recurso, ambas dimensiones que finalmente confluyen en el uso del recurso por parte de los actores.
Estimo que la tramitación que actualmente se lleva a cabo en el Congreso Nacional, respecto a las modificaciones en el Código de Aguas, debe avanzar en reconocer la importancia del agua como institución social. Es decir, cómo a través de la normativa se regula el acceso y uso de los actores hacia el recurso, y cómo avanza en incorporar el acceso a la misma como un derecho social, ya que la ausencia de la misma, sin lugar a dudas, provoca un desmedro en la calidad de vida de nuestros compatriotas, tanto por aspectos sanitarios, de salud y otros.
No se debe perder la mirada a futuro sobre el uso y manejo de los recursos hídricos. La acumulación de los mismos por parte de algunos pocos, en contraste a la escases y necesidad de unos muchos, sin lugar a dudas exacerba los conflictos que enfrentamos como sociedad, provocando tanto insustentabilidad de negocios a largo plazo, por judicializaciones u otras protestas locales, pasando por alteraciones a la calidad de vida de las comunidades, por fractura del tejido social, o incluso aspectos más complejos, como lo es la migración forzosa por parte de la comunidad, consecuencia que no cuenta con éste vital recurso para su subsistencia.
La educación, la salud, las pensiones y el acceso al agua serán temas que de seguro estarán presentes en la discusión parlamentaria y presidencial de este año. Creo que los cambios al sistema productivo no deben ir por el camino de estatizar la prestación de servicios, sino que, más bien, encontrar un nuevo modelo de cooperación que supere la subsidiariedad imperante para que los beneficios sean para la comunidad en su conjunto, así estos adquieren un rol importante en el manejo y gestión de los recursos desde “abajo hacia arriba”.
Sólo estudiando cada una estas materias en su mérito podremos, quizás, cambiar el mundo desde un sistema de capitalismo voraz a uno de escala humana y de cooperación, sólo así podremos demostrar que Einstein estaba equivocado.
