Ignacio Sánchez, rector de la PUC: “Creemos que esta política de Estado no va a ser sustentable a lo largo del tiempo”

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se ha convertido en una voz importante en medio de la discusión de la Ley de Educación Superior, con serias dudas respecto al Proyecto de Ley que se discute en el Congreso. En estos últimos 10 meses, la máxima autoridad de la PUC ha planteado deficiencias en la normativa, ya que según su parecer amenaza a la autonomía de las instituciones y la diversidad del sistema educativo.

En entrevista con El Dínamo, el médico de profesión detalló estos cuestionamientos, los que a su juicio pondrían en jaque a las instituciones de educación superior (IES), más cuando en la Cuenta Pública, la Presidenta Michelle Bachelet destacó el aumento de la gratuidad al 60% más vulnerable en miras a una gratuidad universal, política que ha sido criticada por la pérdida de financiamiento que ella implica en un modelo que -según algunos entendidos- ha demostrado que no funciona.

–  ¿Cuál es su postura frente a la gratuidad? ¿Es una política viable a largo plazo?

– Queremos destacar la importancia de la universidad en la implementación de una política de gratuidad focalizada en los alumnos más vulnerables. Nosotros estamos de acuerdo, la hemos apoyado desde el inicio. Quisimos entrar a la gratuidad porque consideramos que iba a ser una política inicial, que requiere muchos ajustes…es distinto estar desde adentro y ver cómo funciona un sistema. Ahora, desde el principio, nosotros dijimos que no nos calza la sustentabilidad de la política porque pensábamos que los proyectos que son más costosos, que requieren mayor calidad, es importante que se manifiesten dentro de las transferencias.

Hay universidades en Chile que tienen una formación de estándar internacional, y eso tiene un costo. Entonces, creemos que esta política de Estado no va a ser sustentable a lo largo del tiempo porque produce un desfinanciamiento muy importante para las universidades con mayor costo. Si no se regulan los costos, va a haber un déficit tan importante, que va a afectar a la calidad. Si yo estoy invirtiendo menos, el producto final va a ser menor, y sería muy lamentable que la gratuidad trajera una disminución en la calidad.

– ¿Cómo esperan paliar al mayor déficit que significa un decil más?

– Vamos a tener que postergar otras cosas. Todo lo que ingresa a esta universidad se invierte en calidad, entonces podríamos no poder mejorar un edificio, o en más biblioteca, o en traer
más profesores. Y quienes fueron beneficiados con la gratuidad merecen que uno les dé lo mejor, no una segunda selección de cosas.

– El proyecto plantea que el Estado administre el sistema de acceso, las vacantes, el precio (aranceles y matrículas), fije sanciones y multas, etc. ¿limita esto la autonomía de las instituciones?

– Este es un tema crucial. Efectivamente, el gran riesgo que se corre es la autonomía universitaria. Por una parte, se plantea una Subsecretaría de Educación que tiene atribuciones muy exageradas y busca hacerse cargo de un sistema de admisión (que hoy está a cargo del CRUCh), quedando así a cargo del Gobierno de turno, sometida a presiones. Sabemos que hay que hacer mejoras a los instrumentos, pero sacar el sistema para dárselo a un organismo de Estado es inapropiado total. En segundo lugar, hay dudas sobre el rol de la Superintendencia, la que se necesita, pero eso no es razón para que choque, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Educación. Creo que hoy tiene funciones que no corresponden. Finalmente, están las atribuciones que se le quieren dar a la Agencia Nacional de Acreditación, porque sus funciones exceden lo que debería ser.

 

El gran riesgo que se corre es la autonomía universitaria. Por una parte, se plantea una Subsecretaría de Educación que tiene atribuciones muy exageradas y busca hacerse cargo de un sistema de admisión (que hoy está a cargo del CRUCh), quedando así a cargo del Gobierno de turno, sometida a presiones. Sabemos que hay que hacer mejoras a los instrumentos, pero sacar el sistema para dárselo a un organismo de Estado es inapropiado total. Hay dudas sobre el rol de la Superintendencia, la que se necesita, pero eso no es razón para que choque, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Educación. Creo que hoy tiene funciones que no corresponden.

– En esa misma línea, ¿cómo percibe usted la propuesta de aseguramiento de la calidad?

– Creo que las universidades que no cumplen los estándares no deben seguir trabajando. Yo soy partidario de una acreditación obligatoria, porque cuando una de estas instituciones fracasa, hay una responsabilidad del Estado que permitió que esto pasara. El problema es que la acreditación no puede ser sola, tiene que haber un acompañamiento, es decir, si hay un fracaso de la acreditación deben haber alternativas para que todas las instituciones alcancen un cierto nivel de calidad. Yo creo que es el real desafío.

Está bien que el Estado fortalezca a sus instituciones, y tiene que priorizar a las instituciones regionales, pero esto no puede ser a expensas de las demás instituciones del CRUCh. Si por fortalecer a unas, se va a dañar a las otras, se queda en deuda. Al hacer esta división, el Gobierno está haciendo una discriminación que no se condice con la historia ni con el aporte que estas instituciones le hacen al país. Esto me parece un error histórico. Las universidades estatales van a tener más financiamiento por ley, mientras que las del G-9 solamente por glosa. Eso no lo podemos aceptar, porque esto puede dañar el desarrollo de las universidades, porque cuando la glosa crea una incertidumbre para el resto de las instituciones.

– ¿Cómo se entiende la diversidad del sistema?

– Esto tiene que ver con un concepto que es la valoración de lo público. Si yo pienso que lo público es sólo lo que proviene del Estado, estoy poniendo un apellido de propiedad, y creo que esto va más allá. Cuando usted propone estos principios de aportar a lo público, comienzan a florecer diversos proyectos educativos, que son complementarios.

¿Qué le parece que haya un proyecto especial para fortalecer a las universidades estatales y dotarlas de un financiamiento distinto que al resto del CRUCh?

– Creo que está bien que el Estado fortalezca a sus instituciones, y tiene que priorizar a las instituciones regionales, pero esto no puede ser a expensas de las demás instituciones del CRUCh. Si por fortalecer a unas, se va a dañar a las otras, se queda en deuda. Al hacer esta división, el Gobierno está haciendo una discriminación que no se condice con la historia ni con el aporte que estas instituciones le hacen al país. Esto me parece un error histórico. Las universidades estatales van a tener más financiamiento por ley, mientras que las del G-9 solamente por glosa. Eso no lo podemos aceptar, porque esto puede dañar el desarrollo de las universidades, porque cuando la glosa crea una incertidumbre para el resto de las instituciones.

– ¿En qué está la demanda de la PUC contra el Estado? ¿Definitivamente eso se terminó o están esperando que el Gobierno cumpla su compromiso para retirarla?

– Llegamos a una propuesta consensuada de que el Gobierno iba a presentar un proyecto de ley, el que fue ingresado hace unos días, para entregar un monto reducido de recursos y eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y esperamos que este proyecto se apruebe durante junio. Dejamos detenida la demanda hasta que este proyecto se apruebe.