Los tardíos anuncios presidenciales sobre La Araucanía

La Presidenta Bachelet ha formulado una serie de anuncios sobre La Araucanía y sobre los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular, en el marco del We Xipantu, año nuevo mapuche, y del día nacional de los pueblos indígenas.

Valorable, sin duda, es el perdón que la mandataria pidió al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con ellos o sus comunidades.” Se trata, sin embargo, de un perdón que había sido formulado por el primer Intendente de la Araucanía de su gobierno, Francisco Huenchumilla, y que tuvo en su momento impacto importante en la región, ya que fue considerado como un gesto de que las políticas del Estado en relación al mundo mapuche serían revisadas y reformuladas, cuestión que lamentablemente no ocurrió.

Destacables también fueron los anuncios hechos por la Presidenta en el sentido de la inclusión de las propuestas que surgieron del proceso constituyente indígena para el reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos en el texto de la nueva constitución que propondrá al Congreso; la suma urgencia que se otorgaría a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y también el Consejo de Pueblos Indígenas; y la firma del proyecto de ley que establece como feriado nacional el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, el año nuevo indígena.

Sin embargo, muchos de los anuncios de la Presidenta – entre ellos los referidos a la creación de un Comité Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas; el impulso de la política de Desarrollo Productivo Regional y Territorial, con una inversión en obras públicas; la puesta en marcha de una política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región; y el anuncio de un proyecto de Ley Araucanía, que pone acento en el fomento productivo – estuvieron claramente orientados a dar respuesta a las propuestas emanadas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Vargas, integrada por veinte representantes del ejecutivo, de iglesias y del sector privado, pero de precaria participación mapuche. Cabe recordar que la marginación mapuche de su participación en esta Comisión estuvo motivado por el rechazo que provocó en sus organizaciones representativas la designación de sus interlocutores por quienes la coordinaron, sin respeto al derecho que asiste a los mapuche, como pueblo indígena, de definir a sus propios representantes en este tipo de instancias.

Igualmente, cabe recordar que las propuestas emanadas de la Comisión Asesora, lejos de hacerse cargo de los problemas medulares de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado – entre ellos la protección de sus tierras y territorios y del derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo en el contexto de la proliferación de proyectos de inversión – en particular forestales e hidroeléctricos- en la Araucanía y regiones aledañas, muchos de ellos impuestos sin procesos adecuados de consulta y consentimiento y sin participación en sus beneficios, respondieron a las preocupaciones de los gremios productivos de la Araucanía en el contexto de la conflictividad creciente existente en la región. En este sentido, las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Araucanía, lejos de constituir un avance, han sido consideradas como un retroceso en relación a aquellas formuladas hace ya más de una década por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, las que intentaron dar cuenta y superar los problemas de fondo de la relación del Estado con los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo mapuche. Por lo mismo, las recomendaciones de la Comisión Asesora, generaron malestar y frustración en el mundo mapuche.

Los anuncios de la Presidenta se hacen a menos de un año de terminar su gobierno, administración que ha estado marcada por una política errática en relación al pueblo mapuche y a otros pueblos indígenas que habitan en el país. En efecto, su gobierno ha distado mucho de responder a los reclamos de estos pueblos por sus derechos colectivos – los que ahora anuncia serán constitucionalizados- derechos que el Estado chileno se ha comprometido a respetar y promover al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al adherir a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas.

Más grave aún, se trata de un gobierno que no ha enfrentado, y en esa medida se ha hecho responsable, de innumerables actos de violencia policial en contra de personas mapuche, muchos de ellos en contra de niños y niñas, como los ocurridos hace pocos días atrás en la comunidad de Temucuicui. Al respecto cabe recordar que la responsabilidad del gobierno frente al actuar policial abusivo que ha afectado a personas mapuche en decenas de casos durante los tres años de gestión de la Presidenta Bachelet, está determinada por la propia constitución vigente, la que otorga el control sobre la actuación de Carabineros al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por la gravedad que han tenido estos hechos abusivos, es lamentable que la Presidenta haya omitido referirse a ellos en su intervención.

Los anuncios presidenciales, además, se hacen a pocos meses del término de su gobierno, y por lo mismo contienen iniciativas tanto legislativas como de política pública que no podrán llevarse a cabo en un período tan breve, cuestión por cierto también lamentable. Todo ello hace presagiar que dichos anuncios no tendrán gran impacto en la superación de la situación de creciente conflictividad entre el Estado y pueblo mapuche, la que por lo mismo, quedará como un desafío pendiente para para una próxima administración.

Tal como desde organismos de derechos humanos hemos señalado reiteradamente, ello no será posible sin un dialogo con agenda abierta, que tenga al centro los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a identificar a sus interlocutores en él, y que sea desarrollado en un clima de confianza en que la violencia sea erradicada como forma de relacionamiento. Se trata de un desafío respecto al cual el Estado, como garante del bien común, tiene la responsabilidad principal.