INDH presenta recurso de protección para que personas privadas de libertad puedan votar

Con el propósito de que 264 personas privadas de libertad que están habilitadas para votar puedan ejercer este derecho en las próximas elecciones de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está presentando recursos de protección en doce regiones del país en contra del Servicio Electoral (Servel) y de Gendarmería.

Las personas habilitadas para votar que se encuentran actualmente recluidas no pudieron ejercer su derecho durante las pasadas elecciones primarias porque no hubo mesas instaladas en los recintos penales o no se les trasladó a las mesas en que estaban inscritos.

Lo anterior contradice los fallos de la Corte Suprema que en febrero de este año ordenó al Servel a adoptar las medidas necesarias para que las personas que se encuentran privadas de libertad pudieran ejercer su derecho a voto. Por su parte, Gendarmería también debe adoptar igualmente todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional que garantice el derecho a sufragio.

Según informa el INDH, 181 hombres y 83 mujeres que permanecen en 20 cárceles del país enviaron una carta dirigida al Servel actualizando su domicilio electoral y consultando cómo se haría efectivo su derecho a sufragio tras dichos fallos. Este organismo les respondió que el cambio de domicilio electoral “no obra en poder del Servicio Electoral petición alguna recibida con anterioridad a esta presentación, razón por la cual no se ha adoptado nada al respecto”.

El director del INDH, Branislav Marelic, sostuvo que “desde la recuperación de la democracia, las personas privadas de libertad que no cumplen penas aflictivas no han podido ejercer su derecho a sufragio, por tanto como INDH lo que buscamos a través de los recursos de protección presentados es que el Servel y Gendarmería promocionaran y respetaran el ejercicio efectivo del derecho a sufragio”.
Marelic agregó que “el derecho a voto también puede ser visto como una medida de rehabilitación e integración social”.

En 2016, el INDH presentó recursos de protección en ocho regiones del país, argumentando que el Servel está facultado a establecer circunscripciones electorales en relación a un determinado establecimiento o recinto penitenciario, y que este organismo había incurrido en una omisión ilegal al no querer garantizar y adoptar las medidas necesarias para el efectivo ejercicio del derecho a sufragio.