Consideraciones sobre el proyecto de Migración

El pasado lunes 21, la Presidenta firmó el proyecto de Ley de Migraciones. Esto genera la duda de por qué a siete meses de terminar su periodo de Gobierno, en un escenario que no es favorable dada la cantidad de proyectos que se están tramitando, la Nueva Mayoría decide apresurar este propósito.

Estas políticas debieron ser prioridad desde el comienzo del Gobierno, ya que la migración en Chile ha ido evolucionando en las últimas décadas, tanto por la percepción de estabilidad económica, como política, que representa el territorio chileno para los extranjeros. En este sentido, nuestro país se transformó en una residencia atractiva para los inmigrantes, sobre todo proveniente de países latinoamericanos y más recientemente del Caribe. Según el informe del Departamento de Extranjería y migración (2015), en 1990 un 0,8%, es decir, 105.070 personas eran migrantes en el país y para el año 2016 se estimaba que el 2,7% -que equivale a 465.319 personas de la población total -estaba compuesta por extranjeros según la encuesta CASEN.

Las motivaciones para residir en Chile son multidimensionales, dependiendo de cada contexto, sería equivocado reducirlas a una causa. Sin embargo, la población migrante residente en Chile es inminentemente laboral, ya que según los datos del Observatorio Iberoamericano sobre movilidad humana, migración y desarrollo (Informe julio – agosto 2016) las tendencias etarias de los extranjeros en el país evidencian que el tramo entre 20 y 50 años representa un 65,5% del total de migrantes.

Todavía, los migrantes están regulados por el Decreto Ley N° 1.094 de 1975. Debido a ello, los criterios de la política migratoria chilena están sesgados en un fundamento dado al contexto histórico, político y económico que es completamente distinto al actual. Esto afectaría principalmente a la coordinación institucional entre los controles fronterizos y podría generar una interpretación inoportuna. De allí recae la importancia de formular un proyecto Ley de Migración que sea exhaustivamente estudiado para cubrir los requerimientos actuales en la materia.

En este sentido, firmar un proyecto que aún no es conocido por los parlamentarios en detalle y que además no tomó en cuenta para su diseño a todos los actores involucrados (organizaciones migrantes, entidades comunales, de regiones, etc. donde se concentran altos porcentajes de migrantes) da la señal de que adelantar este proyecto, en un escenario de elecciones presidenciales, y dado el requerimiento de interpelación al Ministro del Interior Mario Fernández, que enfrentará en dos semanas por el retraso de la gestión de éste Gobierno en presentar dicho Proyecto de Ley, sería una estrategia política.

Si bien no se conoce el texto completo del proyecto, se han dado a conocer algunas directrices que señalan una contextualización hacía los derechos de los migrantes y también a sus deberes. Esperamos que en él se considere los beneficios que trae la migración para el país, los cuales incluye, además del intercambio cultural, el aumento de demanda por el consumo, lo que aumenta la demanda en la producción incrementando el número de trabajadores y el empleo. Es importante que la política migratoria se adapte y considere al migrante como un aporte para la sociedad y no una amenaza, lo que de esta forma contribuiría a disminuir la migración irregular. Este proyecto debió ser analizado con anterioridad por el Gobierno de la Nueva Mayoría, incluyendo en ello a todos los actores involucrados para así lograr una contextualización adecuada a la realidad. Esperamos que, además en su texto, se establezcan límites en los derechos para la población de inmigrantes que no transgredan la prioridad de la población nacional.