Ministerio Público detalla el vínculo del grupo radical WAM con el caso Luchsinger-Mackay

Luego de que el grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM) se adjudicara los últimos ataques incendiarios en el sur de nuestro país, el Ministerio Público vinculó estos hechos directamente con  el desarrollo del juicio oral contra 11 personas por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013.

El fiscal Roberto Garrido, en conversación con el diario La Tercera, sostiene que esto surge tras “la aparición de un arma de fuego que fue encontrada en la Región del Biobío el año pasado, que fue periciada y comparada con otras pruebas recopiladas por la policía. Así, pudimos establecer que esta pistola fue utilizada en el crimen Luchsinger Mackay y, además, en otros cuatro hechos en la Región de La Araucanía. De esos cuatro, tres fueron reivindicados por WAM, en abril de 2016″.

“Luego, a partir de 2016, hay varios hechos de violencia que se producen después de las detenciones de los imputados del caso Luchsinger Mackay, los que también son reivindicados por WAM, dejando panfletos en que piden la libertad de estas personas. Y esto, claramente, constituye algún tipo de vínculo”, agregó.

En ese sentido, precisa que el radio de acción de WAM, “se ha ido extendiendo, se ha centrado en la comuna de Vilcún y ha afectado a la familia Luchsinger, que nos demuestra que hay un radio de acción común y un modus operandi muy determinado. También es muy importante que dos o tres días antes del juicio (Luchsinger), y durante el desarrollo de éste, se han registrado ataques a camiones, donde se han encontrado panfletos exigiendo la libertad de las personas que están vinculadas al homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay. El contenido de estos panfletos también alude a que se trata de una respuesta a lo que ocurre con las personas que están acusadas”.

Respecto a la investigación por asociación ilícita que se lleva a cabo en contra del grupo radical mapuche, explica que “es una causa que se inicia en abril del año 2016, en la cual se han realizado diferentes diligencias a partir de la información que se levanta de los ataques y de los panfletos. Se trata de diligencias de diferente naturaleza, como la materialidad de la que están elaborados estos lienzos o panfletos, el contenido caligráfico de los mismos y los propios mensajes que están contenidos. También se han encargado peritajes a Cibercrimen, de la PDI, para determinar las páginas web en que se alojan las noticias que levanta este grupo“.

Todo esto con el fin de “determinar cuál es la identidad de las personas que conforman esta agrupación“, por lo que junto a la Fiscalía de Los Ríos, que investiga el último ataque incendiario del pasado lunes en San José de Mariquina, asegura que “hay una constante coordinación en el trabajo del Ministerio Público. Todos perseguimos el mismo objetivo y no hay problema en compartir la información que sea necesaria“.