Hernán Larraín niega “defensa corporativa” al Senado por informes copy-paste

El senador UDI Hernán Larraín fue uno de los más enérgicos defensores del funcionamiento de la Cámara Alta al conocerse que el Ministerio Público investigará el uso de recursos fiscales en el pago de asesorías parlamentarias.

Larraín, quien además es presidente de la Comisión de Ética, dijo en su momento que “los fiscales están yendo demasiado lejos”, y que “no hay fundamento alguno para realizar algo así. Cuando los fiscales dicen que están investigando al Senado entero, están realmente haciendo algo que raya con la ofensa”.

Ahora, en carta al director publicada en El Mercurio, Larraín intenta explicar sus primeras declaraciones:

“He pasado una parte importante de mi vida parlamentaria -próxima a concluir como fruto de una decisión voluntaria- promoviendo la probidad y la transparencia. Es importante que la opinión pública sepa que no estoy defendiendo ni menos tratando de ocultar una conducta indebida o una actuación incorrecta de nadie. Muy por el contrario“.

“Lo único que me interesa como legislador, abogado y ciudadano es defender un principio: que se cumpla la ley. Por todos y especialmente por quienes han recibido el mandato legal de investigar ilícitos”.

Larraín argumenta que todo este debate se ha iniciado por una premisa errónea: “Se dice que el Senado estaría realizando una “defensa corporativa” al negarse a entregar todos los informes parlamentarios de todos los senadores, luego de que se hiciera una denuncia pública sobre la irregularidad que afectaría a uno de los senadores, que habría recibido y pagado un informe de asesoría copiado y pegado de internet.

“No existe ninguna defensa corporativa: si el senador Alejandro Guillier o cualquier otro legislador ha cometido una falta, una infracción o sencillamente un delito, será él quien deba defenderse de esa acusación. Lo mismo ocurre con los asesores parlamentarios”.

“Mi punto es otro: los fiscales tienen, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución y al artículo 166 del Código Penal, la facultad de investigar hechos que afectan a personas y no a grupos o colectividades de personas porque a una de ellas se le atribuye un hecho eventualmente ilícito. Lo contrario sería aceptar situaciones absurdas, como si en una universidad se descubriera que un académico cometió un delito tributario y se decidiera investigar a todos los profesores de la casa de estudios, al voleo, y no al acusado individualmente. Eso sería un “ataque corporativo”.