Código de Aguas: primó el sentido común
"El gobierno no tiene la capacidad ni expertise para equiparar una administración privada exitosa que por 200 años ha demostrado ser eficiente".
Felipe Martin es Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) y Presidente Asociación Gremial de Riego y Drenaje (AGRYD).
Hace unos días el ministro de Agricultura, Carlos Furche, sorprendió al mundo político y agrícola al anunciar que el gobierno quitaría urgencia al proyecto de reforma al Código de Aguas, para retomarlo post elecciones.
Por fin está primando el sentido común en este gobierno. Y es que esta modificación legislativa genera preocupación en el mundo agrícola porque, entre otras cosas, podría hacerlos perder gran parte del valor de sus tierras y echar al olvido decenas de años de inversión en los campos.
Hemos repetido hasta el cansancio que así como está planeado, este proyecto tiene un carácter ideológico y no apunta a resolver el problema de fondo, que es aprovechar mejor los recursos hídricos, almacenar mejor el agua para períodos de sequía e implementar tecnología en el sector para optimizar su uso.
Si bien el actual código puede mejorarse, debe hacerse en forma correcta y ajustarse a los tiempos que vivimos. La reforma no genera ni un solo litro de agua a nuestra matriz, y en vez de eso, equivocadamente se preocupa de quitar los derechos a quienes históricamente los han administrado en forma correcta.
Aumentar la presencia del Estado en la administración del agua provocará enormes dificultades, pues el gobierno no tiene la capacidad ni expertise para equiparar una administración privada exitosa que por 200 años ha demostrado ser eficiente, ha generado progreso y, más importante aún, ha plasmado el criterio de agricultores, canalistas y regantes.
Y no sólo eso. La modificación de derechos de propiedad podría generar un cambio de realidad importante, en el sentido de reducir profundamente la inversión privada a nivel nacional que históricamente ha contribuido a dinamizar este sector, conllevando un impacto negativo en el empleo y en el desarrollo de Chile.
La solución al problema pasa por transmitir confianza y fomentar la inversión público-privada. Esto, como política pública de largo plazo que trascienda el gobierno de turno, de manera de no estancar el desarrollo de infraestructura hídrica que actualmente tiene un retraso de 50 años respecto de países desarrollados.
En vez de preocuparnos en cambiar la ley, deberíamos estar trabajando para sacar adelante los proyectos de inversión, generando soluciones por la vía tecnológica, destinando un mayor presupuesto a un plan nacional de aguas y generando más alianzas estratégicas con los privados. Esa es la vía.
Nos alegramos por el “sentido común” del gobierno y esperamos se proyecte en el tiempo, más allá de las elecciones. Aspiramos a que esta pausa al vértigo legislativo sirva para comenzar de cero un proyecto donde participen usuarios de aguas, regantes, mineras, sanitarias, industria, comunidades, técnicos y, obviamente, agricultores, para trabajar en una ley moderna que resuelva el problema de fondo y genere progreso hídrico en Chile.
