Consejo de Defensa del Estado coincide con Contraloría por contratos cuestionados de Codelco
La disputa entre Codelco y la Contraloría por los contratos contraídos por la minera sumó una nueva arista, tras el envío de un documento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresado al 25° Juzgado Civil de Santiago en el que respalda los argumentos del entre contralor.
En las 61 páginas del informe, el que está firmado por la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, se explica que algunas acciones realizadas por la empresa estatal, específicamente la contratación directa de empresas relacionadas, serían acciones “contraria a las reglas básicas de la probidad pública”.
Según publica hoy El Mercurio, en el documento se agrega que los contratos cuestionados “comprometen la eficiencia y eficacia en el uso e inversión de los recursos públicos y siembra serias dudas sobre la transparencia y probidad con que se actúa en espacios tan importantes como el de la empresa cuprífera estatal, donde se concentran inmensos recursos”.
El centro de la polémica es una serie de contratos supuestamente irregulares, adjudicados sin licitación previa, por unos US$504 millones. Uno de ellos es conocido como contrato “Hatch”, firmado entre el gerente de proyectos Francisco Casas Cánepa con su suegro, Fernando Vivanco Giesen, por unos US$77 millones.
“Prohibir estas prácticas es fundamental para no insertar en la empresa dinámicas corruptas”, advierte el documento según El Mercurio, donde también se califica como “asombroso y extravagante” el recurso presentado por la minera en tribunales.
El argumento de la Contraloría es que la minera debe regirse por la Ley de Compras Públicas, mientras que Codelco argumenta que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que optó por la vía judicial para resolver el diferendo.
El escrito del CDE indica además que la interpretación de Codelco es contraria a la Constitución y añade: “El accionar de Codelco no están solo en juego los intereses particulares de los accionistas de una compañía -como sucede con las sociedades anónimas-, sino que están involucrados los intereses y los recursos del país”.
Considerando como antecedente el “caso Dávila”, el escrito del CDE asegura que la Ley de Sociedades Anónimas permite la contratación con un pariente en tercer grado de consanguinidad, esto constituye un delito bajo la Ley de Compras Públicas, “ilícitos que resultan aplicables a los directivos y funcionarios de Codelco”.
