Subvención paralizada

La Ley de Inclusión Escolar desde su formulación ha generado gran controversia -tanto en el debate político, como educativo- esto se refleja en que en menos de un año ya se han presentado dos proyectos de ley para corregir las medidas aplicadas en ella, las cuales en su gran mayoría han generado afectos adversos a su objetivo que es terminar con la segregación y mejorar la calidad de la educación chilena.

Llama la atención que en los recursos destinados a la educación en la Ley de Presupuesto 2018, no se haya considerado el aumento en la subvención escolar, que se acordó en la Ley de Inclusión Escolar, para los sostenedores que decidieron pasar a ser corporaciones sin fines de lucro. Dicha subvención debía aumentar de $8.300 a $10.700 por alumno matriculado. No obstante, el gobierno decidió congelar el presupuesto destinado a los establecimientos particulares subvencionados que pasaron a la gratuidad sin haberlo transparentado en la ley aprobada, afectando de esta manera a 2,7 millones de estudiantes.

Este arbitraje, que evidentemente perjudica a los establecimientos que confiaron en el gobierno de la Nueva Mayoría y a los mismos alumnos del país, demuestra una falta grave al compromiso adquirido por el Estado que oculta la irresponsabilidad con la que se ha gobernado y el voluntarismo ideológico que desatiende al sentido común y a la realidad económica. Por otro lado, también se observa la falta de rigor con la que se han formulado las políticas públicas en materia educativa, demostrando una falta de conocimiento de las reales necesidades en este asunto.

El “congelamiento”, como afirmó el Senador Hernán Larraín en un medio de prensa, apunta más a una “Ley de Exclusión” y no de inclusión, ya que quienes se verán mayormente afectados con estas medidas son los alumnos más vulnerables del país, a los cuales apunta esta ley.

Por otra parte, los colegios se están ocupando mayormente de cumplir los requisitos administrativos de la ley, los cuales les exigen ser dueños de la infraestructura de sus establecimientos, ser gratuitos, sin fines de lucro y que no exista en su admisión selección para sus postulantes, sumado a ello debemos recordar la implementación del nuevo sistema de admisión escolar (SAE); el cual, de forma aleatoria, elegirá sus estudiantes, teniendo preferencia en las vacantes los alumnos que tienen hermanos en el colegio, que son hijos de funcionarios y que son parte del 15% de los alumnos prioritarios. De esta manera, las corporaciones en vez de encauzar su proyecto educativo al mejoramiento de las metodologías de enseñanza y la calidad del mismo, se han tenido que enfrentar a un fuerte desconcierto y preocupación por cumplir las indicaciones establecidas en la ley, las cuales se hacen difícil de formalizar.

Tal vez a esto, apuntaba la Presidenta hace unos días cuando señalaba que su Gobierno se ha caracterizado por correr los límites de lo posible. Lo cierto (y lamentable) es que, al final de día, esta ley está generando más segregación, menos libertad, y lo más grave, empeora la calidad de la educación.