Corte confirma fallo que condenó a conocidos corredores de bolsa por estafa
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el 4 de abril pasado, que condenó a los ejecutivos de la empresa FIT Research Corredores de Bolsa S.A. a penas de 5 años, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal confirmó la sentencia que, en procedimiento abreviado, condenó a José Francisco Montaner Reyes, conocido ex comentarista económico en televisión; su padre Ricardo Montaner Lewin y ex gerente general de la corredora Gerardo Rojas Zegers como autores de los delitos de estafa reiterada, proporcionar maliciosamente antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y actuar como corredores de bolsas, pese a tener la inscripción respectiva suspendida. Estos hechos se habrían realizado entre 2013 y 2015.
Según el fallo, desde agosto de 2013 en adelante, los acusados desplegaron una serie de maniobras engañosas, ya que se presentaban ante el mercado y sus clientes como una empresa exitosa, solvente y sólida, aparentando que seguían actuado en el mercado bursátil, aún sabiendo que Fit Research Corredores de Bolsa S.A. se encontraba suspendida de realizar actividades comerciales en bolsa y fuera de ella y que les sería imposible responder antes las operaciones que realizaran por sus clientes.
Así, captaban nuevos clientes y más inversiones tantos de clientes recién incorporados a su cartera como antiguos, para lo cual falsearon sistemáticamente sus antecedentes financieros, tales como los denominados “índices financieros”, los cuales exhibían a sus clientes para asegurarles su buen estado monetario, acciones que realizaron principalmente estando vigente la suspensión de la corredora.
Estos clientes aportaron fondos a la corredora, en la creencia que serían destinados a la adquisición de valores intermediados por FIT Research Corredores de Bolsa S.A., y recibir en tiempo pactado el capital invertido más el interés pactado, en circunstancias que la corredora no tenía desde los inicios de las inversiones la capacidad financiera, por lo que no podría responder por la operaciones una vez liquidadas estas, o bien, simulaban operaciones emitiendo documentos que aparentaban el negocio, destinando los fondos a fines diversos.
La decisión fue adoptada por el ministro Tomás Gray, la fiscal judicial María Loreto Gutiérrez y el abogado (i) Jaime Guerrero. Tuvo el voto en contra del ministro Gray.
