Acreditación de dos universidades estatales podría llevar la gratuidad al Tribunal Constitucional
Desde la oposición aseguran que el Ejecutivo está cometiendo una discriminación hacia a los alumnos y que, de no resolverlo en la glosa presupuestaria, se irá a la última instancia.
La situación de dos universidades estatales podría llevar a la gratuidad nuevamente al Tribunal Constitucional (TC), situación que ya fue estudiada por la oposición y cuya materialización depende de cómo el Ejecutivo resuelva una de las glosas presupuestarias, la que sería discriminatoria.
De acuerdo a la ley, para acceder a la gratuidad, entre otros, se requiere que los alumnos deban estar inscritos en universidades estatales o privadas que, al 31 de diciembre de 2017, estén acreditadas por al menos cuatro años.
En el caso de la Universidad Arturo Prat, la Comisión Nacional de Acreditación indica que esta institución se encuentra con la certificación hasta diciembre de 2017, la que fue extendida por un período de 3 años, misma situación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).
Para la senadora de la UDI y miembro de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Ena Von Baer, esta glosa implica que “a estudiantes de unas instituciones se les pide ciertos requisitos que a estudiantes de otras instituciones no se les pide, teniendo el mismo nivel socioeconómico”.
“Eso es discriminación. Y nosotros queremos una glosa de gratuidad que sea sin discriminación”, señaló la parlamentaria a El Dínamo.
El abogado de la UDI, Jorge Barrera, explicó que esto no significa que “haya universidades beneficiadas unas por sobre otras, se trata de los estudiantes, los que, con la misma condición de vulnerabilidad, no pueden ser discriminados por la institución que eligieron”.
En esa línea, recordó que “el TC en su sentencia de 2015, cuando elimina los requisitos para la gratuidad en la educación superior, que se pueden exigir ciertos parámetros mientras estos sean referentes a la vulnerabilidad del estudiante -limitar por ejemplo la gratuidad al 50% más vulnerable- y de calidad, exigiendo cuatro años de acreditación. Lo que no se puede hacer es exigirle a unas y a otras nada, como lo que pasa hoy con algunas universidades del Estado”.
“Existen dos universidades del Estado -Arturo Prat y UMCE- que no cuentan con el mínimo de acreditación. Lo único que puede hacer el Ejecutivo para que la norma sea constitucional es bajar los años de acreditación o hacerse cargo que sus universidades no están cumpliendo con los estándares de calidad y que no pueden recibir estudiantes con gratuidad”, indicó.
Respecto a la posibilidad de acudir a la instancia constitucional, el jurista aseguró: “esto no es una discriminación contra universidades, es contra estudiantes, y eso es contrario a nuestra Constitución. Nosotros hicimos la reserva de constitucionalidad. Si el Gobierno no cambia las glosas respectivas sin discriminar estudiantes, la instrucción que tengo yo es que vamos a ir al TC”.
Consultada sobre si hay posibilidad de diálogo con el Ejecutivo, Von Baer fue enfática en responder que “eso hay que preguntárselo al Gobierno. Pero nosotros estamos convencidos de que esto tiene que ser sin discriminación”.
