Contraloría cuestiona a la Presidencia por contratos por vía directa y recomienda sanciones
Uno de los investigados fue Cristián Riquelme, el ex director de la repartición pública y exmiembro del G-90 cuestionado por su rol en los casos SQM y Caval.
La Contraloría emitió in informe a la Dirección Administrativa de la Presidencia en donde el órgano fiscalizador cuestionó el procedimiento interno de contratos por vía directa, recomendando sanciones.
De acuerdo a un reportaje de Radio Bío Bío, la institución dirigida por Jorge Bermúdez puso en duda la contratación vía trato directo de cinco proveedores, además de la contratación en paralelo a lu productor, de Tatiana Gaviola Artigas, quien está a cargo de desarrollar la memoria presidencial, un documental que pretende resumir los hitos del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
La investigación terminó con una recomendación de sanción contra Cristián Riquelme, el ex director de la repartición pública y exmiembro del G-90, y a otros tres funcionarios, principalmente, por utilizar sin justificación la modalidad de trato directo, en vez de licitación, en las contrataciones de los proveedores.
En el caso de Riquelme, se sugiere una multa del 50% de su sueldo mensual y la suspensión de un mes de su cargo. Riquelme, sin embargo, dejó su puesto el 23 de febrero de 2016, una semana después que se instruyera dicho sumario y luego de una serie de críticas políticas por su rol en los casos SQM y Caval.
Los que sí podrían recibir sanciones son los tres funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia que aún se mantienen en funciones en el gobierno. Se trata de Óscar Sandoval, actual director de la repartición; Natalie Vilches, exjefa del departamento de Abastecimiento; y Germán Yovane, jefe del departamento Jurídico.
A Sandoval se reconmendó multarlo con 50% de su sueldo mensual y suspenderlo de sus funciones durante 30 días. Pero el funcionario apeló y logró rebajar la propuesta de sanción al 20% de su sueldo mensual. Yovane también apeló y logró bajar la recomendación de sanción al 15% de su sueldo mensual, mientras que la apelación de Vilches fue rechazada y se mantuvo la propuesta de multarla con el 20% de su sueldo mensual.
Ahora, es el gobierno el que debe ponderar la recomendación de Bermúdez para aplicar, o no, dichas sanciones. En el caso de Sandoval, es su jefa directa quien debe decidir si lo sanciona, es decir, la Presidenta Michelle Bachelet. Las eventuales sanciones de Vilches y Yovane, en tanto, están en manos del mismo Sandoval, en su calidad de jefe de dichos funcionarios.
