La educación superior pública brasileña bajo ataque

Desde que en Brasil el Golpe de Estado Parlamentario se hizo finalmente exitoso en Agosto de 2016, derivando en la destitución de la democráticamente electa Presidenta Dilma Rousseff, el escenario político de aquel país se ha visto profundamente marcado por el avance brutal de cierto conservadurismo revanchista. Las nuevas autoridades, en diálogo con grandes grupos económicos brasileros y extranjeros, se han mostrado abiertamente decididas a desmontar una serie de Políticas Públicas que apuntaban hacía la problemática construcción de ciertos derechos sociales y hacia acciones concretas de distribución de renta hacia los grupos más desfavorecidos.

En ese escenario amplio, la Educación Superior Universitaria, representada de manera fundamental por la red de Universidades Públicas, Federales y Estatales, gratuitas, laicas y de alta calidad científica/académica y de inconmensurable importancia social y cultural, se han constituido en objeto de diversos ataques.

Una línea de este accionar ha sido la política de recortar las inversiones en áreas de la educación de una manera violenta. En esta dimensión es completamente representativa la denominada propuesta de enmienda constitucional PEC 241 aprobada en Octubre de 2016 que pone un límite a los gastos del Gobierno Federal en salud y educación durante 20 años, puesto que sólo considera la implementación de un ajuste anual en relación al aumento de la inflación.

En un país como Brasil, marcado por una profunda deuda social con amplios sectores de su población, una política de esta naturaleza es sinónimo de la oficialización de una forma de hacer Gobierno completamente indiferente con respecto a parte de las necesidades más sentidas de la sociedad. En el caso de la Universidad Pública, una política de esta naturaleza afecta de manera radical a todos los múltiples esfuerzos de creación científica y tecnológica en las diferentes áreas de conocimiento que vienen desarrollando investigadoras e investigadores desde hace décadas y con importantes resultados.

Otra línea de ataque a la Universidad Pública ha sido la opción por intentar desmoralizar a diferentes instituciones mediante el uso abusivo y violento de formas de proceder contra autoridades, académicos y funcionarios universitarios en la investigación de supuestos casos de corrupción. El uso de operaciones espectaculares y mediáticas por parte de la Policía Federal, donde las personas acusadas han sido conducidas coercitivamente a declarar sin previo aviso e interrogadas por largas horas sin posibilidad de contactar a su defensa, ha ocurrido en dos casos de importantes Universidades Federales.

El primero ocurrió en la Universidad Federal de Santa Catarina donde la Policía Federal y la Justicia brasilera investigan aún un supuesto esquema de corrupción. Una de las personas envueltas en dicho proceso fue el Rector Luiz Carlos Cancellier de Olivo, quien fue acusado de obstruir la investigación, apartado de sus funciones e impedido de volver a ingresar a la institución. Todo el proceso de exposición y acusación pública a la que fue expuesto tuvo como resultado que el Profesor Cancellier se suicidara a inicios de Octubre de 2017.

El segundo de estos casos ocurrió el 06 de Diciembre en la Universidad Federal de Minas Gerais, donde nuevamente de forma espectacular y usando una fuerza desproporcional la Policía Federal movilizó todos sus recursos para apresar y llevar de manera coercitiva a autoridades, académicos y funcionarios a declarar en el contexto de una operación que investigaría un supuesto caso de corrupción en el proceso de construcción del Memorial da Anistia que dicha institución tiene a su cargo en la ciudad de Belo Horizonte. La lógica de amedrentamiento, imposición de límites a la presunción de inocencia, al derecho a la posibilidad de amplia defensa, entre otras conquistas jurídicas mínimas, muestra una tendencia a violentar profundamente las garantías básicas de la ciudadanía en una sociedad democrática por parte de un aparato policial y judicial contaminado por aquella onda conservadora revanchista que avanza hoy en Brasil.

Toda esta situación asume un nivel de gravedad singular, puesto que justamente en Noviembre de este año el Banco Mundial emitió un documento de trabajo donde analiza el gasto público de Brasil y propone una serie de recomendaciones para mejorar su estado. Una de estas recomendaciones es justamente acabar con la gratuidad universal de la Universidad Pública brasilera. Si bien esta propuesta no es del todo novedosa, sí llama la atención su puesta en escena justo en un momento de intento de desmoralización pública de la Universidad Pública brasilera.

De esta forma, es importante llevar adelante una política de denuncia de esta situación en la que nuevamente en nuestra América Latina pequeños grupos se hacen del poder estatal de manera ilegítima y lo usan para el beneficio propio, incluso, contando con el decidido apoyo de organizaciones de supuesto cuño técnico, como el Banco Mundial, que intentan poner el telón de fondo legitimador a una forma de hacer Política Pública indiferente a las necesidades y deseos de las amplias mayorías.

También es importante llevar adelante un ejercicio de construcción de conocimiento y organización política que ponga trabas a los decididos impulsos de desarticular a la Universidad Pública brasilera, que hoy día más que nunca es un patrimonio de todas y todos los brasileros y latinoamericanos.