Maternidad tras las rejas y una nueva oportunidad: el derecho de los niños a vivir con sus madres castigadas

Durante la visita del Papa Francisco a Chile, su paso por la Cárcel de Mujeres pasó a segundo plano  y en particular la queja de Nelly León, capellana del penal: “Lamentablemente en Chile, se encarcela la pobreza”. En la misma ocasión, Janet Zurita, vocera de las reclusas condenada por tráfico de drogas, solicitó a Bergoglio interceder por una rebaja de condena a las madres de menores de edad agregando que ellos “están pagando una condena que nosotras les dimos”. Francisco resaltó el valor de la dignidad de todas las personas, y recordó a las autoridades que “la sociedad tiene la obligación de reinsertarlas”. En un país infectado por el virus del individualismo posesivo, pocas reacciones estuvieron a la altura de las palabras de Francisco, y de la expresa petición de perdón de las reclusas. Las redes se vieron invadidas de comentarios ácidos sobre la falta de atención a las víctimas de la delincuencia, llegando incluso a negar toda dignidad y posibilidad de reinserción a los delincuentes.

En el miedo a la delincuencia y en el resentimiento por las oportunidades que se otorgan a los más desfavorecidos se expresa, a  mi juicio, el sentir de un importante sector de la sociedad que sufre los rigores de vivir inmersos en una sociedad neoliberal. Sectores medios, pero también populares que desean cambios, pero que ante la disyuntiva de las dos recetas neoliberales disponibles: crecimiento o redistribución focalizada, optó en las últimas elecciones por la primera. Es decir, un crecimiento que promete ensanchar las oportunidades, sin pérdida de la propia posición relativa; frente al temor de no avanzar, e incluso retroceder ante la marea de pobres privilegiados, aunque ello signifique la postergación del goce de derechos prometido por políticas sociales universalistas persistentemente postergadas o llevadas a cabo con cuentagotas.

Otras voces llamaron a no seguir abusando de los niños. Lo que está en juego tras el llamado de las mujeres encarceladas es, precisamente, el derecho de los niños a vivir con su madre y a ser cuidados por ésta. De acuerdo a datos recientes, son alrededor de 360 las mujeres recluidas en diferentes centros penitenciarios del país, que tienen hijos menores de 2 años. La ley faculta a las madres a vivir con sus hijos lactantes, es decir hasta los dos años de edad. De estas, en la actualidad, 110 viven con sus hijos en los penales. En estos días, el gobierno ha anunciado una iniciativa de ley que ampliaría este derecho hasta los tres años de edad del niño. Una consulta realizada entre las reclusas, muestra que la iniciativa contaría con un amplio respaldo.

No ser separada de sus hijos es un derecho de la madre condenada por la justicia -no olvidemos que la privación de libertad o la sujeción a vigilancia solo afectan el derecho a la libertad y al libre desplazamiento, manteniéndose intactos los restantes derechos-. Sin embargo, el principal depositario de tal derecho es sin duda el niño, cuyo interés superior demanda que se haga efectivo el derecho a vivir con su familia y a ser cuidado por sus padres. No se puede invocar una supuesta inhabilidad de sus progenitores, pues en tal caso igualmente puede gozar de la protección temporal de una familia sustituta, que puede ser su familia extensa. No obstante, las madres no están imposibilitadas de ejercer en este caso sus responsabilidades de cuidado, por lo que no se justifica optar por tal  medida temporal.

La otra petición que hicieron las mujeres privadas de libertad, es decir una revisión de sus condenas para que puedan cumplirlas en libertad, o en condiciones semejantes a las actuales (por ejemplo, reclusión domiciliaria total); parece requerir de una iniciativa de más largo aliento. Sin embargo, si se extendiese el derecho del niño a estar con su madre privada de libertad hasta los tres años de edad, debe cuidarse que los niños no se vean afectados en el goce de otros derechos. Uno de estos es el derecho a la educación, que tiene que ser garantizado mediante el acceso a una educación prebásica de calidad, y a los cuidados de salud y de otro tipo, que pueden ser brindados por el  programa “Chile Crece Contigo”.

Francisco dijo que la situación que lleva a las personas a perder la libertad se “previene con trabajo, educación y mayor comunidad”. Debemos tener presente que, efectivamente en el caso de la delincuencia común ha habido, previo a la comisión de delitos, una grave vulneración de los derechos sociales de personas que se han visto privadas de la posibilidad de educarse, y con ello, de insertarse en la sociedad.