Mario Carroza investiga presuntas adopciones irregulares de menores ocurridas durante la Dictadura

Telma Uribe, hoy de 96 años, es una asistente social que entre los años ’70 y ’80 tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a familias extranjeras y que guardaba un extenso archivo con el pasado de 579 niños chilenos dados en adopción entre 1950 y 2001.

Una carta de una de sus colaboradoras junto a 351 carpetas, ocho cuadernos de campo, cuatro archivadores y cinco agendas fueron encontrados e incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a Uribe el año pasado, luego de que Marianne Skoglum, joven chilena adoptada, de 22 años, encontrara en Chile a su madre biológica, quien acusó que la recién nacida le fue arrebatada por un matrimonio en presencia de una asistente social.

A raíz de esto, el juez Mario Carroza inició una indagatoria por presuntas adopciones irregulares de menores entre 1973 y 1990, en el que se encuentran un total de 488 menores en dicho periodo de tiempo. Si bien, en un principio, el proceso se inició con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de niños, esta se amplió a cerca de 500 casos luego de que la abogada y asistente social de la UC, María Cecilia Erazo, realizara un informe tras analizar los documentos de Uribe.

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, explica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular estas adopciones a países extranjeros. En ese entonces, el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían las condiciones para el cuidado y protección del menor.

“Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento por parte de tribunales respecto de la temática”, consigna el informe.

Luego, la persona que tenía contacto con matrimonios extranjeros -en este caso Uribe- pedía la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y éste era adoptado en el extranjero. “En algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, postula el reporte.

“De los registros revisados es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o tuición con autorización de salida del país (entendida como adopción internacional). No consta su participación en inscripción directa en nuestro país”, agrega.

Según indicó La Tercera, de los 525 niños que fueron adoptados en el exterior, la inivestigación que encabeza Carroza constató la existencia de 494 informes, 94% del total, destinados a obtener judicialmente la “tuición y autorización de salida del país”.

El ministro indicó que “estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990. En razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular. Hemos realizado algunas indagaciones y pedido un informe. Efectivamente, nos han corroborado esta situación”.

Respecto al proceso de adopción que se llevaba a cabo, Carroza explicó que “lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá“.