Inocentes que cumplen prisión preventiva se duplicaron en los 10 últimos años

Brian Urrutia (24) no entendía nada.

Lo que era un lunes normal para él se estaba transformando en una pesadilla. Era mayo de 2015, las 7 AM, y en lugar de dirigirse a su trabajo, salía esposado de la casa que compartía con su madre y hermanos, a bordo de un auto de la Policía de Investigaciones.

Sólo al llegar al Centro de Justicia supo que los detectives lo estaban buscando por haber disparado cuatro veces a un vecino de su casa en La Pintana y que sería formalizado por homicidio frustrado.

Brian desde ese momento alegó inocencia. Ni siquiera conocía a la víctima y junto a su abogada defensora argumentó que al momento de los disparos, ocurridos quince días antes de su detención, él se encontraba en su trabajo como asistente de carnicero en La Florida. Sus compañeros de trabajo se ofrecieron de testigos y la empresa Carnes RV puso las cámaras de vigilancia del local y el libro de asistencia a disposición como prueba a su favor.

Pero en ese momento comenzó su pesadilla. “Cuando me dijeron que tenía que irme a prisión preventiva no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo era el único sustento de mi familia, eso era lo que más me acomplejaba”, recuerda Brian en conversación con El Dínamo.

 

Asegura que en ese momento no le explicaron cuánto tiempo iba a estar en la cárcel, sólo entendió que “por lo que durara la investigación”. Así empezaron los tres meses más “largos y tormentosos” de su vida.

Urrutia recuerda que al ingresar a la cárcel Santiago I se unió al grupo de fieles evangélicos que existe al interior del penal, lo que le permitió “no mezclarse” con los otros internos y hacer su estadía más llevadera. Sin embargo, esto no hizo que los noventa y tres días preso fueran menos angustiantes.

“La relación con Gendarmería, uf, es duro. Cuando te revientan, te pegan palos, te sacan a mitad de noche, te hacen tira las cosas que están en las piezas. Además, yo era el único sustento de la casa. Mi madre no tenía qué hacer, tuvo que vender sus cosas para arreglar la casa por lo que rompieron (los funcionarios de PDI) al entrar y para llevarme plata, entró en una depresión junto a mis dos hermanos menores”.

¿Cómo un trabajador sin antecedentes penales llega a vivir esta pesadilla? En el caso de Brian fue porque el único testigo de la balacera identificó al autor de los disparos como “el guatón Memo”. Por la declaración falsa de un testigo llegaron hasta la casa de Brian; sin embargo, el sospechoso al que la policía estaba buscando vivía en la casa de al frente.

Pero este caso no es una excepción.

Según datos de la Defensoría Penal Pública (DPP), entre 2006 y 2017, 24.679 personas cumplieron prisión preventiva y luego fueron declaradas inocentes por un tribunal. En ese mismo período, dicha cifra ha ido en paulatino aumento, hasta llegar a duplicarse durante el año pasado.

Durante 2017, 3.092 estuvieron en la cárcel y luego fueron dejadas en libertad ya que no eran los responsables del delito que se les estaba imputando. Fue el primer año que la cifra superó los tres mil casos. Esto implicó un aumento de 225 casos respecto a 2016.

Es decir, en promedio, durante el año pasado, más de 8 personas al día ingresaron a los centros penitenciarios de todo el país siendo inocentes.

De ellas, 2.690 son hombres (lo cual corresponde al 87%) y 402 son mujeres (lo que equivale al 13%).

Del total de 3.092 personas, 671 (equivalente al 21%) estuvieron más de seis meses privados de libertad antes de ser sobreseídos por inocencia. De ellos, 1.309 fueron hombres y 176 mujeres.

“Existen otras alternativas, como el monitoreo o el arresto domiciliario que implican un menor costo para el Estado que tener a una persona privada de libertad que aún no ha sido condenada. No puede ser una causal masiva o automática, ni puede estar basada en la mera sospecha o sólo en la denuncia”, asegura Rubén Romero, jefe departamento de estudios de la Defensoría Penal Pública.

De hecho, un 93,5% de los imputados (44.467 personas) que luego del proceso judicial fueron declarados inocentes durante el año pasado no cumplieron con la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, el hecho de cumplir prisión preventiva no tiene relación con que el acusado sea declarado culpable o inocente en una sentencia.

Romero explica que la prisión preventiva debería ser el último recurso, por los derechos del imputado que se transgreden al aplicarla, tales como el derecho a la integridad física o a la dignidad.

Esta situación se agrava si el imputado tiene antecedentes penales o cumple prisión por ciertos delitos de mayor connotación social.

“Hay una categoría de delitos que son repudiados por los códigos carcelarios al interior de las unidades penales, y nosotros como defensa instamos a que siempre haya medidas de protección para la integridad de una persona. Muchas veces estas personas son golpeadas, son maltratadas al interior de las unidades penales. Y lo peor aún: muchas veces las mismas personas, cuando son casos de agresiones sexuales, no los denuncian, porque hay vergüenza. Ni siquiera le comentan al abogado para poder denunciar, porque sigue siendo un delito aunque haya ocurrido en la cárcel”, cuenta Humberto Sánchez, abogado de la DPP y encargado de Proyecto Inocentes, división que, entre otros objetivos, busca que las personas acusadas injustamente cuenten con un lugar de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia.

Según estudios de la DPP, el 51% de los adultos que estuvo en prisión preventiva recibe una condena no privativa de libertad, mientras que el 72% de los menores que cumplieron internación provisoria (denominación de la prisión preventiva en estos casos) fueron condenados a una pena no privativa de libertad.

Como causas de este aumento, Romero identifica las reformas al Código Procesal Penal de 2008 y 2016 (denominadas agendas cortas) que buscan imponer penas más altas para los delitos y la presión social respecto a los aumentos en los índices de inseguridad y el riesgo de que el imputado vuelva a cometer un delito si tiene antecedentes penales.

Romero detalla que esa sensación incluso va en contra de las cifras de ingresos totales de causas del sistema, las que han ido bajando desde 2012, al contrario de las prisiones preventivas, tanto en responsabilidad penal adolescentes como en adultos.

En los últimos diez años, el total más alto de causas ingresadas en el sistema penal fue el año 2011 (370.776), descendiendo progresivamente todos los años hasta las 322.406 en 2017.

Tu cara me suena

Para la Defensoría, la realidad de los inocentes condenados o que deben cumplir prisión preventiva es producto de errores en los procedimientos de investigación de los delitos.

Así, identifican el error de reconocimiento o identificación, la declaración o denuncia falsa, la falsa confesión, el error en la ciencia pericial, la mala conducta de fiscales y policías y la mala conducta del defensor como las seis causas más comunes que inducen a un procedimiento erróneo.

De ellos, el error de reconocimiento es el procedimiento que con mayor frecuencia induce a error, dado que muchas veces las víctimas tienen un recuerdo alterado por las circunstancias del delito o porque su declaración no es tomada en una primera instancia, con el “recuerdo puro”.

Por esto, es necesario cumplir un protocolo de reconocimiento para garantizar que no haya alteraciones ni que se “inoculen” recuerdos en la víctima.

Esa es una de las mayores críticas que repite Cristian López, quien en 2010 fue acusado de violación y abusos sexuales en la comuna de Ñuñoa, y cuyo caso fue conocido como “El Violador de La Bicicleta”.

“Fue todo tan burdo en esa ronda (de reconocimiento)”, dijo López en entrevista con La Cuarta en 2015. “El retrato hablaba de un gallo crespo, de pelo largo, de ojos verdes, de estatura media. Ante la señorita abusada se pusieron tres pacos más altos que yo y con pelucas largas y ¡lisas! Trajeron también a un sobrino mío que se me parece un poco… Obvio, ella dijo que estaba 100 por ciento segura de que era yo”, aseguró.

López alcanzó a estar sólo 5 días en la cárcel, ya que gracias a una prueba de ADN salió libre. Sin embargo, al googlear su nombre, su caso aparece entre los resultados de la primera página, por lo que hasta el día de hoy le cuesta encontrar trabajo.

Humberto Sánchez de Proyecto Inocentes cuenta que tuvieron conversaciones con Google para que en las búsquedas de los nombres de las 60 personas que están dentro de esta iniciativa se destacaran las sentencias finales que acreditaron su inocencia, por sobre las noticias de su detención o imputación.

En 2017, la misma prueba que sacó a Cristián López de la cárcel demoró cuatro meses, lo que privó de libertad a Eduardo Molina tras un erróneo reconocimiento fotográfico del imputado.

Cumplir la condena

Tras ser sobreseído por inocencia y salir de la cárcel, Brian volvió a trabajar a la empresa de carnes en la que se desempeñaba hasta antes de ser detenido, pero a su casa no pudo volver.

Los constantes conflictos familiares y para evitar “palabreos” con su madre, lo hicieron decidir cambiarse a La Florida, junto a su pareja y su hija de un año y tres meses. Su cambio de casa se relacionó también con evitar que esta situación se volviera a repetir.

“Al salir sentí alegría y también pena, porque vi a toda mi familia sufrir. Cuando supe que había sido por un mal reconocimiento sentí rabia y ahí fue cuando decidí seguir hasta que se limpie mi nombre, tengo hermanos pequeños y una hija que después no quiero que los apunten con el dedo diciendo que maté a alguien”, dice.

La pérdida de las relaciones laborales y de vínculos familiares, el contacto con población penal y los delitos de los que pudieron haber sido víctimas, el trauma que significa estar en la cárcel y la estigmatización que conlleva son consideradas las mayores consecuencias para los “presos inocentes”.

“Nosotros no buscamos terminar con la medida de la prisión preventiva, porque en determinados casos ésta pareciera ser justificada de acuerdo a la gravedad o antecedentes, el tema es que cuando una persona manifiesta ser inocente del delito que se le imputa el sistema tiene que tener la herramienta rápida para poder investigar esos antecedentes y no equivocarse con una persona”, aclara Sánchez de Proyecto Inocentes.

Los abogados defensores señalan además que el énfasis debería estar puesto en la reinserción, ya que la reincidencia es mayor en los imputados declarados culpables que cumplieron pena privativa de libertad que los que cumplieron otras medidas cautelares de menor intensidad, como firma o arresto domiciliario, en las que no tuvieron contacto con población penal.

Con el apoyo de Pro Bono, Brian busca una indemnización por parte del Estado mediante acciones civiles, que en alguna medida puedan reparar las vulneraciones de derechos a las que se vio sometido.

“Todo lo que viví ya no se devuelve con nada, pero una indemnización sería bueno por todas las cosas que rompieron cuando me fueron a buscar, la puerta, el portón, las puertas de las piezas y todo ese gasto que tuvo que hacer mi vieja“. Asegura además que hasta hoy sufre de pesadillas. “Despierto en mitad de la noche cuando escucho un ruido, y ahí quedo. Esas pesadillas son de lo que viví en la cárcel, los reventazos, cuando te allanan la pieza, cuando andan buscando celulares, etc., y se llevan tus cosas”.

Hay días en que Brian va a visitar a su familia a su antigua casa en La Pintana, y recorriendo su antiguo barrio, revive su pesadilla. Porque mientras él estuvo en la cárcel, el verdadero culpable seguía en la calle.

“La persona que efectivamente disparó yo la he visto en la plaza que queda a una cuadra de la casa de mi mamá, a la persona con la que me confundieron. Nunca hemos hablado, nos topamos o lo veo de lejos, yo lo conozco de vista no más”, cuenta Brian. Tras la recuperación por los disparos que recibió, la víctima lo pudo identificar, pero aún no lo toman detenido ya que la Fiscalía determinó no perseverar en el caso.