Casi 23 millones de dólares ha costado la defensa de Chile en La Haya
Dentro de este presupuesto se incluye el financiamiento de la demanda presentada por Chile contra Bolivia en julio de 2017, en la que solicita que se declare que el Río Silala es internacional y que nuestro país tiene derecho al uso de sus aguas.
Trece mil novecientos sesenta y un millones de pesos, equivalentes a unos US$22,9 millones, es lo que ha costado hasta ahora el trabajo de la defensa jurídica chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por la demanda marítima boliviana.
Los costos de este caso, que ha durado más de cuatro años desde la presentación de la demanda hasta la etapa de alegatos orales, incluyen el pago de honorarios de abogados que no son funcionarios de gobierno (11 de un total de 14), contratación de estudios y de otros profesionales (consultores en comunicaciones, por ejemplo), además de otros desembolsos, según datos entregados por Pauta.cl, obtenidos a través de una solicitud de Transparencia.
Estos dineros han sido aprobados anualmente en la glosa de la Ley de Presupuestos correspondiente a la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En comparación, el costo de la defensa en La Haya supera el costo de la visita del Papa Francisco a nuestro país y equivale a la operación de rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José y es un monto similar al desembolsado ante el litigio con Perú por los límites marítimos en 2014, equivalentes a $12.050 millones (US$23,2 millones, aproximadamente).
Dentro de este presupuesto se incluye el financiamiento de la demanda presentada por Chile contra Bolivia en julio de 2017, en la que solicita que se declare que el Río Silala es internacional y que nuestro país tiene derecho al uso de sus aguas.
La embajadora Ximena Fuentes, directora de la Difrol, explicó a dicho medio que los abogados extranjeros reciben su remuneración en relación con las horas de trabajo efectivo, por lo que en el tiempo hasta la sentencia no reciben pagos si no existe algún requerimiento específico. En esta situación están el agente Claudio Grossman, quien es chileno pero reside en Estados Unidos, y los abogados Daniel Bethlehem (Reino Unido), Ben Juratowitch (Australia), Jean-Marc Thouvenin (Francia), Kate Parlett (Australia), Harold Koh (Estados Unidos), Mónica Pinto (Argentina) y Sam Wordsworth (Reino Unido).
