Diputadas RN acuden a la Contraloría por supuestos “nombramientos irregulares” en el Sernam
Las parlamentarias buscan dejar sin efecto el procedimiento del concurso público iniciado en octubre del año pasado, bajo el gobierno anterior.
“Nosotros tenemos sospechas fundadas de que efectivamente hay algunos vicios en el procedimiento y en los nombramientos propiamente tal. Esto ya ocurrió en el Servicio Nacional de la Mujer el año pasado, la Contraloría se pronunció al respecto y creemos que esos mismo vicios están presentes en este concurso público”, dijo la diputada RN Marcela Sabat.
Durante esta jornada, Sabat junto a las diputadas Karin Luck y Catalina del Real solicitaron a Contraloría que impugne un llamado a concurso público y posterior nombramientos convocado por el Ministerio de la Mujer, a fines del año pasado, bajo el gobierno anterior.
En el texto que presentaron, manifestaron que “resulta absolutamente dudoso, que el concurso haya sido convocado en un periodo inmediatamente previo a las elecciones presidenciales y asunción de nuevas autoridades de Gobierno lo que evidencia indicios de que se ha actuado vulnerando, además, la objetividad y finalidad del proceso concursal”.
Según Sabat, “son cerca de 20 personas las que podrían haber sido nombradas de manera irregular y creemos que es importante que se pronuncie la Contraloría al respecto. Nosotras lo que no queremos es que se sigan atornillando en el aparato público personeros políticos que quieren eternizarse y ocupar los servicios para beneficio propio”.
En esa línea, Catalina del Real dijo: “Hace rato que venimos escuchando que la administración de Bachelet hizo arreglines de último minuto, y cuando el río suena es porque piedras trae. Por lo tanto, esperamos que la Contraloría investigue… Venimos a ejercer nuestras facultades de fiscalización con la única finalidad de velar por el pleno respeto de nuestro ordenamiento jurídico”.
Finalmente, la diputada Karin Luck manifestó que “el concurso fue dirigido a personas que trabajaban en el Servicio, lo que claramente pone en desventaja a aquellos profesionales que tienen el legítimo derecho de participar, si el concurso hubiese sido transparente, abierto y no dirigido como sospechamos”.
