La explicación de la Congregación Marista al pago de $50 millones a denunciante de abusos sexuales
Esto generó cuestionamientos y que el fiscal a cargo del caso investigue quiénes autorizaron esos pagos y firmaron los cheques, además de quiénes están detrás de estas decisiones monetarias.
En 2017 se conoció el pago de $75 millones que recibió Hernán Martínez de parte de la Congregación Marista como una forma de indemnizarlo por su denuncia de abuso sexual. Dos años antes, ya habían realizado algo similar.
Fue en 2015 cuando la entidad religiosa desembolsó $50 millones de pesos a una persona que denunció abusos sexuales por parte de un miembro de la orden, según dio a conocer La Tercera.
A raíz de esto, desde la Congregación señalaron que se “ha tenido como principio esencial creerles a quienes han señalado ser víctimas, antes de cualquier otra consideración. Por eso, esta denuncia, hecha llegar en 2015 por un ex alumno adulto, que dio cuenta de una situación que le habría ocurrido cuando estaba en el colegio, no se puso en duda y se buscó ayudarle de inmediato en todo. También se le ofreció ayuda legal, para que hiciera sus denuncias ante los tribunales, lo que él y su familia rechazaron”.
En ese sentido, explicaron que el dinero se le entregó ya que “el afectado señaló que había incurrido en importantes gastos para tratamientos de salud, que se habrían derivado de los hechos que relataba, y ante una estimación de esos montos, se le compensó sin investigar ni verificar el relato, actuando solo en base al principio sicológico de acoger a quien manifiesta un abuso en su infancia. Esto, sin poner en duda su relato”.
La entrega de dinero generó dudas respecto de por qué se le paga una suma tan alta a una persona. De hecho, el fiscal que lleva la causa, Guillermo Adasme, investiga quiénes autorizaron esos pagos y firmaron los cheques, además de quiénes están detrás de estas decisiones monetarias.
Ante esto, los maristas aseveraron que “indudablemente fue un error legal no haber informado de inmediato a la autoridad para iniciar investigaciones a fin de establecer la veracidad de los hechos. No obstante, en este caso, en particular, hubo una negativa expresa de la familia para hacerlo. Esa ayuda económica fue visada por el abogado de la congregación y en ese momento seguimos su consejo”.
“No hemos hecho seguimiento a los fondos entregados, porque no correspondía, pues se trataba de restituir recursos a una persona y su familia para cubrir gastos en los cuales ya habían incurrido, y no una solicitud en nombre de supuestas víctimas (como fue el caso posterior)”, concluyeron.