Punta Peuco cuesta más de $100 millones al año sólo en gastos operacionales

En las últimas horas del gobierno de Michelle Bachelet la atención estuvo centrada en el eventual anuncio del cierre del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco, que alberga a los ex uniformados y civiles condenados por violaciones a los derechos humanos.

Pero esta medida anunciada por la ex Presidenta, y que a la postre no se concretó, no hizo más que inquietar a los presos de dicho recinto tras la llegada a La Moneda de Sebastián Piñera.

En concreto, los condenados han planteado al gobierno sus inquietudes respecto al cumplimiento de las promesas de campaña de Piñera, específicamente respecto a la conmutación de penas a los presos de avanzada edad y enfermos. En el contexto además de la próxima interpelación al ministro de Justicia Hernán Larraín, en el que se le solicitará explicitar la postura del gobierno en materia de derechos humanos y los planes futuros para el recinto.

El funcionamiento y costo de mantener este centro carcelario ha sido siempre un tema que con distintos enfoques ha debido ser enfrentado por los diferentes gobiernos.

En los últimos trece años, el costo de mantener el penal de Punta Peuco ha superado los mil millones de pesos.

Específicamente, según información a la que accedió El Dínamo a través de una solicitud de acceso a información pública, desde 2005 el gasto total de operación del centro de detención especial para violadores de los derechos humanos asciende a $1.317.088.202.

Esto implica que, en promedio, cada año se destinan unos $100 millones para el funcionamiento y mantención del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, que en la actualidad alberga a 124 internos.

Este monto incluye el costo en alimentos de los reos y el personal, telefonía fija, gas, agua, viáticos, peajes, costos de mantención, entre otros (ver gráfico más abajo). La información no incluye las remuneraciones de Gendarmería ni los costos por atenciones de salud ni educación.

Los ítem en los que se ha realizado el mayor desembolso corresponde a los gastos básicos: alimentos ($586.654.187), electricidad ($359.916.373), gas ($107.945.269), aseo y basura ($65.954.957), mantención general ($59.612.559), telefonía fija ($44.813.235) y agua ($21.261.384).

A modo de ejemplo, en 2016 el presupuesto total de Gendarmería fue de $414.422.794.000. En ese mismo año, el gasto en Punta Peuco ascendió a $126.710.274, lo que equivale a un 3% del gasto en todo el sistema penal de ese año.

Como antecedente, el presupuesto para el Servicio Nacional de Menores (Sename) en 2016 fue de $254.304.535.000, poco más de la mitad del presupuesto total de Gendarmería.

En su respuesta entregada al Consejo para la Transparencia tras la solicitud ingresada por El Dínamo, Gendarmería indicó que su presupuesto se distribuye sólo en las Direcciones Regionales, Escuela y Dirección Nacional y no a nivel de cada Unidad Penal o Especial, por lo que no existen documentos formales que contengan el presupuesto asignado al CCP y CDP Punta Peuco en aspectos como costos por atenciones de salud ni educación.

Respecto a los gastos del mencionado penal, a pesar de que se solicitó la información a partir de su implementación en junio de 1995, sólo se pudo informar desde 2005 a la fecha, y sólo es posible confirmar los valores registrados a partir del año 2010, “ya que desde ese año se creó un programa interno que permitía identificar exclusivamente los gastos del Penal Punta Peuco”.

Respecto a la información anterior al año 2005, desde Gendarmería informaron que no es posible acceder a los sistemas de información contable utilizado en esos años, ya que “el ejecutable de la aplicación se encuentra dañado no permitiendo extraer los datos requeridos“, siendo además un sistema obsoleto.

Asimismo se informó que la documentación contable se encuentra almacenada en el subterráneo de la Dirección Nacional en condiciones de insalubridad producto de una inundación ocurrida en el año 2006, que incluyó aguas lluvias y colapso de cámaras de aguas servidas, lo que ha imposibilitado rehacer la contabilidad de esos periodos.

Pensiones millonarias

Desde que fue implementada en 1995 para recibir a ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos, siendo sus primeros ocupantes el ex director de la DINA Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier, el penal de Punta Peuco ha sido foco de cuestionamientos por el umbral de diferencias con el resto de las cárceles de nuestro país.

Situación que se acrecentó cuando se dieron a conocer las millonarias pensiones que reciben los internos a través de Capredena, las que llegan a los $3.254.853 en el caso el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva. Otras abultadas pensiones, según información publicada por La Tercera, son las que reciben Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine)($ 2.940.671) y Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina ($2.489.658).

Según esta información, en promedio, los reclusos reciben mensualmente $1.618.459. Es decir, la suma de las pensiones de cada uno de los 124 internos de un solo mes, sobrepasa incluso el dinero necesario para un año de funcionamiento del penal.

Por ejemplo, la pensión más alta ($3.254.853), según la información obtenida por Transparencia, equivale al dinero desembolsado en el ítem Gas desde enero hasta junio de 2017.

Por su parte, el programa Informe Especial reveló que cuatro reclusos de Punta Peuco reciben pensiones por inutilidad de segunda clase sin presentar ninguna incapacidad física.

Estas pensiones por inutilidad de segunda clase se le entregan a los miembros de Capredena que sufren un accidente en acto de servicio, enfermedades profesionales o padecen una enfermedad invalidante de carácter permanente. Así, estas dolencias debieran impedir su capacidad de trabajo y la posibilidad de ganarse el sustento en ocupaciones privadas.

Según se dio a conocer hace un par de días, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de Enrique Neira, Patricio Ferrer, Jaime Torres y Rubén Fiedler por la obtención de estos dineros sin haber acreditado que presentaban alguna enfermedad al momento de ingresar al penal a cumplir sus condenas.