Observatorio del Gasto Fiscal critica debate sobre financiamiento a gastos comprometidos

El anuncio del ministro de Hacienda Felipe Larraín de que existen US$5.566 millones de gastos comprometidos sin financiamiento para los próximos cuatro años generó un tenso debate entre las actuales autoridades de las finanzas públicas y los ministros de Hacienda del gobierno anterior.

Este anuncio lo hizo, junto al Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, tras la revisión de las cuentas fiscales una vez instalados en Teatinos 120 y según publicaron a través de un informe, en el que se detalla que “existen muchos gastos programáticos asociados a proyectos de inversión y proyectos de ley que no se encuentran contemplados ni en los presupuestos sectoriales, ni en el tesoro público, lo cual reduce la holgura fiscal necesaria para implementar el programa de gobierno siguiendo una senda de reducción del déficit de balance estructural”.

Con esto, el gobierno asegura que en el presupuesto presentado durante el gobierno de Michelle Bachelet no se incluyeron gastos que deberán ser financiados aumentando la deuda pública y con fuertes medidas de austeridad fiscal.

Frente a estas declaraciones, los ex ministros Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre salieron al paso. Éste último rebatió las cifras asegurando que “lo que están haciendo es una estimación de presiones, no una tabulación de gastos comprometidos. Lo que está comprometido no son los US$5.500 millones, eso son presiones adicionales que ellos estiman va a ocurrir por una tendencia de aumento de cobertura, por ejemplo, en licencias o atención hospitalaria”.

Por su parte, Valdés aseguró, a través de una carta a El Mercurio, que Hacienda exageró respecto a la situación fiscal de mediano plazo, asegurando que “buena parte de esta desagradable sorpresa se revertirá en menos de dos años sin mediar acción alguna”.

A este debate se sumó posteriormente el Consejo Fiscal Asesor (CFA), organismo técnico que asesora y entrega recomendaciones tanto a la Dipres como al Ministerio de Hacienda, y que tuvo opiniones divergentes incluso entre sus cinco miembros respecto al origen de estos gastos sin financiamiento, ya que algunos apoyaron la versión de Hacienda mientras que otros consideran que sólo corresponden a “presiones de gastos”.

Procedimiento óptimo

Para Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, precisamente la manera en que se ha planteado este debate no ha sido constructiva y más bien ha perjudicado la institucionalidad fiscal, al presentarse frente a la opinión pública este nivel de discrepancias.

“El procedimiento óptimo debería haber sido que el ministerio hubiese presentado esto antes al Consejo Fiscal Asesor y este consejo debería haber tenido una voz más institucional, siempre con espacio para voces disidentes, pero sin una ventilación a la prensa como ha pasado”, asegura.

Sólo para este año, desde Hacienda se estimaron gastos sin financiamiento por US$1.571 millones, cuyo mayor porcentaje se concentra en el área de salud, específicamente por el aumento del pago de licencias médicas y las listas de espera.

Respecto a la existencia de estos gastos, Von Wolfersdorff menciona que no haberlos presupuestado, cuando es altamente probable que se deban cubrir, “no parece razonable”.

“Entiendo que aquí estamos frente a un debate respecto a cuán probables son ciertos gastos o si, más bien, conviene políticamente reconocer estos gastos. Aunque en el pasado no ha sido política contabilizarlo y es muy probablemente que van a ocurrir, considero que sería bueno reconocerlos a tiempo también para fiscalizar su ejecución según lo presupuestado de verdad, porque cerrar los ojos sabiendo que va a haber un déficit no es la solución tampoco”, agrega, mencionando que buscar responsables no es el mejor camino para buscar una solución.

Como medida para cubrir estos gastos, el ministro Larraín anunció el “Plan de Austeridad II” que permitirá ahorros cercanos a US$ 4.600 millones en el periodo 2018-2021.

Al respecto, desde el Observatorio aseguran que es importante conocer los detalles de los recortes que se realizarán y en qué programas ministeriales se ahorrará para aclarar las dudas al respecto. Von Wolfersdorff agrega que un área en el que se podría generar mayores ahorros fiscales es en las compras públicas, generando incentivos para comprar bajo el criterio value for money (valor por dinero), lo que implica conseguir mejores bienes a un mejor precio. Incluso, a sus juicio, en las mismas compras públicas que se hacen en Salud se podría generar un gasto más eficiente, superando la “cultura” de la “compra sin fondo”.

“Por otro lado, la Contraloría podría tener algo que decir en esta materia, en el sentido de cuáles deben ser las sanciones cuando no se cumple la ley de presupuesto. Porque si los servicios de salud gastan más que el presupuesto vigente alguna consecuencia debería haber. Es inexplicable que aquí no haya más presión y más sanción”, agrega.

Larraín señaló además que parte de estos gastos se cubrirían aumentando la deuda pública, lo que genera un aumento en los intereses que nuestro país tiene con sus acreedores.

Según cifras de Hacienda, la deuda bruta de nuestro país en 2017 fue de 23,6% del PIB, su mayor nivel desde 1994. Como consecuencia del aumento en la deuda neta, el gasto en intereses ha aumentado en más de mil cuatrocientos millones de dólares comparado, por ejemplo, al gasto del año 2009. Este deterioro de las cuentas fiscales hizo que la agencia Standard & Poor’s bajara la clasificación de riesgo a largo plazo de Chile por primera vez en 25 años.

Para Von Wolfersdorff, una medida más prudente es instalar una cultura de ahorro, considerando que cada año el presupuesto aumenta y muy pocas veces se revisa lo que se ha hecho y lo que debería ajustarse. “Esta política debería estar continuamente, de revisar qué sirvió, que no sirvió, para financiar lo que efectivamente se necesita y dónde están las necesidades de la gente. Si uno revisa lo que ha pasado y revisa la rendición de cuentas de gasto público uno se da cuenta que no ha mejorado en nada y que aún faltan muchos datos para ejercer control social al gasto público. Aquí hay un debe muy grande desde el aparato público para explicar el gasto, explicar qué se hace, explicar el destino de los recursos, y creemos que en la reforma tributaria que plantea ahora el gobierno de Piñera debe haber un espacio importante para contestar justamente preguntas como qué se hace con el gasto, cuáles son los resultados, dónde se invierte, cuáles son los beneficiados”.

La cofundadora del Observatorio del Gasto Fiscal comenta que, a su juicio, una manera de evitar el riesgo de endeudamiento no previsto es establecer un cambio metodológico respecto a cómo se define el presupuesto, creando además una regla fiscal que permita traspasar recursos de un año a otro para evitar la sobre ejecución a finales de año.

“Nuestra recomendación desde el observatorio sería, entre varias otras más, crear una regla para evitar ‘la fiebre de diciembre’, viendo el riesgo de que el gasto que se ejecute por el apuro en el último mes del año tenga problemas de calidad y en la gestión administrativa. Si queremos un gasto público eficiente necesitamos un Estado eficiente con mayor capacidad de gestión”.