“Los de arriba” y su regalona prensa están inquietos

Siempre hemos dicho que la corrupción y el abuso, por parte de los que mandan, sin que la ciudadanía lo supiera mayormente, han estado presente en Chile, con la diferencia de que ahora gracias a la libre difusión de las ideas y de la información por las redes sociales, se están conociendo muchas de esas bribonadas empleadas por los “de arriba” para obtener ventajas indebidas en los distintos mercados.

La prensa que los protege ejerce su labor cautelando los intereses de sus socios a través del expediente de desinformar con sutiles mentiras a la opinión pública y para ello emplea sesudos y mendaces artículos y noticias aparentemente serias que, vía la deformación de los hechos, intenta convencer a sus lectores.

Para quien suscribe esta columna fue muy gracioso leer en el vespertino La Segunda del 10/05/18 el artículo “Alcaldes y permisos de edificación” suscrito por el abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, en donde con un sesgo absolutamente inmobiliario da cuenta, sin decirlo expresamente, de lo que sucede con un negocio de 2 torres habitacionales en la comuna de Las Condes, motivo por el cual el mismo día le enviamos una rectificación al director de ese medio, la que naturalmente se censuró en aras de proteger la palabrería insulsa de ese abogado.

Nuestra carta respuesta decía “Nos vemos en la obligación de referirnos……………… quien asegura que los alcaldes no tienen atribuciones para ejercer la invalidación de los permisos de edificación, aludiendo entre otras cosas, al derecho de propiedad que emanan de esos actos municipales.

El autor de la columna no dice que el asunto se relaciona con el proyecto inmobiliario cuyo titular “se equivocó” al determinar la superficie del predio para así obtener un mayor coeficiente de constructibilidad, materia que fue resuelta por un estudio técnico del IDIEM de la UCH y que, por ello, los vecinos afectados  interpusieron un recurso de ilegalidad que llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, allanándose el alcalde a la posición de esos vecinos.

Ahora bien, conforme a la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, los actos de la administración del Estado tienen una presunción de legalidad y, dentro del plazo de 2 años desde que han sido cursados, pueden ser invalidados por “la autoridad administrativa”, cita textual del artículo 53º de dicha ley. Lo lógico es que, ante un vicio de una resolución de anteproyecto o de un permiso de edificación que haya sido aprobado por un Director de Obras Municipales, este mismo funcionario debiera iniciar el procedimiento de invalidación, pero en este caso sorprendentemente la funcionaria que lo cursó se negó a dejarlo sin efecto y por ello, su superior jerárquico en la Municipalidad de Las Condes, se vio en la obligación de ejercer esa atribución legal.

Respecto al derecho de propiedad que tendrían los titulares de los permisos de edificación, está claro que si hay controversias legales, la Contraloría General de la República tiene mucho que decir, pero siempre serán los tribunales de justicia los que dirán la última palabra.   

Terminamos afirmando que el sistema económico de libre mercado funciona bien solo si el Estado ejerce sus atribuciones fiscalizadoras y los competidores se enmarcan en las disposiciones legales iguales para todos, sin tratar de obtener beneficios, vía rebuscadas interpretaciones, en las rentabilidades de sus proyectos de inversión.

Por lo tanto, en este episodio al alcalde Lavín actuó correctamente y habrá que esperar el fallo de la Corte Suprema, cuyos 5 magistrados deberán resolver si la superficie del predio es la indicada por la inmobiliaria o por la informada por los vecinos, cifra corroborada por el IDIEM de la UCH”.

El 12/05/18 el diario El Mercurio publica el editorial “Ámbito de la Contraloría”, con la sorprendente bajada “La omnipresencia de la Contraloría en asuntos sensibles para la política -desde la designación de embajadores al protocolo sobre objeción de conciencia institucional- parece contradecir el desarrollo de la entidad que desea el contralor”. En ese texto se dice sin ambages que hay una enormidad de actos administrativos y que no por todos la Contraloría tiene competencia para emitir, dictámenes, informes y resoluciones, enviándole un recado a Jorge Bermúdez en orden a que su servicio debiera actuar con una cuidadosa sobriedad dejando de manifiesto, dentro de su disgusto, que la Contraloría no es un poder del Estado.

Y continuando con su intento de reducir el rol legal que cumple la Contraloría, el 13/05/18 el mismo diario en un amplio reportaje titulado “La doctrina del contralor que inquieta a La Moneda” hasta criticó el formato y lenguaje sencillo que ha utilizado el ente fiscalizador para dar a conocer sus decisiones, lo que está en línea con el propósito modernizador que emplea para que el máximo de personas entienda lo que ella resuelve conforme a las denuncias que recibe por parte de muchos.

Para nosotros, a pesar de lo que manifiesta ese inquisidor diario, la Contraloría es garante de la probidad y legalidad y consideremos lamentable que los gobiernos no le entreguen los presupuestos necesarios para que puede ejercer de mejor manera su importante labor. El Mercurio debe saber que los dictámenes de la Contraloría tienen fuerza obligatoria para todos los servicios públicos que fiscaliza, lo que se refleja muy bien en su Ley Orgánica Constitucional.

Para no ser menos, el mismo 12/05/18, La Tercera entrevista a Fernando Echeverría, ex intendente de la región metropolitana de Santiago y por 2 días ministro de Energía en el gobierno de su amigo Piñera, presidente de la poderosa constructora Echeverría Izquierdo, quien reclama por la ausencia de certeza jurídica de los permisos de edificación, señalando que ello es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy la industria inmobiliaria, criticando de paso a la Ley de Aportes al Espacio Público, la que califica de fatal. Echeverría en el título de la nota periodística exclama pidiendo socorro “Hay que volver a dar valor a los permisos, pues toda la estructura de financiamiento se basa en ese punto”.

El hombre manifiesta en ese medio de prensa que está muy contento con el rol que está asumiendo el Ministerio de Economía, a través de una oficina experta, para destrabar todo tipo de proyectos y también muestra su beneplácito con la iniciativa que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de acortar los plazos de aprobación de permisos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). ¡Era que no!

Cuando se trata de permisos de edificación, reclamando por la certeza jurídica, él critica a los alcaldes, e incluso a otros organismos del Estado como Monumentos Nacionales o Contraloría, quienes en sus palabras han puesto en duda los permisos de obras. Mire Echeverría, en esos casos no hay dudas, sino abiertamente vicios y ni usted ni sus colegas pueden pretender que el acto municipal llamado permiso tiene una aureola de divinidad. Recuerde que para los Directores de Obras Municipales es muy fácil “equivocarse” para beneficiar a los solicitantes de permisos de edificación.

Tenga presente Echeverría que la fundación Defendamos la Ciudad ya denunció en la Contraloría el permiso de edificación Nº 16.238 del 02/05/17 mal otorgado por el simpático y buena persona Director de Obras de Santiago a su empresa Echeverría, Izquierdo, Inmobiliaria e Inversión S.A. para que en un sitio de 3.437 m2 situado en la avenida Vicuña Mackenna 385 se construyera una torre habitacional de 14 pisos, asunto puntual publicado en algunos medios digitales que usted conoce muy bien.

Finalmente, debemos dejar en claro que los permisos de edificación bien emitidos no tienen problemas de ninguna especie y los que contienen vicios, si la ciudadanía los detectan, podrán ser invalidados administrativamente o bien anulados por los tribunales de Justicia y por ello es necesario que la industria de la construcción entienda que los tiempos han cambiado y que, el despelote del cual se aprovecharon por tanto tiempo, va en acelerada retirada. Entonces muchachos inversionistas a ponerse serios y respetuosos a la brevedad.

Y un mensaje a la prensa que todavía tolera la corrupción : hagan ímprobos esfuerzos para no seguir amparando con sus notas periodísticas a quienes les gusta sacar ventajas en los mercados. Lo anterior, a pesar de que esos actores privados son sus mayores avisadores de publicidad.