La seguridad pública otra vez en el banquillo de los acusados

Ha sido una semana del terror para la seguridad pública. Dos robos con homicidio: el primero en Lo Barnechea en la madrugada del 14 de mayo, seguido del ocurrido en La Reina solo siete días después. Asesinatos sangrientos, con toda la frialdad que puede exhibir un criminal. Y hay que reconocerlo… el Ministro del Interior y Seguridad Pública dio la cara, habló claro y fuerte, mostrando autoridad. Pero mucho me temo que para dar solución a los problemas que subyacen a estas escenas de horror, no basta con un secretario de Estado que golpee la mesa.

Hace poco más de un mes, el Presidente convocó a una comisión de trabajo para generar grandes acuerdos en materia de seguridad. No es casualidad que los temas de dicha invitación sean la modernización policial y la coordinación entre las agencias que componen el circuito de justicia criminal.

En este clima de preocupación y de voluntad política por generar alianzas transversales, las palabras del ministro, apelando a que un poder del Estado cumpla con su cometido —el Poder Judicial—, atenta contra su real capacidad de liderar las importantes y complejas reformas que se requieren. El arte de gobernar es complejo. Consiste en resolver de la mejor manera posible la disyuntiva entre las acciones concretas inmediatas y las políticas y orientaciones que van a permitir consolidar los cambios que se requieren.

No es novedad la sensación de que algo anda mal en la justicia y en la seguridad pública. Sospecho, eso sí, que el problema es sistémico. No basta con pedirle al sistema policial que detenga a los presuntos culpables, pues hay que trabajar rigurosamente para cumplir con los estándares probatorios que la fiscalía requiere para perseguir un delito y que un juez necesita para aplicar la ley.

A su vez, nuestro sistema de ejecución de penas debe estar enfocado en el real cumplimiento de una condena, sin perder de vista que la prevención es la forma más durable para proteger a la sociedad del delito.

Dicho de otro modo, en el proceso de cumplimiento de una pena, la reinserción social es un elemento central y un objetivo a alcanzar. Es evidentemente una responsabilidad ineludible del Estado, pero también del conjunto de la sociedad que tiene que estar disponible para generar nuevas oportunidades a quienes han delinquido, contribuyendo con ello a resguardar un interés colectivo superior: la paz y la cohesión social.

Espero que no se pierda más tiempo en discusiones bizantinas sobre quién es el culpable de nuestras ineficiencias mutuas. El delito, como fenómeno social, es el clásico “problema de todos, problema de nadie”, en que nos podemos echar la culpa eternamente sin resolverlo.