El funcionario justiciero

Durante su gestión como vice presidente de Corfo, Eduardo Bitrán decidió emprender una batalla contra SQM y su controlador, Julio Ponce. El medio usado fue el contrato que tenía SQM con Corfo para la explotación del litio en el salar de Atacama. Según Corfo, SQM había incumplido el contrato y por lo tanto este debía ser disuelto. Esta disputa dio lugar a un arbitraje, que en el caso de que se aceptara el criterio de Corfo, podía poner fin al derecho de SQM a explotar el litio del salar. Este contrato comenzó en el año 1993 y debía extenderse hasta el año 2030.

Como es obvio, el sólo hecho de presentarse la demanda significaba una amenaza significativa para los flujos futuros de la compañía. Al poco andar, y a la vista de los primeros intentos de conciliar, Corfo planteó, que toda salida negociada de la demanda, pasaba por la salida de Julio Ponce del control de SQM. La demanda por la nulidad del contrato se convirtió en una moneda de cambio para lograr que SQM deje de ser controlado por Julio Ponce.

Las preguntas que surgen entonces son ¿había razones para esta animadversión? La respuesta es sí. Veamos, primero SQM bajo el control de Julio Ponce fue uno de los principales protagonistas de los escándalos de financiamiento ilegal de la política y, probablemente, responsable de la compra de favores políticos en casi todos los partidos chilenos. Las platas entregadas por SQM significaron que fueran condenados Giorgio Martelli recaudador de fondos de la Nueva Mayoría; Gloria Besán, contadora de Eduardo Frei; Humberto de la Maza, del PRI; Cristian Warner, asesor de MEO; Marisol Cavieres, secretaria de la UDI.

Además está todavía en proceso Roberto León, entonces diputado DC, y Pablo Longueira, ex senador UDI..

También se sabe de aportes directos al PPD. Hay que agregar la forma como Julio Ponce logró el control de SQM, a partir de una concesión graciosa de Augusto Pinochet de quien en esa época era su yerno. Compra de favores políticos y un origen nepótico. Nada muy edificante.

Por otra parte, SQM sí recibió diversas condenas. La SEC de Estados Unidos la condenó al pago de US$ 30 millones por haber entregado irregularmente dinero a políticos, SQM debió despedir a su gerente general y debió modificar gobierno interno para garantizar que estas prácticas no se repetirían. Adicionalmente, debió reparar el perjuicio fiscal en Chile por el uso de facturas falsas en su contabilidad.

No sólo eso, producto de este caso, y de otros similares, se modificaron las leyes de partidos políticos, aumentando la información que estos deben entregar, asignando financiamiento público, aumentando severamente las penas por financiamiento ilegal y excluyendo a las empresas como aportantes. Ha habido sanciones para todas las partes y se hicieron los cambios normativos que deberían hacer mucho más costosos conductas como las mencionadas.

¿Es adecuado, entonces, que Bitrán haya decidido hacer justicia a través de su capacidad de chantaje con el contrato de explotación del Litio? Ahora sí, creo que la respuesta es decididamente NO. Todos los ciudadanos, también los que no nos gustan, incluso los que han sido condenados por algún delito, tienen el derecho a vivir bajo el imperio de la ley. De esta manera las faltas son sancionadas por los tribunales, no por las convicciones de ningún funcionario público, que con las mejores intenciones, considera que puede ejercer su poder administrativo para imponer penas que ni tribunales ni reguladores consideraron.

¿Podría en el futuro, otro funcionario justiciero castigar a algún empresario por haber sido partidario de la dictadura de Pinochet? ¿o socialista como ocurría en los tiempos de éste? ¿o de hacer declaraciones contra el gobierno de turno o su presidente? ¿cuál es el límite para esta justicia que ejerce la buena fe de algún funcionario? La respuesta es clarísima, para la justicia los tribunales, para opiniones personales, el derecho a voto. Los funcionarios públicos NO son dueños del cargo que detentan, sólo pueden hacer lo que su función requiere.

La civilización consiste en vivir bajo el imperio de leyes comunes para todos, leyes que se modifican y perfeccionan, que no son retroactivas y cuya aplicación corresponde a un cuerpo especializado que son los tribunales.

Vivir así significa aceptar la frustración de que algunas cosas, que nos parecen injustas, deben ser aceptadas. Si queremos castigarlas, debemos pasar por el lento proceso de cambiar la ley, aceptar las opiniones de otros e incorporar técnica legislativa.

El mundo aprendió esto después de mucha barbaridad cometida en nombre de la justicia. Por lo mismo, en nombre de la verdadera justicia, prohibamos la justicia arbitraria del funcionario iluminado, así nos protegeremos de sus abusos y arbitrariedades.