Cuando nos remecen los coletazos de la injusticia

A palos. ¿Es digno morir a palos? Quizás sea una de las pocas preguntas para las que tengamos respuesta unánime: no, no lo es. Nos conmueve profundamente que una mujer, trabajadora, madre, amiga y vecina sufra un ataque brutal, de una violencia desmedida e incomprensible. Ni Margarita, ni nadie que haya perdido la vida a causa de los coletazos de la injusticia social, lo merecen.

El caso, junto a otros que han poblado la crónica roja por estos días, muestra la fragilidad de nuestro tejido social; un tejido que, al deshacerse, nos impide avanzar en la construcción de un “país desarrollado”. El tema nos explota en la cara, nos hace exigir seguridad, confianza en las instituciones y, por sobre todo, justicia. Ese clamor, de toda legitimidad, abre un amplio abanico de inquietudes, como cuál es la efectividad de nuestro sistema penitenciario y cuáles son las ventajas y necesidades de rebajar la responsabilidad penal a los 12 años.

El escenario es complejo y muy difícil, porque hay demasiadas responsabilidades compartidas y emociones involucradas. Pensando desde la educación, cabe mencionar, por ejemplo, que las escuelas públicas que atienden a la población penitenciaria son las excluidas de las excluidas: sufren los efectos perversos de la incomunicación entre organismos públicos, funcionan en medio de la más profunda precariedad y, con un escaso horizonte de esperanza, hacen lo que pueden para aportar a la equidad los aprendizajes del estudiantado chileno. Fuera de los muros carcelarios, a las instituciones que atienden jóvenes que buscan reinsertarse en el sistema educativo, les toca lidiar con la falta de recursos, intereses y políticas claras que se hagan cargo de esta realidad.

Muchos jóvenes, niños y niñas que infringen la ley llegan a estar en condición de infractores porque han nacido en la exclusión. Porque no hubo institución alguna que les protegiera de los coletazos de la injusticia; porque ni sus familias (de haberlas), ni sus hogares de acogida, sus escuelas ni sus barrios, les mostraron un horizonte distinto a la violencia. Tal como funcionan las cosas hoy en día, es muy dudoso que la cárcel sí lo haga. Si no somos capaces de brindar nuevas oportunidades a través de un sistema educativo y/o laboral que se haga cargo de la reinserción social y les devuelva su condición ciudadana, el escenario más probable es la reincidencia.

Habrá quienes piensen que a las personas que cometen crímenes como el asesinato de Margarita debe caerles con fuerza el peso de la ley; que merecen que todos sus derechos, incluido el de la dignidad, sean suspendidos, más si se trata de personas de nacionalidad distinta a la chilena. Cuando se trata de casos brutales, cuesta “sentipensar” con la mente fría y el corazón tranquilo. Pero eso no justifica, bajo ninguna circunstancia, que aplaudamos los ajusticiamientos populares; que nos alegremos de ver a pequeñas turbas que, incluso dentro de la misma cárcel, actúan como justicieros, viralizan su acto vejatorio y reciben miles y muy transversales felicitaciones. Si relativizamos la dignidad y los derechos, estamos en un peligro mucho más serio que el que significa el aumento de los delitos violentos.

Quizás lo que nos toca ahora es sacudirnos del dolor y la rabia y buscar solución a las causas y no a los síntomas de esta violencia que nos afecta; dar con las claves que nos permitan lograr que no se siga multiplicando la desigualdad y evitar así que los coletazos de la injusticia nos peguen cada día más fuerte. No queremos más asesinatos terribles, pero tampoco queremos juventudes condenadas a una muerte en vida tras las rejas. Necesitamos prevenir cualquier ruta del delito, y en eso será clave proteger a nuestra infancia y ofrecer una educación que, pertinente y de calidad desde los primeros años de vida, les permita desarrollar herramientas para construir un país del que se sientan parte. Un país que no les denigre ni los apalee, para que no terminen, terriblemente, apaleando a inocentes.